Héctor Mondragón
Para entender lo que está pasando con los acuerdos de paz, es necesario identificar el poder político enorme que tienen en Colombia los acaparadores de tierra. Sin entender el problema del latifundio y la concentración de la propiedad de la tierra no se puede entender nada de lo que ha pasado en el país los últimos 80 años.
El proyecto de programa del Partido Socialista Obrero de Alemania en 1875 señalaba que los medios de trabajo son monopolio de la clase capitalista. Marx criticaba esta formulación, porque hacía falta mencionar el “monopolio de los propietarios de tierra (el monopolio de la propiedad del suelo es, incluso, la base del monopolio del capital)”. Añadía él que incluso “en Inglaterra la mayoría de las veces el capitalista no es siquiera propietario del suelo sobre el que se levanta su fábrica”.
En pleno siglo XXI, en Colombia el poder económico y político de los grandes terratenientes aun es notorio. La prolongación del conflicto armado desencadenó una contrarreforma agraria y millones de campesinos están desplazados. Colombia llegó a ser el país con las tierras más caras de la región1 y la mayoría de las aptas para la agricultura no son sembradas.2
El conflicto armado se convirtió en un lastre que impide el fortalecimiento de los movimientos sociales populares y estorba la lucha de los trabajadores y los campesinos por sus derechos, mientras que sirve de pretexto para reprimir y asesinar a los luchadores populares. Los pueblos indígenas, los afrocolombianos, los campesinos y los sindicalistas, así como los defensores de derechos humanos pagan la cuota más alta de vidas y sufrimientos por la continuidad del conflicto armado y por eso exigen que se termine.
Los acaparadores de tierras han hecho su negocio con la guerra, no quieren por ningún motivo devolver lo que despojaron y quieren continuar el despojo. También les sirve la guerra a los que imponen grandes explotaciones mineras o petroleras o megaproyectos que lesionan gravemente el medio ambiente de los territorios, porque encuentran el pretexto y las condiciones precisas para asesinar a los líderes de las comunidades, lo cual hacen no solamente en Colombia sino en toda América latina y otras partes del mundo.
Estos actores de la guerra o aceptarán ningún acuerdo de paz ni siquiera uno redactado por ellos, porque saben que el principal efecto del fin del conflicto armado será que el pueblo, y en especial del campesinado podrá organizarse y movilizarse civilmente en forma masiva por sus derechos. Eso no lo pueden aceptar y no lo van a aceptar, a menos que fueran doblegados por la movilización masiva de millones de colombianos, la que se empeñan en evitar a sangre y fuego y a punta de mentiras sistemáticamente difundidas.
Ni el acuerdo de paz firmado en Cartagena el 26 de septiembre de 2016 ni el firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016 podían ser aceptado por los voceros del acaparamiento de tierras y los megaproyectos lesivos, como no puede ser aceptado por ellos ningún acuerdo de paz.
La esperanza que generó el acuerdo cuando fue firmado en Cartagena, se parecía a la esperanza despertada por el Acuerdo de Oslo, firmado en Washington el 13 de septiembre de 1993 entre Israel y Palestina, por el cual Isaac Rabin y Yasir Arafat obtuvieron el Nobel de Paz de 1994.
Los extremistas y especialmente los extremistas religiosos nunca aceptaron los acuerdos Israel-Palestina. Asesinatos y atentados fueron el camino por el que el acuerdo fue erosionado y finalmente despedazado. El 4 de noviembre de 1995, al final de una multitudinaria manifestación de apoyo a la paz, Isaac Rabin fue asesinado por un extremista religioso judío. Rabín acababa de decir en su discurso: “Fui hombre de armas durante 27 años. Mientras no había oportunidad para la paz, se desarrollaron múltiples guerras. Hoy, estoy convencido de la oportunidad que tenemos de realizar la paz, gran oportunidad. La paz lleva intrínseca dolores y dificultades para poder ser conseguida. Pero no hay camino sin esos dolores”.
