Por Javier Contreras
Es lamentable tener que volver a escribir sobre un tema del que se ha alertado hace un buen tiempo. Igualmente, lamentable resulta la actitud de los representantes del gobierno que intentan negar el hecho, o insultan la inteligencia y la sensibilidad de los venezolanos al pretender cambiar la versión de los acontecimientos.
Los colectivos armados, sí, otra vez los colectivos armados. Estas agrupaciones que se erigen como “defensores del proceso” y por ello actúan con total impunidad, exhibiendo públicamente sus armas y violentando, hasta la muerte en algunos casos, la integridad de manifestantes y transeúntes. Claramente protegidos por el discurso oficial, hoy se sienten un componente más de los cuerpos de seguridad del Estado, son la versión bolivariana del paramilitarismo que, provenga de donde provenga, lo que deja es sangre y dolor, al tiempo que fractura la solidez institucional.
La existencia de este tipo de agrupaciones es un llamado de atención para cualquier sociedad y gobierno que se precie de considerarse democrático y respetuoso de las leyes. Claro está que para gobiernos que prescinden de las obligaciones democráticas, invocando sus principios exclusivamente para manipular en función de sus intereses, estos grupos son accesorios convenientes; son el brazo ejecutor de abusos encaminados a instalar un perverso control basado en el miedo como criterio.
Vale recordar en este punto el trágico desenlace que en otras latitudes ha tenido la conformación de este tipo de bandas delincuenciales, porque finalmente no son otra cosa, delincuentes comunes que, con la venia de algunos sectores del poder, se auto perciben con la potestad de establecer su ley, la ley de las armas, la violencia y la muerte. También en otras latitudes el drama se ha profundizado cuando la lealtad entre estos grupos y quien les otorgó carta de ciudadanía se quiebra por cuestión de dinero, egos o reacomodos políticos, ya que la violencia no responde a fidelidad alguna, responde a las apetencias más bajas de mantener un “estatus”, a costa de lo que sea.
Probablemente los políticos que hoy defienden a los colectivos, gastándose en apologías cuando son “víctimas de la presión mediática”, no quieren ver el otro lado de la moneda, ese que les indica que haberlos armado no significa tenerlos controlados por siempre. Aquellos personajes que recurren a estos delincuentes para intimidar, agredir o matar personas porque la “causa de la patria lo amerita”, no parecen haber pensado sobre el error político que están cometiendo; quizá ni siquiera vislumbren esa posibilidad. El problema es que los errores pasan factura independientemente de la aceptación o negación de haberlos cometido.
Cuando se dice que es un error, se alude al descrédito que se granjean entre la gran mayoría de ciudadanos, personas concretas que más allá de una filiación político – partidista, desprecian el accionar de los colectivos armados, entre otras cosas porque todos, sin distingo ideológico, están expuestos a la arbitrariedad de sus decisiones.
El momento político invita a pensar el país desde el ahora, pero con la mirada puesta en el futuro. Un escenario en el que grupos de civiles armados tengan la potestad de ejercer controles, determinar horarios, definir quién recibe o no beneficios, no es un horizonte alentador, de allí la necesidad de repetir, todas las veces que haga falta, el daño que la instalación y la libertad de acción que tienen los colectivos está causando a Venezuela.
Parte del daño antropológico que se ha infringido a la ciudadanía pasa por la deliberada creación de mecanismos de impunidad, mecanismos que tienen un efecto real (alrededor del 80% de los delitos quedan sin castigo) y un efecto en el imaginario colectivo (la sensación del “no hay nada qué hacer” o “así son las cosas”). Si de algo ha de servir la presión que pueda ejercer el músculo ciudadano es precisamente para alzar la voz contra la impunidad y saber que sí hay mucho por hacer; para lo cual, además del descontento y de la denuncia, se requiere compromiso ético y humano, es decir, proponer alternativas para una real superación y no para la mera sustitución de figuras.
Ciertamente, en Venezuela se sufre de una violencia criminal que supera cualquier intento de explicación, esa es una realidad tan dura como innegable. Precisamente por eso no se pueden seguir añadiendo ingredientes que hagan más dolorosa la situación, ingrediente que en este momento se llama colectivos armados.
La violencia siempre puede crecer más, arrastrar a más personas y causar mayores daños. Es obligación del gobierno nacional generar las condiciones para que eso no suceda, y hasta ahora está caminando en sentido contrario; es obligación de la dirigencia política opositora no caer en la tentación de la irracionalidad, a veces lo ha hecho; es obligación de todos los ciudadanos ser corresponsables en la construcción de un país vivible, tener libertad frente a quienes proponen la ideologización como herramienta de división.
