Por Alfredo Infante, s.j.*
En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP 27), celebrada en Egipto en noviembre de 2022, los presidentes de Francia, Emmanuel Macron; Argentina, Alberto Fernández, y Colombia, Gustavo Petro, se aliaron para reunir y poner a conversar, en París, a los representantes de la oposición venezolana y a los voceros del gobierno de Maduro en el proceso de diálogo político que se venía desarrollando en México y que se interrumpió, unilateralmente, por parte de la representación del Estado. En el encuentro de París, el rostro visible de la oposición democrática fue Gerardo Blyde y, por parte de la coalición dominante, Jorge Rodríguez.
Al culminar la reunión, los jefes de Estado de Francia, Argentina y Colombia expresaron a medios internacionales su interés y apoyo por la reanudación del diálogo en México. Por su parte, la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a los partidos políticos que han venido negociando en México, expresó en un documento: “Agradecemos todo esfuerzo que nos conduzca a la libertad y paz en Venezuela. Mostramos nuestro más sincero interés por lograr acuerdos y encontrar una salida democrática a la crisis que viven nuestros ciudadanos”. Como era de esperarse, las redes sociales reventaron en comentarios adversos al encuentro, entre quienes dicen apoyar la negociación, pero no se sienten representados por los negociadores, y aquellos que mantienen su postura radical de no acercamiento y negociación.
En el contexto de este acercamiento, un grupo de personalidades nacionales e internacionales, que apuesta por la salida negociada a la crisis venezolana y tiene un marcado interés en justicia transicional, publicó un comunicado –con fecha de 8 de noviembre– titulado Un acuerdo para sentar las bases de una convivencia justa en Venezuela, en el que llaman la atención sobre la importancia y, al mismo tiempo, complejidad de un proceso de diálogo y negociación responsable. Se lee en el comunicado:
El país necesita una salida concertada a la actual crisis política y social, y a sus múltiples dimensiones humanitarias; ello exige a los actores políticos asumir sus responsabilidades con generosidad, poniendo el bien común como prioridad. Una salida democrática, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos debe responder a los diferentes déficits que afectan y han afectado por décadas al país1
Los puntos más resaltantes subrayados en este comunicado esbozados por este grupo de personalidades son:
Justicia, pero no venganza. Las violaciones graves de los derechos humanos exigen investigaciones independientes e imparciales y juicios justos. Pero la justicia no debe emplearse como medio de venganza ni persecución política, y debe incorporar mecanismos que favorezcan el reconocimiento de responsabilidades y la colaboración efectiva de que deben rendir cuentas.
Justicia para todos. La justicia no es solo la de los tribunales. Justicia es también hacerse cargo de las violaciones presentes y de discriminación, exclusión y violencia histórica, mediante el diálogo y políticas que garanticen la inclusión, la participación.
Justicia independiente. Un acuerdo que garantice la independencia y efectividad del Sistema de Justicia.
Justicia social y económica. Necesitamos reconstruir el país, poniendo la economía y el desarrollo al servicio de las personas.
Reparación. Hacernos cargo de las heridas más dolorosas. Necesitamos reparación y garantías de no repetición para aquellos que han perdido un ser querido por la violencia política y social, la represión, el abuso de poder o la ausencia de diálisis y trasplantes, que sea flexible y accesible a todos ellos.
Verdad. Entender cómo llegamos a tanta división y exclusión. Lo que nos ha ocurrido no es algo de los últimos años solamente. Se deriva de un acumulado de rencor, violencia y exclusión a lo largo de al menos cuatro décadas. Examinar nuestro pasado nos puede ayudar a evitar que en 20 años sigamos en lo mismo.
Consulta y participación. Para contar con legitimidad y apoyo, la negociación requiere contar mecanismos concretos para la consulta y participación de los movimientos y organizaciones sociales, donde se mantengan canales fluidos de comunicación con los diversos actores, y, muy especialmente la participación de las víctimas, que pudieran garantizar seriedad a las negociaciones que facilite llegar a un acuerdo más sustentable. También, la definición de acuerdos y las consultas deben enriquecerse con la participación plena, efectiva y directa de mujeres. Se recomienda, también, la asesoría de expertos con experiencia y aprendizajes en otros procesos.
De igual modo, la ONG Compromiso Compartido, abocada al tema de la reconciliación social y política, publicó los resultados de un sondeo realizado en algunas comunidades populares de la Gran Caracas2 –como Petare, Catia, La Vega y Antímano– y varios sectores del interior del país, como Naguanagua, Valencia y La Carucieña, en Barquisimeto. Según la encuesta, 69,4 % de las personas considera que es posible la reconciliación entre los venezolanos y los responsables de los crímenes cometidos durante los últimos 20 años, asimismo un 87,7 % cree que la reconciliación nacional sería importante o muy importante para su vida cotidiana.
Ante estos datos, Cristian Correa, chileno y experto internacional en justicia transicional, comentó para Signos de los Tiempos que:
…la disposición al encuentro y la importancia de la justicia es evidente. Pero la demanda de punición plantea el desafío de llegar a una propuesta razonable donde haya sanciones efectivas, y le dice a la oposición y al Gobierno que no pueden pactar cualquier cosa y arreglarse el bigote entre ellos. Los actores políticos quedan muy mal parados, pero los niveles de desconfianza afectan a todas las instituciones.
De hecho, los resultados de la encuesta de Compromiso Compartido también reflejan una crisis de credibilidad que ha erosionado a todas las instituciones y organizaciones, incluso la Iglesia que, si bien es la mejor posicionada, registra un promedio de 37, 4 %. Esto nos coloca ante un gran desafío: reconstruir la confianza, pues sin instituciones creíbles y legítimas el proceso de negociación para la reconstrucción nacional es altamente vulnerable.
Como Iglesia, debemos revisar estos resultados y replantear nuestra misión, el país nos lo exige; la creación de confianza para activar las fuerzas creadoras que apuntalen una Paz con Justicia es un “signo de los tiempos”. Nuestro Señor Jesús nos invita a ser fermento de paz en la masa del conflicto, sal para dar sazón a la convivencia humana y luz en medio de la noche.
Es hora de acordar un plan pastoral que tenga como foco la acción sanadora de restablecer la confianza.
Notas:
- El Grand Continent: “Un acuerdo para sentar las bases de una convivencia justa en Venezuela”, 10 de noviembre de 2022. Disponible en línea.
- Encuesta de Reconciliación. Percepciones desde las comunidades populares. Presentación de resultados por Verónica Medina, noviembre, 2022. Disponible en línea.
Fuente:
- Este artículo ha sido originalmente publicado en el Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco N° 165, 11 al 17 de noviembre de 2022.
