Víctor Álvarez R
Luego de su cuestionada reelección, el nuevo gobierno de Nicolás Maduro tendrá que encarar la contracción del aparato productivo y los desequilibrios macroeconómicos que se expresan en un aumento de la escasez e hiperinflación que azota a los hogares, empresas e instituciones venezolanas.
Otro dolor de cabeza para Maduro II es el colapso de la producción de petróleo debido a la falta de inversión, la corrupción dentro de Pdvsa y la fuga masiva de talentos. Si la producción sigue cayendo, en 2018 Venezuela puede dejar de ser un exportador de petróleo y lo poco que produzca será para pagar a China y para cubrir las necesidades del consumo interno.
La persistente caída de la producción y del ingreso petrolero será el detonante de la crisis de la deuda externa, con su inevitable ola de embargos y querellas judiciales. Hasta ahora se observa un impago selectivo. El gobierno pagó solo los intereses del bono 2020 para evitar el embargo de Citgo, pero enfrenta el reclamo de Conoco que no desmayará hasta cobrar los $ 2.000 millones de dólares del laudo arbitral que falló a su favor. El embargo de activos por parte de Conoco -al bloquear la capacidad de almacenamiento de Pdvsa en Bonaire y Curazao-, afecta las exportaciones de petróleo hacia China e India. Aunque los despachos a China son para amortizar deuda, las ventas a la India sí generan flujo de caja para Pdvsa.
Con menos producción y menos crudo que vender, menor será el ingreso en divisas y así el impacto del embargo de Conoco puede ser peor que las sanciones de Trump. Si bien es cierto que las empresas privadas son las que compran el petróleo venezolano -y no el gobierno estadounidense-, los mensajes del vicepresidente Mike Pence anuncian un endurecimiento de las sanciones.
Rumbo al caos monetario
Además de la escasez, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos, el descalabro de Pdvsa y la crisis de la deuda externa, el país está al borde de un caos monetario. Es cierto que la plataforma tecnológica del sistema bancario, empresas e instituciones ya no tienen campos para incluir más ceros, pero no hay condiciones para completar el cambio de la actual familia de billetes en los 60 días de prórroga que se dieron al decreto. Recordemos lo que pasó con el billete de Bs. 100, la solución a la escasez de efectivo y el colapso de los sistemas de cómputo no se logra con una improvisada y torpemente implementada reconversión monetaria.
El sistema financiero está en una situación muy precaria y esto pudiera llevar al país a sufrir un colapso de sus medios de pago. El gobierno presume “fraudes” con las remesas que envía la migración venezolana a sus familiares y por eso decidió investigar los presuntos ilícitos cambiarios que comete el sistema bancario. Esto dio origen a un operativo de fiscalizaciones a entidades financieras privadas como Banesco y el Banco Occidental de Descuento.
Según los indicadores de la Superintendencia de Bancos (Sudeban), Banesco es el banco más eficiente, solvente y rentable del país. Por lo tanto, no hay razones de tipo financiero que justifiquen la intervención al banco privado más grande que tiene 8 millones de clientes y concentra el 40% de las operaciones de pago que se realizan en el país. Su intervención luce como una medida desproporcionada impregnada de un discurso panfletario que intenta despertar simpatías y solidaridad en los sectores populares, pero que deja latente una corrida contra todo el sistema bancario nacional.
Radiografía del empobrecimiento en Venezuela
No habría mayor problema si la crisis económica antes descrita se quedara en las estadísticas y cuentas nacionales que no publica el BCV. El problema es que esta crisis se ha traducido en un acelerado empobrecimiento y deterioro de la calidad de la inmensa mayoría de la población venezolana. Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI 2017) -realizada por la UCAB, UCV y USB con base en una muestra de 6.168 hogares distribuida en todo el país-, la pobreza subió a 87%.
