Por Rafael Luciani
El actual proceso de reformas eclesiales que preside Francisco busca conceder mayor autonomía a las Conferencias Episcopales locales. En pontificados anteriores, la centralización del poder eclesial en manos de la Curia Romana causó un sin fin de abusos sobre las iglesias locales y regionales fruto de lo que Francisco describió, al inicio de su pontificado, como la patología del poder.
En términos geopolíticos esto se ha traducido en un trabajo en conjunto y coordinado entre las autoridades eclesiásticas en Roma y las directivas de las conferencias episcopales locales.
De este modo, la orientación de la narrativa geopolítica vaticana busca enfocarse en la cura pastoral y la atención humanitaria de los países en crisis, dejando el recurso diplomático de la negociación y la apelación a la multilateralidad como vías que pueden evitar salidas violentas y sangrientas de los regímenes políticos que se adueñan del poder.
Corresponde a los obispos locales la calificación política y el posicionamiento ético frente a dichos regímenes. El Vaticano, desde los Pactos Lateranenses que le dieron carácter estatal en 1939, jamás ha calificado a un presidente de «dictador». No puede hacerlo. Experiencias como las de China, donde la Iglesia fue expulsada, sólo han podido ser sanadas muchos años después y con lentas negociaciones.
Sabiendo esto, el oficialismo venezolano ha buscado, por diferentes vías, debilitar la credibilidad de la Iglesia. En este juego han caído también sectores de la oposición polarizando así la dimensión pastoral de la acción eclesial bajo la idea de una supuesta división entre «un Papa de izquierda y unos obispos de derecha», o entre «un Papa que reconoce al gobierno ilegítimo de Maduro y unos obispos venezolanos que no lo reconocen».
Este tipo de argumentaciones sólo otorgan mayor fuerza a la estrategia del gobierno de buscar que el pueblo pierda la credibilidad en la institución eclesiástica que, por naturaleza organizacional, actúa siempre de forma colegiada, es decir, con una inquebrantable unidad entre el Papa, los obispos y los fieles.
¿Acaso los que hoy critican a Francisco por haber hablado con Fidel Castro, levantaron su voz cuando San Juan Pablo II le dio la comunión a Pinochet? Ambos torturaron y asesinaron a miles de hermanos que pedían la misma libertad que hoy pedimos los venezolanos.
Para la Iglesia la fe no es ideológica ni doctrinaria. Su único interés es la atención pastoral a las personas traducida en la promoción del bienestar para con los más pobres y sufridos de una sociedad, como lo es hoy la venezolana, pues -como dice Francisco- no podemos «considerar a nada ni a nadie como definitivamente perdido en las relaciones entre las naciones, los pueblos y los estados».
«En la voz de los obispos venezolanos también resuena la mía»
¿Cuál es la posición del Papa Francisco? ¿es posible en la Iglesia, que exista un número 2 por encima del número 1? ¿acaso la Iglesia funciona como una democracia? ¿puede existir una división entre la postura del Papa -como pastor y jefe de estado-, su Secretario de Estado -el Cardenal Parolín-, y la Conferencia Episcopal venezolana que se ha manifestado en bloque al declarar a la presidencia de Maduro como ilegítima?
El 8 de Junio de 2017, el Papa Francisco dijo personalmente a los miembros de la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana que «en la voz de los obispos venezolanos también resuena la mía».
A diferencia de otros pontificados, el reconocimiento de Francisco es a lo que han discernido y decidido los obispos locales, quienes conocen su realidad, y no lo que Roma pueda pensar desde lejos de nuestra realidad.
Esto no sólo dice de la honradez de Francisco ante lo que vivimos, sino también de su humildad al querer llevar un proceso de reforma y «descentralización» en la Iglesia Católica, como lo indicó en su primera Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (n.16).
Las 4 condiciones del Vaticano siguen hoy vigentes
Hagamos un poco de memoria sobre los varios llamados públicos de Francisco en torno a la crisis venezolana. El 10 abril de 2014 hizo un fuerte reclamo a los líderes políticos por la violencia e instó a respetar la verdad y la justicia. Un año más tarde, el 1 de marzo de 2015, condenó la muerte de estudiantes que protestaban pacíficamente.
Y en octubre de 2016 cuando aceptó la petición de facilitación que le hiciera primeramente la propia oposición nacional, el Vaticano dio a conocer el día 2 de diciembre las cuatro condiciones que debían acompañar una verdadera negociación con el gobierno: «elecciones, restitución de la Asamblea Nacional, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos».
