Ante la incertidumbre nacional, la reconciliación y la justicia restaurativa en las bases comunitarias surgen como vías indispensables para sanar heridas, superar exclusiones y construir un futuro de paz
El tema sobre la reconciliación en Venezuela no es un asunto fácil ni popular. Después de todo lo que hemos vivido en los últimos veinticinco años, el país anhela un cambio profundo en el cual la Nación se oriente definitivamente hacia su reinstitucionalización, un mayor ejercicio de las libertades ciudadanas y a una prosperidad económica que permita el florecimiento y desarrollo de todos los sectores sociales. Sin embargo, el cambio que se espera parece tener como condición una exigencia de justicia, interpretada como el castigo de quienes se perciben como responsables del deterioro de la economía nacional y de sus instituciones, sin obviar a quienes, en el ejercicio del poder público, abusaron del mismo, violando los derechos constitucionales de los venezolanos, incluso arropados bajo una apariencia de legalidad generada por ellos mismos. Nadie tiene dudas de que Venezuela está herida, pero la ruta desde este diagnóstico al tratamiento que la sanará aún permanece incierta.
En medio de esta incertidumbre, luego del 2 de enero de 2026, se han producido transformaciones en el espacio público que han permitido una mayor vocería de las distintas facciones del país, en torno a lo que consideramos debe ocurrir en Venezuela. Se han moderado discursos, nos han sorprendido peticiones de perdón, reconocimiento de daños y hasta una ley de amnistía la cual, aun cuando no ha satisfecho las aspiraciones de quienes la esperaban, ha posibilitado la liberación de muchas personas injustamente privadas de su libertad, aun cuando pareciera que la misma no está dirigida fundamentalmente a generar un clima de mayor confianza en la población, sino a acatar órdenes foráneas impartidas por quienes buscan convertir a Venezuela en un proveedor seguro de recursos para sus propios planes nacionales y estrategias a escala mundial. La presencia de nuevos actores extranjeros dentro del escenario público venezolano parece confirmar esta percepción, aun cuando permanece la opacidad de los medios oficiales y privados en relación a informar a la ciudadanía lo que dichos funcionarios extranjeros efectivamente están haciendo en el país, con quién se reúnen, con quiénes pactan y sobre cuáles aspectos del interés colectivo y nacional deciden.
Esta falta de información, y el exceso de opiniones, a veces encontradas, que ocasiona no han impedido que también a nivel comunitario se vayan dando espacios y escenarios para una modificación de las relaciones de poder que se manejan en esos espacios locales. De todos es sabido que la mayoría de las comunidades populares de Venezuela se vieron forzadas a integrar lo que en el proyecto revolucionario bolivariano se denominó el Poder Comunal. Un poder exhaustivamente regulado por leyes que promulgan el autogobierno de los entes que lo conforman, que desarrollan un sistema de economía alternativa basado en principios “socialistas”, ninguno de los cuales aparecen expresamente así denominados en la Constitución (ni las instancias del poder comunal, ni la palabra “comunal” o “socialista”). Esto generó en las comunidades una duda razonable en cuanto a la constitucionalidad de estas instancias, lo cual no impidió que, desde el Poder Nacional, se ejecutaran dichas leyes, condicionando la participación comunitaria al encuadre y aceptación de esta “propuesta”. En el mejor de los casos, quienes estaban ya capacitados en el trabajo comunitario aprovecharon, en la medida de lo posible, el espacio ofrecido, para poder continuar con la labor comunitaria. Sin embargo, en la práctica, tal y como lo han resaltado quienes se han atrevido a estudiar el tema, estas instancias de poder solo funcionaron en sectores abiertamente ideologizados e identificados con el partido de gobierno, quienes además recibieron cuantiosas sumas de dinero para ejecutar los proyectos y programas ya previamente acordados entre la “comuna” y el Gobierno nacional.
A esto se sumó la utilización de la comuna para la ejecución de planes y programas financiados desde el Gobierno central, relacionados con alimentación, salud y servicios públicos, resaltando entre ellos la repartición de bombonas de gas doméstico. En el afán de legitimar a quienes lideraban las instancias comunales, la atención que se le dio a estos programas, reconfiguró el ejercicio del poder local, generando filias y fobias entre vecinos, muchos de los cuales se vieron afectados por el modo tendencioso que se aplicó en la distribución de los recursos y la ausencia de controles en las distintas irregularidades que se pudieron presentar en el ejercicio del denominado poder popular.
Ahora bien, en muchas comunidades, sobre todo en las más alejadas de los centros urbanos, o aquellas muy empobrecidas en las márgenes de las grandes ciudades, estas instancias del poder comunal y de la economía alternativa comunal socialista eran las únicas propuestas existentes para participar en la consecución de lo que el poder público constitucionalmente debe garantizar para hacer posible la vida de todos, y una vida, además, que debe ser vivida con dignidad. En efecto, por mucho que alguien en el campo o en el barrio considerara válida la iniciativa privada y el emprendimiento, difícilmente le era posible obtener algún beneficio de la economía comunal si no mostraba que su obrar se fundaba en principios que podrían contradecir su pensamiento, tales como el interés colectivo, la propiedad social, la igualdad social, la primacía de los intereses colectivos, el deber social, el control social y la voluntariedad. La contradicción interna fue más profunda y se expandió a toda la comunidad cuando, en ejercicio de estos poderes, se violentaron derechos, se “institucionalizaron” exclusiones o permearon su composición grupos armados irregulares que servirían como brazo ejecutorio de las decisiones no acatadas voluntariamente.
