Por Víctor Álvarez R.
El gobierno que resulte electo en las presidenciales del 28-J recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, recibirá una industria petrolera en ruinas y sin recursos financieros, y un aparato productivo que no genera suficientes puestos de trabajo. Tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles; heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados. Familias completas huyen del hambre en una incesante diáspora que no tiene precedentes. La desesperación nacional le exigirá al nuevo gobierno resultados concretos en el primer año de gestión. De lo contrario, el país otra vez se sentirá defraudado y el nuevo gobierno rápidamente habrá perdido credibilidad.
La viabilidad económica de la gobernabilidad poselectoral hay que comenzar a construirla desde el mismo 29-J, y no después de la toma de posesión el 10-E. Al interés nacional le conviene que los actores políticos, económicos y sociales logren unos acuerdos básicos que permitan gestionar recursos para atender las urgencias y prioridades nacionales, y así evitar que al cambio político le siga una ola de protestas y crisis de gobernabilidad, tal como ha pasado en otros países.
En el Pacto de Convivencia Pacífica entre los candidatos a la Presidencia se plantea un Programa Básico de Reformas Económicas, Sociales e Institucionales que se puede llevar a cabo en el lapso que va desde la fecha de las elecciones presidenciales hasta la toma de posesión. A través de una acción conjunta entre el gobierno saliente y el gobierno entrante se puede ganar tiempo y comenzar a aplicar las medidas de ajuste que se requieren para estabilizar la economía y atender la emergencia social. De esta forma, el nuevo gobierno que asuma el 10 de enero, en vez de heredar un país minado por las tensiones económicas, sociales y políticas, comenzará con ventaja al recibir una economía desbloqueada y estabilizada que empieza a ser saneada, un Estado que inicia su proceso de reinstitucionalización y una sociedad desarmada que se pueda gobernar.
La comunidad internacional puede incentivar la conformación de un gobierno de enlace entre el gobierno saliente y el gobierno entrante, el cual sería apoyado con la eliminación inmediata de todas las sanciones económicas, la protección de Citgo del remate de sus acciones para pagar deudas que nunca contrajo, la devolución de los activos de la República bloqueados en el exterior, el acceso a los Derechos Especiales de Giro retenidos en el Fondo Monetario Internacional (FMI), la recuperación de las reservas del Banco Central de Venezuela (BCV) que permanecen bloqueadas en el Banco de Inglaterra, la reestructuración y rebaja de la deuda externa, la reinserción de Venezuela en los mercados financieros internacionales y las nuevas inversiones extranjeras para recuperar la industria petrolera y reactivar el aparato productivo. De esta forma, el nuevo gobierno, en vez de heredar una bomba de tiempo económica y social, recibirá una economía desbloqueada y en franca recuperación, sin tener que recargar los costos del ajuste sobre los sectores más vulnerables de la economía y la sociedad.
En tiempo de descuento
Sin embargo, la aspiración nacional de recuperar la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica está en tiempo de descuento. Si al chavismo la derrota electoral se le convierte en una tragedia de persecuciones, juicios y condenas, no se descarta que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decida anular la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Esto tendría un efecto dominó sobre las adhesiones de Un Nuevo Tiempo (UNT) y Movimiento por Venezuela (MPV) que se quedarían sin candidato.
La candidatura de Edmundo González Urrutia (EGU) encabeza las encuestas, pero si el oficialismo concluye que marcha hacia una inevitable derrota, sin haber negociado antes garantías de no persecución, puede apelar a esa jugada riesgosa y extrema, que ya ha sido anunciada y no debería sorprender a nadie. Si no se le ofrecen garantías al gobierno, se le estará empujando hacia una línea roja que puede atravesar, aún al precio de desencadenar una gran condena internacional que incluya a sus aliados Gustavo Petro y Luíz Ignacio Lula Da Silva. Total, el gobierno de Maduro ya está curtido en la resistencia contra el aislamiento internacional, sobrevivió al cerco del Grupo de Lima, el desconocimiento de más de 60 países y las severas sanciones económicas que lo empujaron a los brazos de los rivales geopolíticos de EE. UU.
La reacción del oficialismo al levantamiento de sanciones personales de la UE revela que no va a tomar la iniciativa para pactar garantías de no persecución porque esto puede interpretarse como una actitud derrotista, como que ha llegado la hora de poner a salvo sus cabezas. Y asumir esta posición de perdedor a priori sería muy desmoralizante y desmovilizador para sus seguidores, justo antes de los comicios del 28-J.
Los perdona vidas de la oposición inercial plantean que no hay que apurarse, que todo tiene su tiempo, y que EGU puede hacer esta oferta de no persecución después de su inevitable triunfo frente a Nicolás Maduro (NM) como un gesto de grandeza y buena voluntad. El gran riesgo de esa actitud contemplativa y triunfalista es que puede terminar enterándose por la prensa de que el TSJ anuló la tarjeta de la MUD. Y por esa actitud inercial y carente de liderazgo será corresponsable de no haber actuado oportunamente para evitar perder la mejor oportunidad de recuperar la alternabilidad en el poder por la vía electoral y pacífica.
No es cierto que el triunfo de EGU esté asegurado, las elecciones no se ganan con encuestas, sino con una tarjeta unitaria, con un candidato único, y con la organización y movilización del país descontento, y nada de esto está blindado, todo está en peligro. La inacción y falta de capacidad de respuesta de la dirigencia de la Plataforma Unitaria no puede poner en peligro la tarjeta de la MUD ni la candidatura EGU, que es la única que realmente le puede ganar al candidato oficialista.
Lamentablemente, quienes critican al régimen por su deriva autoritaria están esperando de él un comportamiento democrático. El liderazgo político no sale de su inercia y no termina de proponerle nada concreto al gobierno para evitar que el TSJ termine dándole la estocada final a la tarjeta de la MUD. El candidato con verdadera opción de ganar las presidenciales del 28-J está llamado a hacerle una oferta viable y creíble a NM, porque sin garantías de no persecución política, el candidato oficialista no se va a medir con quien sabe que va a perder.