El punto más álgido fue la denuncia del Papa ante el incumplimiento de dichas condiciones por parte del gobierno, lo que llevó a la culminación del proceso de diálogo y a esto se refirió en la rueda de prensa que ofreció durante el regreso de su viaje apostólico a Egipto, el 29 de abril de 2017.
Ahí dijo que el diálogo «no resultó porque las propuestas no eran aceptadas» no sólo por la oposición política que, en ese momento, carecía de unidad política y estratégica, sino fundamentalmente por el gobierno, cuya falta de seriedad y coherencia la describió como un: «”sí,sí” pero “no, no”» y le hizo un «sentido llamamiento al gobierno para que se evite cualquier ulterior forma de violencia, sean respetados los derechos humanos y se busquen soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria, social, política y económica que está extenuando la población».
Un día después de este viaje, ante la crueldad de la represión a miles de personas que protestaban en el país, el domingo 30 de abril de 2017 en su mensaje Urbi et Orbe, Francisco difundió y cuestionó para el mundo «la situación en Venezuela, con numerosos muertos, heridos y detenidos»; abogó por los «derechos humanos» y exhortó a «soluciones negociadas a la grave crisis humanitaria».
Algo que muchos olvidan es que, paralelo a todas estas denuncias, el Papa ya se había reunido con Susana Malcorra, canciller argentina del recién electo gobierno de Macri, para conseguir el pronunciamiento en bloque de los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, Paraguay y Uruguay sobre la crisis venezolana. Una reunión que llevó a otras más, como parte del ejercicio silente de la diplomacia Vaticana y que inspiró lo que luego se crearía bajo el nombre de grupo de Lima.
La movilización de la Iglesia latinoamericana en contra de la represión del gobierno venezolano
Todas estas acciones del Papa y los pronunciamientos de la Conferencia Episcopal Venezolana produjeron algo que pocos han valorado: por primera vez en la historia de la Iglesia latinoamericana, todas las entidades locales y regionales alinearon su posición reiterando, a su vez, las varias denuncias hechas por el Papa. Veamos a qué nos referimos.
A casi dos meses del inicio de las protestas estudiantiles, la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) fijó posición, el 2 de abril de 2014, de forma pública y oficial, mediante el comunicado que lleva por nombre: «Responsables de la paz y el destino democrático de Venezuela».
Los Obispos comienzan su análisis con una premisa muy clara: «la causa fundamental de la actual crisis es la pretensión del partido oficial y autoridades de la República de implantar el llamado Plan de la Patria, detrás del cual se esconde la promoción de un sistema de gobierno de corte totalitario».
Para lograr imponer este modelo de corte totalitario, basado en la lógica del pensamiento único y, por tanto, excluyente de todo otro modelo sociopolítico, se han puesto «restricciones a las libertades de información y opinión», se ha incrementado «la inseguridad jurídica y ciudadana» y se han promovido «los ataques a la producción nacional». Todo esto, bajo el peso de una «brutal represión de la disidencia política» (num. 2).
Las cosas no cambiaron. Antes bien, se siguieron agravando y el 31 de marzo de 2017 la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció denunciando que para el gobierno «todo gira en torno a lo político, entendido como conquista del poder, olvidando las necesidades reales de la gente».
Ante la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de eliminar la Asamblea Nacional y suplantarla «por una representación de los poderes Judicial y Ejecutivo», indicó el episcopado que «no se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados.
Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás.
Es hora de preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas cívicas».
El 4 de abril 2017 se sumó la voz de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Venezuela contra «la falta de autonomía entre los cinco poderes públicos: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano», y subrayó «la indolencia del gobierno nacional ante la situación crítica que vive nuestro pueblo, demostrando una vez más que solo le interesa la lucha por mantenerse en el poder» en un contexto de «inminente dictadura».
El camino inmediato para salir de la crisis, se lee en el documento, ha de pasar por el cumplimiento de tres exigencias: «respeto al Estado de derecho, separación de poderes, legitimidad del Parlamento».
Tres días más tarde, el 7 de abril 2017, la Compañía de Jesús en Venezuela, a través de la editorial de su revista SIC del Centro Gumilla, hizo pública su posición oficial: «nos enfrentamos a una dictadura como ciudadanos y como cristianos», la cual se consuma, a juicio de los jesuitas, con «las decisiones asumidas por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha 28 y 29 de marzo que suponen un claro golpe de Estado y un desenmascaramiento definitivo del gobierno como una dictadura».
Y añadió, en consonancia con la petición del Papa Francisco a través de su secretario de Estado, que la solución a la crisis actual del país pasa, necesariamente, por las siguientes condiciones: «democracia con elecciones, liberación de todos los presos políticos, pleno reconocimiento de la Asamblea Nacional, apertura a la ayuda humanitaria internacional y entierro de este modelo fracasado que atenta contra la vida de toda la población».