Según la ENCOVI, 9 de cada 10 hogares no puede pagar su alimentación diaria. Aproximadamente 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día y estas son de baja calidad nutricional. El 64% de la población ha perdido aproximadamente 11 Kg de peso en el último año y el 68% no tiene seguro de salud. Solo 19% de las mujeres embarazadas en el estrato más pobre se controla desde el primer mes de gestación, en comparación con 73,3% en el estrato de mayor ingreso. Seis de cada 10 jóvenes entre 18 y 24 años no acceden a la educación superior y cuatro de cada 10 niños y adolescentes dejan de asistir a clases por problemas de transporte, apagones o falta de alimentación. El desempleo alcanza al 15,3% de la población, 37,5% trabaja por cuenta propia, 44% trabaja sin ningún tipo de contrato o beneficio laboral.
La superación de los problemas de escasez, hiperinflación, colapso de la industria petrolera y deuda externa pasa por un cambio radical en la orientación de la política económica. Abolir los rígidos controles de cambio y de precios que estrangulan el aparato productivo, corregir el déficit fiscal, erradicar su financiamiento con emisiones de dinero sin respaldo, desestatizar las empresas que terminaron quebradas por el burocratismo y la corrupción, asegurar garantías jurídicas y a la propiedad para atraer nuevas inversiones, son las líneas de trabajo que está llamado a desarrollar el gobierno de Maduro II para romper la inercia, reactivar la producción, sofocar la hiperinflación y revertir el acelerado empobrecimiento de la población.
¿Por qué no se toman las medidas económicas que son de sentido común y amplio consenso?
¿Qué es lo que impide sincerar el precio de la gasolina y la tasa de cambio Dicom que es 10 veces menor a lo que indica el mercado paralelo? El gobierno evade las medidas de ajuste para superar la crisis porque les atribuye un impacto antipopular. Pero después de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en las presidenciales del 20-M se esperan algunos cambios en la orientación de su política económica.
Ignorando las leyes que rigen la economía y preso de sus creencias limitantes, el gobierno de Nicolás Maduro sigue sin comprender por qué el control de cambios no evitó la fuga de capitales ni el descalabro de las reservas internacionales y solo lo mantiene como un instrumento de dominación política. Lo mismo hace con el control de precios que no pudo impedir la inflación más alta del mundo, pero le es útil y funcional a su modelo de dominación.
Un modelo económico se plantea hacer rendir unos recursos escasos para optimizar el bienestar social. Pero cuando éste degenera en un modelo de expoliación, el problema ya no es solo la ignorancia e incapacidad de los gobernantes, sino la estratagema de la que se valen los corruptos para capturar la renta petrolera y aprovecharse de los incentivos de política económica. La acumulación de fortuna no se logra con la inversión productiva que genera una creciente riqueza, sino a través del enriquecimiento fácil que se obtiene al medrar de los errores y desviaciones de la política económica. La mentalidad rentista espera por un aumento de los precios del petróleo para distribuir clientelarmente la renta y aferrarse al poder.
A contrapelo de un modelo económico que crea capacidades industriales y tecnológicas, el modelo de expoliación no busca estimular las fuerzas productivas, sino el saqueo de la renta petrolera y el despojo a la empresa privada. Con este fin, destruye los mecanismos del mercado que regulan la dinámica económica y los sustituye por decisiones discrecionales del burocratismo. El modelo se vale de engorrosos trámites para crear una empresa, rígidos controles de cambio y de precios, abusos en las inspecciones y multas, requisa y remate de mercancías, arbitrario cierre de establecimientos, hasta llegar al extremo de encarcelar a sus gerentes y expropiar las empresas. Esta acción punitiva espanta la inversión, estimula la fuga de capitales, castiga la producción y genera desempleo y escasez.
La pobreza derivada se convierte en el caldo de cultivo perfecto para implantar el modelo de control social con el cual somete y doblega a la población. A través de los programas compensatorios destruye la dignidad de la población más vulnerable que se acostumbra a vivir de las dádivas del gobierno, a cambio de su lealtad política e incorporación a los colectivos, brigadas de choque, milicias y reserva militar.