Tras la reanudación de los combates por los extremistas musulmanes y el ejército israelí, desde 2001 Yasir Arafat fue sometido en Ramallah a arresto domiciliario bajo las autoridades israelíes, que violaron así lo que quedaba de Acuerdo de Oslo de 1993. El gobierno israelí ha multiplicado los asentamientos de colonos judíos en el territorio palestino reconocido por el Acuerdo de Oslo y han bombardeado e invadido militarmente centenares de veces los asentamientos palestinos y convertido a Gaza en un ghetto donde palestinos son sistemáticamente asesinados y masacrados. Israel es gobernado por los que se opusieron al acuerdo de paz, por los que declararon “traidor” a Rabin; en vez de paz hay una pesadilla racista.
Los colombianos tenemos que hacer todo lo necesario para defender la paz, para que a los campesinos, indígenas y comunidades negras de Colombia no les pase lo que le ha ocurrido a Palestina, para que los movimientos sociales populares no sean gasificados.
Desafortunadamente, los acontecimientos marchan en dirección de la gasificación:
Primero, mediante un masivo fraude al sufragante engañaron a miles de votantes con mensajes que aseguraban que sus pensiones jubilación serían disminuidas y sus subsidios eliminados si se aprobaban la paz; que el acuerdo promovía la homosexualidad en forma del fantasma de la “ideología de género”; que los cupos de sus taxis serían dados a los desmovilizados; que determinados personajes respetados estaban por el No, aunque estaban realmente por el Sí. El resultado del plebiscito fue consecuencia de un fraude, pero está siendo validado para modificar los acuerdos.
Segundo, los acuerdos han sido modificados en detrimento de los campesinos, las comunidades y la reforma rural comprometida.
El deterioro del texto del acuerdo de paz tendría una justificación sólo si en nuevo acuerdo comprometiera con el fin del conflicto armado a un actor protagonista de la guerra que hasta ahora no se ha comprometido. Al fin y al cabo, un acuerdo de paz se hace entre enemigos y no es como un proyecto de ley que se define por votación y al cual diferentes sectores le hacen observaciones. Un acuerdo de paz lo es porque no refleja la forma de pensar de ninguno de los que lo firman y se comprometen con él, sino que es esencialmente un conjunto interrelacionado de concesiones mutuas entre quienes estaban en guerra. Sin embargo, en este caso las concesiones a los acaparadores de tierra no han significado ningún compromiso de ellos con la paz y en cambio ellos siguen avanzando en sus planes de guerra.
Tercero, y es lo más grave, se desató, desde los días previos a la firma de los acuerdos de paz y con mayor fuerza en las últimas semanas, una nueva ola de asesinatos de líderes indígenas, campesinos y afrocolombianos. Han sido atacados quienes cuestionan la explotación petrolera por fractura hidráulica en Cesar con detenciones y judicializaciones y en Caquetá con asesinatos. Ha sido destituida la gobernadora del Putumayo, joven que derrotó a los gamonales tradicionales y es una firme defensora de la paz y de os derechos de la población rural.
Cuarto, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa ordenó al ESMAD destruir el Campamento de Paz, que en la Plaza de Bolívar esperaba la ratificación de un acuerdo de paz que termine el conflicto armado.
Quinto, el gobierno nacional ha radicado en el Congreso, antes de radicar el nuevo acuerdo de paz, un proyecto de ley que pretende regulas la consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas y negras y otros grupos étnicos del país, proyecto que según las organizaciones indígenas “es una afrenta sin precedentes”, en contravía de la jurisprudencia nacional e internacional y que de aprobarse violaría los derechos colectivos fundamentales de los grupos étnicos.
Hay que recordar que entre las propuestas de modificación del acuerdo que el ex presidente Álvaro Uribe hizo estaba “limitar la consulta previa”. En el nuevo acuerdo no fue aceptada semejante propuesta, pero el gobierno la tenía servida en su proyecto de ley.
