Por Ángel Morillo
Las religiosas adoratrices en Colombia le apuestan a la erradicación de la trata de personas en las fronteras con Venezuela y Ecuador. En la actual coyuntura, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cifra de migrantes y refugiados en la región alcanza los tres millones. Sin duda, un fenómeno que se convierte en caldo de cultivo de las mafias de la prostitución.
Ante esta realidad, en octubre del año 2018 surgió el proyecto Fronteras –liderado por las consagradas–, cuyas acciones se implementan de manera diferenciada de acuerdo con el contexto y las necesidades de cada uno de los territorios. Este proyecto es también acompañado por importantes organizaciones eclesiales, como el Servicio Jesuita para Refugiados (SJR) en Colombia, Cáritas Colombia y Cáritas Ecuador, bajo el auspicio de Cáritas Alemania y la Cancillería alemana. La culminación se tiene estimada para septiembre de 2020.
Atención humanitaria transfronteriza
Sandra Fonseca, quien hace parte de las adoratrices y coordina ‘Fronteras, conversó con Vida Nueva para brindar detalles de esta propuesta, que tiene como objetivo contribuir a la atención humanitaria y a la protección para migrantes y refugiados venezolanos en zonas fronterizas.
La religiosa ha informado que Fronteras “se resume en ayuda humanitaria transfronteriza a través de apoyo en transporte para movilización de personas, especialmente de mujeres que llegan sin recursos, atención en salud, bonos para alojamientos, bono para pagos de arriendo, kit de salud, kit de higiene personal”.
Vulnerabilidad jurídica, psíquica y social
Otro de los aspectos que complementa la atención humanitaria es la atención jurídica y el acompañamiento psicosocial, a través de los cuales los migrantes y los refugiados pueden conocer sus derechos y recibir orientaciones, habidas cuentas que los pasos fronterizos son lugares propensos a prácticas ilegales, principalmente controlados por grupos al margen de la ley.
Un ejemplo claro está en la frontera entre Cúcuta (Colombia) y San Cristóbal (Venezuela), donde gente inescrupulosa ofrece ‘comprar el cabello’, trafican productos de contrabando y, por supuesto, están al acecho para prostituir personas.
Con el proyecto Fronteras, a través de la atención jurídica, se busca defender y promover los derechos de los migrantes, y de las mujeres que han sido víctimas de trata de personas, de explotación sexual y/o que están amenazadas por estas prácticas.
Reducir la xenofobia
Además, para disminuir los índices de xenofobia, se han propuesto a fomentar la cultura de la acogida por medio de diálogos con las comunidades como también la implementación de pequeños proyectos productivos en la comunidad y la prestación de ayuda para promover la subsistencia.
Entre los beneficiarios de estas acciones se encuentran mujeres embarazadas y lactantes, recién nacidos y bebés, niños y adolescentes –especialmente aquellos que viajan solos–, niñas y mujeres que son víctimas o están amenazadas por la trata de personas y/o la explotación y el abuso sexual, adultos mayores, personas en situación de discapacidad o con enfermedades agudas y/o crónicas, pueblos indígenas en el marco de la movilidad humana y personas en necesidad de protección internacional.
Fuente: Vida Nueva Digital