Es precisamente en este escenario en el cual se hace urgente, independientemente de lo que pueda ocurrir a nivel nacional, una reconciliación comunitaria. Esta reconciliación, como todas, requiere, para que sea auténtica, que se concreten espacios en los cuales se pueda saber la verdad de lo ocurrido todos estos años en cada comunidad del país, en donde se reconozcan los daños, se hable abiertamente de las injusticias vividas y se valide el dolor sufrido por las víctimas. Donde también se articulen mecanismos de justicia en los cuales se garantice la equidad, se reparen los daños y se responsabilice a quienes han perpetrado o se han beneficiado de los daños evidenciados; y, finalmente, se pueda practicar la misericordia y la confianza, para lograr la sanación integral de los miembros de las comunidades y puedan juntos gestionar sus conflictos en la construcción de un futuro compartido que les asegure la no repetición de lo acontecido y los encamine decididamente hacia la paz.
Para que esta reconciliación se produzca es necesario que los líderes y lideresas de las comunidades se capaciten debidamente en empatía y compasión, así como en la adquisición de herramientas, no solo para la búsqueda de la verdad mediante la escucha activa de todas y todos, sino en cómo construirla colectivamente mediante el diálogo y la negociación. Las comunidades, si quieren reconciliarse, deben dejar de lado las etiquetas y el lenguaje agresivo, y familiarizarse con la comunicación no violenta, que parte del reconocimiento de una dignidad intrínseca y de necesidades individuales o colectivas que se hacen evidentes por los sentimientos producidos por un sinfín de acciones, las cuales, al observarse adecuadamente, reclaman una intervención o incluso una modificación de conducta por parte de otro miembro de la comunidad, generalmente de quien piensa distinto y ha sido visto y tratado como “enemigo”. Si la reconciliación comunitaria no se produce, probablemente muchas necesidades colectivas y comunitarias, incluyendo las de los grupos minoritarios o más vulnerables, corren el riesgo de no ser escuchadas o atendidas por las instancias de poder que, fuera de la comunidad, dictarán su destino de acuerdo a los parámetros que se obtengan en los procesos de reconciliación, justicia transicional o negociación política ocurridos en instancias nacionales o globales, si es que llegan a existir. Caso contrario, si esos procesos externos tampoco se dan, las comunidades quedarán expuestas a un primitivismo en donde se impondrá el más fuerte y la atención a los vulnerables y a las necesidades particulares de cada comunidad será prácticamente inexistente.
Ante el temor que produce este escenario posible, muchas comunidades en lo que va de año han mostrado su interés en capacitarse en liderazgo, comunicación no violenta, justicia restaurativa, negociación y acuerdos, perdón y reconciliación, para así contar con las herramientas que les hagan capaces, no solo de desarrollar procesos de reconciliación a nivel comunitario, sino también para impulsar y activar estos mismos procesos a nivel nacional. Las comunidades han aprendido que sin organización no hay participación que valga, ni decisiones que les beneficien de manera duradera. Sea cual sea la instancia de participación o nivel local, denomínese comuna o asociación vecinal, los miembros de ella han entendido que la justicia necesaria para que la reconciliación se produzca tiene que venir de ellos mismos, no mediante prácticas violentas que ampliarían las heridas ya existentes, sino mediante la aplicación de principios de justicia restaurativa y la implementación de modos alternativos de solución de conflictos que valoren los lazos ancestrales que muchas veces les aglutinan. Así también, las comunidades necesitan para la reconciliación elaborar un diagnóstico de necesidades auténticamente inclusivo y participativo, así como una construcción colectiva de la verdad que valore la participación de todos, que visibilice a las víctimas y que las haga protagonistas de su proceso de sanación y reparación por los daños causados a ellas por otros miembros de la comunidad.
Este interés ha encontrado respuesta en las capacitaciones que diversas instancias eclesiales y de la sociedad civil están impartiendo en los lugares más diversos de la geografía venezolana, tales como las escuelas ESPERE, los programas de madres, mujeres y familias constructoras de paz llevados a cabo por distintos programas de Fe y Alegría, así como las formaciones impartidas por el Centro Gumilla y otras instancias de la sociedad civil y la Red de Acción Social de la Iglesia tales como Cáritas, el Centro al Servicio de la Acción Popular –Cesap–, Paz Activa, la Red Solidaria Internacional de la familia Agustino-Recoleta –Arcores,– y universidades a través de su voluntariado y servicio comunitario. Los procesos de reconciliación y las negociaciones que resulten de estas comunidades debidamente capacitadas no solo crearán un futuro distinto y pacífico, al ser colectivamente elaborado, sino también garantizarán la no repetición de lesiones causadas a sus derechos humanos tanto colectivos como individuales. Derechos que, aunque han estado siempre constitucionalmente reconocidos, fueron ignorados y violentados en las mismas comunidades que necesitaban su respeto y promoción. La reconciliación comunitaria busca entonces alcanzar finalmente y con sus propios medios ese respeto y promoción de los derechos de todos, a fin de lograr y consolidar dentro de ellas un modo de vida digno en ejercicio de una cultura auténticamente democrática y participativa.
