Antonio Pérez Esclarín
El pasado 16 de octubre de 2012 se publicó en la Gaceta Oficial número 40.029, mediante decreto ministerial, la resolución 058, que crea y regula la organización de las comunidades educativas a través de la figura de los Consejos Educativos y, en consecuencia, deroga la resolución 751 vigente desde 1986.
El propósito de la Resolución aparece planteado desde el comienzo con meridiana claridad:
“democratizar la gestión escolar, con base en el modelo sociopolítico de la democracia participativa y protagónica establecida en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)”.
Lo primero que quiero decir es que el espíritu de la Resolución me parece muy positivo pues siempre he considerado poco educativas esas escuelas islas, encerradas en sí mismas, de espaldas a los problemas de su entorno. Todo intento de democratizar la gestión y de generar mayor participación en el hecho educativo me parece muy necesario sobre todo si tomamos en consideración que, en la actualidad, está muy extendida la queja de que padres y representantes parecen haber renunciado a su papel de primeros y principales educadores y que, cuando se les convoca a asambleas o reuniones, son muy pocos los que acuden.
Por otra parte siempre he considerado la educación como tarea y responsabilidad de toda la sociedad, pues todos educamos o deseducamos con nuestras palabras y sobre todo con nuestras acciones. Por ello, he trabajado para que la escuela se vaya constituyendo en un centro educativo comunitario y vayamos avanzando hacia una sociedad realmente educadora. El problema educativo es tan serio y tan grave que no podemos prescindir de nadie, sobre todo de los que están dispuestos a colaborar para garantizar a todos una educación de verdadera calidad. En Educación Popular siempre hemos considerado un contrasentido un centro educativo que no esté integrado a la comunidad. La escuela tiene que estar ligada a las necesidades locales y ser un espacio abierto donde la comunidad se cuestiona a sí misma, se va formando, se va concientizando, va resolviendo los problemas esenciales y va construyendo espacios de vida y convivencia cada vez más humanos.
En este sentido nadie puede no estar de acuerdo con los principios y valores que rigen el Consejo Educativo:
“la democracia participativa y protagónica, la responsabilidad y corresponsabilidad, la justicia e igualdad social…, el respeto a la vida, el amor, la fraternidad, la convivencia, la cooperación, el compromiso, la honestidad, la lealtad, la tolerancia, el carácter humanista social, la valoración del bien común, la valoración social y ética del trabajo, el respeto a la diversidad de los diferentes grupos humanos…”
Pero ¿cómo hacer para que todo esto deje de ser mera proclama o buenas intenciones y pase a ser práctica, ejercicio cotidiano, vivencia?
Por otra parte, me preocupa muy seriamente que, en el contexto de extrema polarización que seguimos viviendo, esta Resolución en vez de contribuir a elevar a calidad de la educación, que es lo realmente necesario y urgente, sea otro elemento distractor y de nuevos enfrentamientos que se traduzca en mayor empobrecimiento de la ya muy pobre educación.
Es evidente que la Resolución, tal como ha sido propuesta, está ocasionando miedos, zozobras, angustias, en muchos directores, docentes, padres y representes que no terminan de entenderla o no saben cómo aplicarla. La escasa consulta que ha precedido a la promulgación de la Resolución ciertamente contradice el espíritu de participación que busca. Para superar estos escollos el Estado debe hacer un gran esfuerzo pedagógico por promover ampliamente el estudio y análisis de la Resolución, por escuchar y tomar en cuenta las críticas, aclarar las dudas que son muchas y superar las abundantes ambigüedades, sin considerar que toda crítica responde a una actitud hostil, o que busca que la educación siga como está. A su vez los opositores deben hacer esfuerzos por no seguir viendo en toda propuesta del Gobierno algo totalmente negativo.
No creo en consecuencia que la exigencia de que la Resolución se implante ya, sin tiempo para estudiarla, comprenderla, debatirla y analizar sus posibles alcances y consecuencias, sea el camino para fomentar la ciudadanía responsable y mejorar la educación.