Los cambios que en el nuevo acuerdo afectan a los campesinos, fueron propuestos todos por Uribe, en algunos casos conjuntamente con Andrés Pastrana y Marta Lucía Ramírez. Su sentido tiende a enfrentar, debilitar o neutralizar las importantes definiciones del acuerdo (original y modificado) sobre la economía campesina.
Los acuerdos reconocen “el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria”. Pero esto es precisamente los que sucesivos gobiernos han negado. Uribe durante su primera campaña electoral emocionó al Congreso de la Sociedad de Agricultores de Colombia SAC cuando declaró su clara desconfianza en cualquier papel económico autónomo del campesinado y proclamó así la necesidad de subordinar a los campesinos a los grandes productores: “Si vamos a instalar en Barrancabermeja una empresa campesina asociativa, exijámosles a esos adjudicatarios que tengan que integrase con un empresario eficiente de San Alberto, para que así, campesinos asociados y empresarios con tradición de eficiencia, respondan por el buen suceso de esos proyectos”3.
Esta subordinación del campesino ya se estaba imponiendo en la práctica con las asociaciones estratégicas, especialmente para palma aceitera, durante el gobierno de Andrés Pastrana, durante el cual fue incluida en el llamado Plan Colombia;4 y se continuó durante los gobiernos de Uribe, que contó con un crédito del Banco Mundial para apoyar el proyecto de “asociaciones productivas” de “pequeños agricultores” con “empresas del sector privado”.5 Esta experiencia no logró el despegue de la agricultura colombiana, que pasó al final del segundo gobierno de Uribe por una de sus peores crisis. Más recientemente la ley Zidres insiste en
Ahora el mismo discurso ha sido adicionado al acuerdo de paz:
“1.3.3.6. Asociatividad: el Gobierno fomentará y promoverá la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores, así como con procesadores, comercializadores y exportadores con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva e insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo en general y en particular de los pequeños productores. Para ello brindará asistencia técnica, jurídica y económica (crédito o financiamiento) a los pequeños productores con el fin de garantizar proyectos de economía familiar y asociativos, equilibrados y sostenibles.”
Así se ha incluido en el acuerdo lo que ha sido la política y el plan de los últimos tres presidentes y lo que fue la doctrina del Pacto de Chicoral de 1972, que la presencia de “grandes productores” es necesaria para garantizar la competitividad. En realidad, la agricultura campesina puede alcanzar y en algunos casos sobrepasar la eficiencia de grandes explotaciones, y, además, independientemente del tamaño de la escala de su unidad productiva, los agricultores son eficientes cuando pueden acceden a los recursos, productivos y el entorno lo permite.6
Esa modificación concuerda con otra: “el Gobierno tramitará una ley con el fin de promover otras formas de acceso a tierras del Estado como la asignación de derechos de uso”. La paternidad de este cambio debe reconocerse en el Gobierno y la ley Zidres, que dice que los ocupantes de baldíos que no reúnan requisitos para la titulación podrán “celebrar contratos de derecho real de superficie, que permitan el uso, goce y disposición de la superficie de los predios rurales que ocupen”. Aunque el acuerdo limita esta zidrada a los medianos productores, no cabe duda que los acaparadores de tierras también juegan detrás del gobierno, aprovechando el No.
El discurso tradicional se ha colado en el nuevo acuerdo, de forma que los “grandes productores” y “medianos productores” van a intentar neutralizar, como siempre lo han hecho, los programas a favor de los campesinos.
Un “principio” adicionado a propuesta de los promotores del No, dice:
Desarrollo integral del campo: el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes -agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala-; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones de equidad, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento.
El acuerdo modificado, afortunadamente, mantuvo el reconocimiento del papel fundamental de la economía campesina, así como los principios de Bienestar y Buen Vivir, pero no se puede negar que, sin comprometerse con el acuerdo de paz, los grandes propietarios lograron introducir su discurso, para usarlo después para intentar imponer su “adecuado balance” de siempre, para lo cual también lograron erosionar lo acordado sobre la participación de las comunidades en la planificación y la gestión.