Nada menos de lo que exigió el bloque político de oposición, que por intereses partidistas no lograba llegar a una estrategia unitaria y permanente.
A este movimiento eclesial, se unieron las distintas Conferencias Episcopales Latinoamericanas. Entre ellas, el 21 de abril 2017, la Conferencia Episcopal Panameña se solidarizó con la posición de los obispos venezolanos expresando que «la difícil situación del país cada vez se hace más insostenible».
A este comunicado le siguió el de la Conferencia Episcopal Colombiana en pro de la labor de «obispos, sacerdotes, religiosos y fieles laicos que en medio de dolorosas situaciones y privaciones, siguen trabajando por la defensa de los valores humanos». El día 26 de abril de 2017, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana declaró que «se trata de una situación donde está muerta y desaparece toda posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están en el poder, se abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, un despeñadero hacia la dictadura».
A lo largo de ese mes de abril se solidarizaron también, entre otras, las Conferencias Episcopales de Uruguay y Chile, así como la boliviana, que el 2 de mayo de 2017 se pronunció en torno a «la violencia fratricida, pobreza abrumadora y pérdida de la vigencia de los derechos humanos» en Venezuela.
Una nueva expresión de la colegialidad eclesial se manifestó, históricamente, entre el 9 y el 12 de mayo de 2017, cuando se celebró en San Salvador la XXXVI Asamblea Ordinaria del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM).
Allí, todas las Iglesias locales de América Latina y el Caribe decidieron, unánimemente, tomar posición frente a la situación de nuestro país al observar que «se vuelve insostenible la falta de alimentación, la falta de medicinas y la falta de libertades».
Tras la discusión se creó una Comisión de seguimiento de la situación sociopolítica y humanitaria venezolana. Es la primera vez que el conjunto de las Iglesias locales latinoamericanas se unen para levantar su voz en contra de lo que se vive sociopolíticamente en uno de sus países.
Un último ámbito de conciencia eclesial internacional que no podemos pasar por alto es el comunicado publicado por la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina. El 27 de abril de 2017, unas treinta universidades de catorce países latinoamericanos expresaron su «condena a los actos de represión que el gobierno está ejerciendo sobre quienes legítimamente salen a las calles a manifestar su protesta ante esta situación».
Todas las universidades jesuitas del continente se unieron para denunciar «la intolerancia a la discrepancia y la militarización de la sociedad», y demandaron «a todos nuestros gobiernos y organismos internacionales que defiendan el Estado de derecho, la institucionalidad democrática y el libre ejercicio de la ciudadanía en Venezuela».
El llamado del Vaticano a desconocer la Constituyente y retomar las 4 condiciones
Ante todos estos pronunciamientos internacionales, el 13 de mayo de 2017, poco antes de que oficiara la misa solemne en Fátima, el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolín, «número dos» de Francisco, declaró nuevamente que «la solución para la grave crisis en Venezuela son las elecciones».
Como es lógico, toda elección supone un cambio de gobierno o transición política. Por ello precisó, como ha dicho el Pontífice en repetidas ocasiones, que «se necesita mucha buena voluntad, empezando por el gobierno, que debe dar señales de que desea resolver la crisis y tener en cuenta el clamor del pueblo».
Esto llevó a que el 4 de agosto de 2017, el mismo Papa enviara de nuevo un comunicado muy fuerte a través de la Secretaría de Estado diciendo que: «la Santa Sede pide a todos los actores políticos, y en particular al Gobierno, que se asegure el pleno respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, como también de la vigente Constitución; se eviten o se suspendan las iniciativas en curso como la nueva Constituyente que, más que favorecer la reconciliación y la paz, fomentan un clima de tensión y enfrentamiento e hipotecan el futuro; se creen las condiciones para una solución negociada de acuerdo con las indicaciones expresadas en la carta de la Secretaría de Estado del 1 de diciembre de 2016, teniendo en cuenta el grave sufrimiento del pueblo a causa de las dificultades para obtener alimentos y medicamentos, y por la falta de seguridad».
Nuevamente se recuerdan las 4 condiciones que han de marcar la hoja de ruta hacia el restablecimiento de la democracia en Venezuela: «elecciones, restitución de la Asamblea Nacional, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos».
Un hecho aparentemente controversial sucedió el 10 de enero (2019) durante la juramentación de Maduro ante el Tribunal Supremo de Justicia para un nuevo período de gobierno.