Los incentivos perversos de la política económica originan redes de corrupción que penetran el poder y van colonizando los puestos claves de mando donde se asignan y administran los recursos públicos. La corrupción va penetrando los ministerios, empresas del Estado, fuerza armada y poder judicial que, en estrecha colusión, conforman una poderosa camarilla que no diferencia entre el patrimonio público y el privado. Para enriquecerse con facilidad, manipulan a su favor los instrumentos de la política económica y despliegan su influencia para evitar cualquier medida de ajuste que amenace con desmantelar su estructura de poder.
Para blindar su defensa, el modelo de expoliación coopta militares y funcionarios que coloca en cargos donde pueden enriquecerse ilícitamente. Si logra corromperlos, los hace cómplices y parte de un modelo de expoliación que tuerce a su favor no solo la capacidad represiva del Estado, sino también el usufructo de los siguientes instrumentos de la política económica:
- Régimen de cambios múltiple mantiene brecha entre tasas de cambio para asegurar las ganancias de quienes reciben el dólar barato y lo revenden caro.
- Control de precios y subsidios que alimenta y sostiene el contrabando, así como la especulación con alimentos, medicinas y demás productos subsidiados.
- Expropiación y estatización de empresas que terminan secuestradas y quebradas por el burocratismo, el pseudosindicalismo y la corrupción.
- Financiamiento público en condiciones ventajosas de tasas de interés, plazos y garantías que son desviados y nunca devueltos a los entes del Estado.
- Adjudicación directa de obras públicas, contratos de servicios y suministro de bienes a testaferros, empresas de maletín y grupos económicos relacionados.
- Licencias de importación que confiere a privilegiados el monopolio de la importación, distribución y comercialización de alimentos, medicinas e insumos.
- Dispensa de permisos sanitarios para la importación de alimentos y medicinas vencidos que se liquidan en el mercado internacional.
- Eliminación del sistema de precios de referencia internacional para facilitar importaciones con sobreprecio y mayor asignación de divisas preferenciales.
- Deuda externa ficticia para alimentar la fuga de capitales hacia paraísos fiscales que ocultan el origen ilícito de fondos mal habidos.
- Control de puertos y aduanas para encubrir la sobrefacturación y el contrabando de gasolina, minerales, insumos básicos, alimentos y medicinas.
- Decretos de Emergencia Económica que agrava la discrecionalidad, opacidad y falta de rendición de cuentas en la administración de los presupuestos.
- Destrucción del marco legal y del entorno institucional para criminalizar la protesta y facilitar las decisiones arbitrarias del burocratismo.
Para erradicar el manejo perverso de estos instrumentos por parte de una camarilla corrupta que penetró y secuestró los poderes públicos, es necesario corregir las desviaciones y errores de la política económica. Esto pasa por crear un nuevo marco legal y entorno institucional que sea expresión de un gran acuerdo nacional para aislar el efecto negativo de las oscilaciones de los precios del petróleo sobre la economía y la sociedad, y para evitar el uso arbitrario y discrecional de la renta por parte del gobierno de turno.
Para enterrar el modelo de expoliación es necesario restituir el Estado de Derecho y contar con un Poder Judicial capaz de sancionar el enriquecimiento ilícito. Se impone devolver la independencia y autonomía de los poderes públicos, comenzando por la AN y el BCV para que pueda limitar el gasto del gobierno y controlar con rendición de cuentas la administración de los presupuestos. Esto pasa por restaurar la autonomía del BCV en el control de las reservas internacionales y la emisión de dinero.
También es necesario contar con unos medios de comunicación independientes que apoyen la contraloría ciudadana para investigar, denunciar y castigar las aberraciones en las que se sustenta el modelo de expoliación, hasta sustituirlo por un verdadero modelo económico que rescate el uso de los instrumentos de política económica, en función de impulsar la transición de una economía rentista, estatista e importadora hacia una economía alternativa y exportadora, sustentada en el emprendimiento, el valor del trabajo y el esfuerzo productivo.