Nuestra Constitución define desde el preámbulo y el artículo primero a Colombia como república democrática participativa. No es pues una mera democracia representativa. El texto del acuerdo original desarrollaba ese punto cuando determinaba que se establecerán “instancias de decisión en los diferentes niveles territoriales en las que se incluya la presencia de las comunidades” pero, el acuerdo modificado ahora dice que se trata de instancias “para garantizar la participación de las comunidades en el proceso de toma de decisiones”, es decir, no en la toma de las decisiones.
Así, el acuerdo modificado dice que los mecanismos de participación “en ningún caso pretenden limitar las competencias de ejecución de los gobernantes ni las competencias de órganos colegiados (Congreso, concejos y asambleas)”. Sin embargo, lo que los voceros del No le niegan a las comunidades rurales, lo han tomado para sí, limitando las competencias del Presidente de la República para definir el acuerdo de paz.
En cuanto a constitución de las zonas de reserva campesina, el acuerdo modificado simplemente agrega que “se harán por parte de la autoridad competente de conformidad con la normatividad vigente”, lo cual era obvio en el acuerdo anterior, ya que existe una normatividad clara sobre estas zonas, pero su aplicación fue congelada, primero por decisión del gobierno de Uribe y luego ¡por solicitud del ministerio de Defensa! Lo que el acuerdo original y el modificado determinan es que se cumpla la ley sobre las reservas campesinas, vigente desde 1994.
Lo que ha pasado con las reservas campesinas durante los últimos 22 años, comprueba que no se trata principalmente de los que dicen una ley, un decreto o un acuerdo, sino que el conflicto armado es usado para impedir que el campesinado ejerza sus derechos y para desplazarlo.
Para no devolverle a los campesinos lo que les han quitado, para seguir acaparando tierras, para imponer grandes minas a cielo abierto, fracturación hidráulica para extraer petróleo, desviación de ríos para sacar carbón o hacer represas, robos de ríos, explotaciones que lesionan la integridad cultural o destruyen los ecosistemas, los espoliadores necesitan que siga el conflicto armado, que no haya paz y que Colombia sea gobernada por los que promovieron el No al acuerdo de paz.
No se trata de una simple oposición parlamentaria al acuerdo de paz. Hay un nuevo despliegue impune de los grupos paramilitares que reducen cada comunidad a un ghetto, a un infierno diario estilo Gaza. Pero en Colombia las comunidades más afectadas por el conflicto armado votaron masivamente por el Sí a los acuerdos en el plebiscito, especialmente las comunidades negras e indígenas. No hay en Colombia un Hamás como en Gaza: los enemigos de la paz y los fanáticos religiosos están del otro lado.
La defensa de las comunidades rurales será también la lucha por la soberanía alimentaria. Donald Trump dice que protegerá a Estados Unidos de las importaciones, pero será el promotor de sus exportaciones, repitiendo la antigua historia del Gran Garrote para imponer a América latina el consumo de más productos norteamericanos, especialmente agrícolas, producidos precisamente en las regiones que votaron masivamente por él. Sin paz, van a seguir imponiendo la destrucción de nuestra soberanía alimentaria.
La lucha por la paz es hoy fundamental, lo más importante para defender los derechos de los trabajadores colombianos y especialmente para las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.
Notas:
1 Portafolio (2009) “Colombia tendría la tierra más cara de la región, según estudio de la SAC”, 30 de octubre de 2009.
2 DNP (2010) “Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos”. Bogotá: Departamento Nacional de Planeación, p. 172.
3 Discurso en el congreso de la SAC el 8 de noviembre de 2001.
4 Gobierno de Colombia. “Plan Colombia: plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del estado”, 8 de marzo de 2000.
5 Grupo del Banco Mundial. Colombia. “Banco Mundial aprueba préstamo por US$30 millones para mejorar la productividad rural”, 21 de agosto de 2007.
6 Forero, Jaime et al. 2013. “La eficiencia económica de los grandes, medianos y pequeños productores agrícolas colombiano”; EfiAgrícola.
Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/181941
