(Washington) D.C. no tuvo problemas anoche. Muchos arrestos. Buen trabajo por parte de todos. Fuerza abrumadora. Dominación. […] Donald Trump1
El COVID-19 ha creado una situación de emergencia inesperada en el mundo. Ante tal realidad, los ciudadanos han acudido a sus máximas autoridades en búsqueda de respuestas frente a una pandemia que sigue causando incertidumbre y ha puesto en jaque el concepto social de “normalidad”.
Por Carolina Jiménez Sandoval* | Revista SIC 825
Hoy son diversas las respuestas dadas por los Estados ante esta situación inédita y aquí, en el hemisferio occidental, es necesario encender las alertas ante los abusos, excesos y puestas en escena inaceptables de algunos de nuestros líderes quienes, con el pretexto de “proteger a la población del COVID-19”, han recurrido a tácticas represivas que ponen en riesgo nuestros derechos fundamentales.
El poder en la emergencia
En América Latina hemos vivido muchas emergencias a lo largo de nuestra historia. Es cierto que una pandemia como la del COVID-19 es novedosa y pone a prueba la capacidad de respuesta de los gobiernos, pero, como en otras situaciones extraordinarias, existe en nuestra región un marco de referencia para que los gobiernos actúen. Así, tanto en legislaciones nacionales como en el propio sistema interamericano de derechos humanos hay términos que regulan el vasto conocido “estado de excepción”. El artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los gobiernos pueden suspender ciertas garantías de derechos en casos de emergencia. No obstante, también señala que dicha suspensión debe ser temporal y estrictamente proporcional a las necesidades de la situación. También contempla un listado de derechos que, en ninguna circunstancia, pueden ser limitados o suspendidos.
En virtud de lo anterior, desde el inicio de la pandemia, diversos países han adoptado decretos de emergencia que en efecto otorgan poderes extraordinarios a las autoridades, especialmente al Ejecutivo.
A medida que hemos avanzado en comprender la pandemia, las principales directrices para combatirla han apuntado a algunas medidas que, para ser implementadas, ciertamente exigen algunas limitaciones a nuestros derechos. La “distancia física”, por ejemplo, implica restricciones a nuestra movilidad en distintos espacios de la vida pública, mientras que “quedarse en casa” ha implicado restricciones al libre tránsito, o incluso a nuestro derecho al trabajo o a la educación, al menos de forma indirecta.
Ahora bien, no es un secreto que para muchas personas en nuestra región cumplir con largos periodos de estricta cuarentena representa un gran desafío en la medida en que tales restricciones les impide acceder a la obtención de sus ingresos y, por lo tanto, a la alimentación e incluso a la salud. No obstante, los estados de excepción o de emergencia decretados por algunos países permiten la imposición de toques de queda o la implementación de medidas coercitivas para aplicar la cuarentena.
En un reciente informe publicado por Amnistía Internacional (AI)2, la organización denuncia algunos patrones que muestran cómo la represión es la respuesta primaria que han dado algunos gobiernos para combatir la pandemia. En particular, AI denuncia al menos cuatro tendencias regionales:
- Las detenciones como primer recurso para hacer cumplir el confinamiento: destacan países como El Salvador y República Dominicana, donde han detenido a miles de personas por no llevar mascarilla, incumplir con toques de queda, o por incumplimiento de la medida de confinamiento en sus casas. En este sentido, AI advierte: “Los Estados tienen la obligación de prohibir las detenciones arbitrarias, incluso durante un estado de excepción. Las sanciones por incumplir las restricciones dirigidas a combatir el COVID-19 deben imponerse como último recurso y proporcionales a la protección de la salud pública”.
- Los malos tratos como castigo por incumplir el confinamiento: en América Latina, muchas personas no tienen hogar. En Argentina, por ejemplo, un video en redes sociales mostró cómo fuerzas de seguridad golpeaban a un hombre por “no estar en su casa”, cuando se trataba de una persona que habita en las calles. Este abuso solo demuestra la falta de políticas hacia personas que no poseen ninguna posibilidad de pasar la cuarentena “en sus hogares”. En países como Venezuela y Paraguay, la organización documentó tratos degradantes a personas detenidas por “violar la cuarentena” que se vieron obligadas a hacer ejercicios forzados en las calles.
- Uso ilegítimo de la fuerza contra personas que protestan: la crisis económica causada por el COVID-19 se ha hecho sentir en toda la región. Lamentablemente, las predicciones de la mayoría de las agencias especializadas de las Naciones Unidas indican un mayor deterioro en el futuro cercano. El Programa Mundial de Alimentación3 ha incluido a dos países de la región (Haití y Venezuela) en la lista de los diez países que probablemente podrían sufrir situación de hambruna. En este contexto, las protestas por alimentos y medicinas no han cesado a pesar de la pandemia. En Honduras y Venezuela se documentó la represión de muchas de las protestas a través del uso excesivo e innecesario de la fuerza contra quienes se manifestaban pacíficamente.