Dicho mandato ha sido desconocido por la comunidad internacional. La Secretaría de Estado del Vaticano decidió enviar a un Encargado de negocios ad interim, en vez de al Nuncio en Caracas. Hecho que no ha de pasar desapercibido cuando el protocolo vaticano siempre ha prescrito la presencia de un Nuncio, sea el del propio país o de otro vecino que lo represente en su calidad de Jefe de Misión en tales actos de investidura.
Aquí se optó por un funcionario de menor rango, prácticamente desconocido. Ante las reacciones que surgieron, el Vaticano emitió un comunicado el pasado lunes 14 de enero explicando que «la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con el Estado venezolano.
Su actividad diplomática tiene como finalidad promover el bien común, tutelar la paz y garantizar el respeto de la dignidad humana», y añadió nuevamente el principio de colegialidad geopolítica bajo el cual actúa, siempre en coordinación con los obispos locales. Por eso, dice el comunicado, «la Santa Sede y los obispos del país trabajan juntos para ayudar al pueblo venezolano, que sufre las implicaciones humanitarias y sociales de la grave situación en la que se encuentra la nación».
«El nuevo período presidencial es ilegítimo y abre una puerta al desconocimiento»
Todas estas acciones y posiciones, frutos de una acción colegiada entre el Papa, los obispos y los fieles católicos, quedó claramente expresada y reconocida el 9 de noviembre de 2019 en la exhortación que lleva como título: «Lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños a mí me lo hicieron» (Mt 25,40).
Ahí, la Conferencia Episcopal Venezolana en pleno exigió al gobierno «el cambio que el país pide a gritos: la recuperación del Estado de Derecho según la Constitución y la reconstrucción de la sociedad venezolana, en dignidad, libertad y justicia para todos».
Por tal motivo, dice la exhortación: «reiteramos que la convocatoria del 20 de mayo (para elegir el Presidente de la República) fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el poder ejecutivo. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución (…). La pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen, y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno».
Así como los obispos han sido claros en no reconocer la legitimidad de Maduro, el Papa fue el primero en desconocer a la asamblea nacional constituyente impuesta por Maduro sin voto popular. No olvidemos que las acciones de una diplomacia muchas veces silente y poco perceptible iniciaron un proceso de concertación entre gobiernos latinoamericanos y conferencias episcopales locales, que fueron alzando sus voces para pedir, con el Vaticano: «elecciones, restitución de la Asamblea, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos».
Venezuela, Nicaragua, Yemen y Siria…
La decisión del Papa de incorporar a Venezuela el 25 de diciembre de 2019 en la lista de países que nombra en su mensaje Urbi et Orbi, es otro reconocimiento de un país que vive una severa tragedia humanitaria y en condiciones de estados fallidos, como Yemen y Siria, o totalitarios como Nicaragua. Es un mensaje fuerte y profético de la diplomacia vaticana que ha pasado desapercibido para muchos, y que ha sido enviado con contundencia a la comunidad internacional, reconociendo así, la necesidad de un cambio político urgente.
Hoy el Papa, en medio de nuevas críticas por parte de académicos y políticos latinoamericanos, especialmente de oposición, vuelve a insistir, el 7 de enero de 2019 en su Discurso a los miembros del Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede:
«Deseo para la amada Venezuela que se encuentren vías institucionales y pacíficas para solucionar la crisis política, social y económica, vías que consientan asistir sobre todo a los que han sido afectados por las tensiones de estos años y ofrecer a todo el pueblo venezolano un horizonte de esperanza y de paz». Vías que, como explicaron los obispos venezolanos, pasan por reconocer que «la Asamblea Nacional, electa con el voto libre y democrático de los venezolanos, actualmente es el único órgano del poder público con legitimidad para ejercer soberanamente sus competencias».
Lo que el Papa desea sigue siendo hoy el clamor de los nuevos líderes de la única y legítima Asamblea Nacional, elegida bajo el voto popular con una mayoría opositora abrumadora: «elecciones, restitución de la Asamblea, apertura del canal humanitario y liberación de los presos políticos».
Es esta la hoja de ruta vaticana para un proceso de transición hacia la democracia en Venezuela. Es la voz que llevan hoy nuestros jóvenes diputados con un mensaje que ha devuelto la esperanza en un cambio político en Venezuela que mira al bien común y se aleja de los intereses partidistas e ideológicos tanto de la oposición política como del oficialismo castrista.
No nos dejemos robar la esperanza, no perdamos la fe en las personas e instituciones que están trabajando por un cambio en Venezuela. Recordemos las palabras de Francisco en Paraguay: «las ideologías terminan mal, no sirven, las ideologías tienen una relación incompleta, enferma o mala con el pueblo porque no asumen al pueblo» (Visita Apostólica al Paraguay, 2015)
Fuente: Religión Digital