- La imposición de cuarentenas obligatorias en condiciones inhumanas: una de las problemáticas más complejas en este contexto es la de la movilidad humana. A pesar del cierre parcial o completo de fronteras y de la prohibición de entrada o salida de diversos países, refugiados y migrantes han continuado moviéndose a través de los países de la región, si bien algunas dinámicas han cambiado. Ante esta realidad, un grupo de países ha impuesto cuarentenas obligatorias en centros de confinamiento a ciudadanos que regresan a sus países de origen. Este es el caso de Guatemala, Honduras, Paraguay, Venezuela y El Salvador. En este último país, también se ha impuesto confinamiento a quienes incumplen la cuarentena fuera de sus casas. Lamentablemente, la información recolectada sobre estos centros muestra una falta de condiciones mínimas sanitarias para el alojamiento, aparte de la dificultad de guardar distancia física necesaria dentro de estos lugares.
Frente a esta situación de abusos estatales y la extralimitación de los gobiernos en el contexto de la pandemia, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet se pronunció con claridad: “Los poderes de emergencia no deben ser armas que los gobiernos puedan usar para aplastar la disidencia, controlar a la población o prolongar su estancia en el poder”.
COVID-19 y la continuación de la represión habitual
Si bien la prolongación de la cuarentena y los cambios que estamos experimentando como sociedad nos hacen pensar que todo lo que sucede es nuevo y resultado del “contexto”, una mirada al pasado reciente muestra que tácticas represivas usadas con el pretexto de la pandemia han sido continuación de patrones represivos habituales en ciertos países y que, en algunos casos, se han agudizado con los estados de emergencia y la falta de mecanismos de rendición de cuentas.
Los casos de Venezuela y los Estados Unidos han sido noticia recurrente. En Venezuela, al menos desde 2017, se ha documentado una política generalizada de represión para silenciar la crítica. Durante la pandemia, se han incrementado las detenciones de personas por motivos políticos al tiempo que se mantiene el hostigamiento contra periodistas y activistas. La ONG Foro Penal señaló recientemente que antes del comienzo de la cuarentena había un total de 11 mujeres encarceladas injustamente en el país. Al 4 de junio, el número de mujeres detenidas por razones políticas había aumentado a 35. De igual manera, la detención de periodistas que intentan reportar la crisis ha sido una práctica continuada en este contexto, como lo ha sido en años anteriores. El caso de Darvinson Rojas, detenido por más de diez días por su intención de publicar información extraoficial sobre el COVID-19, y la detención de Carol Romero en el momento en que grababa un incidente en una estación de servicio en medio del agudo conflicto por el racionamiento de la gasolina en el país, son ejemplos de la intolerancia hacia el periodismo independiente y la violación a la libertad de expresión y el acceso a la información.
En Estados Unidos, país que al momento de escribir estas líneas lidera en el mundo el número de personas contagiadas de COVID-19 y el de muertes a causa de la pandemia, la atención se ha movido a una realidad histórica que nuevamente está en las primeras páginas: la violencia policial contra personas afroamericanas. La noticia de la muerte de George Floyd como resultado de la violencia ejercida por policías en Minneapolis ha recorrido el mundo en un video que ha grabado para la historia la muerte de George diciéndole al policía que bloqueaba su respiración que no podía respirar: “I can’t breath”. Las protestas multitudinarias que han estallado en diversas ciudades –tanto en EE.UU. como en otros países– no son solo un reclamo de justicia por el asesinato de George Floyd, sino por el racismo y la violencia policial que año tras año cobra más fuerza en el país. Ante una situación como esta, la sociedad americana exige respuestas a sus demandas. Lamentablemente –aunque no sea una situación sorpresiva– la respuesta del presidente Trump se ha concentrado en deslegitimar las protestas y amenazar constantemente con la militarización del control de las manifestaciones. Su indolencia frente al dolor de las víctimas y su falta de un plan para responder a las demandas de miles de personas que están manifestando en contra de la injusticia racial, muestran un liderazgo político rezagado y disonante con las necesidades de su población.
El contexto de la pandemia no es sino el telón en el que nuevamente gobiernos como el de Venezuela siguen reprimiendo a todo aquel que disiente. La pandemia es también el marco en que una vez más se muestra el racismo sistemático en EE.UU. a través de la muerte de un joven afroamericano a manos de la policía.
Ojalá que el mundo que esperamos construir una vez superada esta emergencia traiga los cambios que exigimos. De lo contrario, no podremos respirar.
*Internacionalista.
Notas
(1) Donald Trump, presidente de los EE.UU., a través de su cuenta en Twitter (@realdonaldtrump) el 2 de junio, en respuesta a las protestas en Washington DC. Traducción propia. En: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1267808120136511489
(2) “Las autoridades deben proteger a la población del COVID-19 en lugar de recurrir a medidas represivas”, 15 de Mayo de 2020, disponible: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/05/americas-authorities-must-protect-people-covid19-repressive-measures/
(3) World Food Programme (2020): COVID-19 will double number of people facing food crises unless Swift action is taken. 21 abril 2020. Disponible: https://www.wfp.org/news/covid-19-will-double-number-people-facing-food-crises-unless-swift-action-taken
Fuente: Revista SIC 825
