Stefano Femminis
Direttore di Popoli
Desde hace un mes se multiplican en Venezuela los enfrentamientos en las calles que han provodado por lo menos 15 muertos, numerosos heridos y diversos daños materiales. Como telón de fondo, una profunda crisis económica y social. Le hemos pedido a Jesús María Aguirre, jesuita, director del Centro Gumilla, prestigioso instituto de estudio y acción social de la Compañía de Jesús, que nos explique las causas inmediatas y las causas profundas de estas tensiones.
“A fines de enero –explica Aguirre- comenzaron las protestas estudiantiles en Universidades Públicas y Privadas –no las bolivarianas, sometidas directamente al gobierno- en los hospitales y otros espacios públicos. Los estudiantes protestaban contra el clima de creciente inseguridad en el país. Venezuela tiene una de las tasas de violencia más elevadas en América Latina. Según el Observatorio venezolano de Violencia, el 2013 cerró con 24.763 muertes violentas. La dura represión en la Universidad de Los Andes, en el Estado de Táchira, con el arresto de tres estudiantes, fue la chispa que encendió las protestas en otros centros universitarios del país, con múltiples reivindicaciones: desde la falta de presupuesto hasta el bloqueo informativo sobre la protesta misma, impuesto por el gobierno”.
¿Quiénes son los principales responsables de estas violencias?
Como ocurre a menudo en situaciones similares, manifestaciones inicialmente pacíficas son infiltradas por actores políticos interesados en manipular y polarizar las protestas. Esta escalada de violencia tiene que ver con las facciones radicales de ambos bandos. Por un lado, hay algunos que no reconocen al gobierno actual como legítimo, por diversas razones (la presunta nacionalidad colombiana del presidente, ventajismo y fraudes electorales, derivación autoritaria, etc.) y llegan a justificar cualquier vía, incluso antidemocrática.
Y hay otros que tratan de sofocar los movimientos de rebeldía apoyando la represión de las fuerzas de seguridad, infiltrando las manifestaciones o atacándolas con grupos paramilitares llamados “colectivos”. Aunque hay víctimas de ambas partes, en su mayoría son ocasionadas por la represión del gobierno y por los “colectivos”.
¿Cuáles son las causas profundas de las tensiones?
Las protestas estudiantiles tienen que ver con el creciente descontento y desesperación de la clase media, hoy depauperada por una inflación superior al 50%, y por el fracaso de muchas pequeñas y medianas empresas privadas. En efecto, es difícil sobrevivir con leyes laborales sofocantes, sin acceso a las divisas para importar insumos por el control del cambio que ha impuesto arbitrariamente el gobierno.
A estos factores se suma la componente política, porque la mayoría de los venezolanos rechaza el modelo cubano y, a pesar de la derrota de la reforma constitucional propuesta por Chávez en 2007, de carácter sustancialmente comunista, el gobierno trata de imponer ese modelo por medio de leyes aprobadas por mayoría parlamentaria o de leyes habilitantes otorgadas al presidente que le permiten legislar prácticamente sobre cualquier tema.
En todo esto, ¿cuál es la responsabilidad del sucesor de Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro?
Todos reconocen que Maduro no tienen el carisma del difunto Chávez. Es una figura que se sostiene debido a la investidura personal que recibió del mismo Chávez, con el consenso de los factores cubano-castristas insertos en la maquinaria del Estado. En las últimas elecciones hubo un dispendio económico que terminó vaciando las arcas nacionales, solamente para lograr la victoria de Maduro, y aunque ésta no fue tan significativa incluso con todo el ventajismo en una capaña cuestionada, logró un respaldo que se ha ido consolidando internacionalmente a través de las alianzas regionales como el Alba, Mercosur y Unasur, y el favoritismo de China y Rusia.
Sin embargo la herencia económica de Chávez es insostenible en las actuales circunstancias y el aumento exorbitante de la deuda, junto con la reducción de las reservas internacionales, no le permite a Maduro amortiguar los efectos negativos de algunas nacionalizaciones que han quebrado la productividad de la industria y la agricultura. El “socialismo del siglo XX”, con sus proclamas de independencia y soberanía alimentaria, en una década hizo crecer las importaciones de alimentos del 65% a más del 80%, y no logra abastecer el mercado interno con los productos más básicos como harina, aceite y papel higiénico.
Las carencias provocadas por el derrumbe de la producción tocan los bolsillos de todos, pobres y ricos, aunque estos últimos obviamente lo resienten menos. Este descontento generalizado en parte se contrapesa con el crecimiento exponencial de los empleados públicos, que conforman una masa clientelar si no entusiasta por lo menos favorable al gobierno. Si en Colombia la administración pública representa el 3,9% de los ocupados y en Perú el 8,4%, en Venezuela hemos alcanzado el 19,6%. Sin embargo esta clase media o medio baja, también se ve afectada por la inflación.
Por otra parte, la reducción de los recursos para las llamadas “Misiones sociales” (Mercal para alimentos, Barrio Adentro para la salud –apoyada por los cubanos-, Misión vivienda, etc.), que ayudaban especialmente a las barriadas y los sectores populares, ha debilitado la influencia del Estado. Sin embargo aún perdura el imaginario de un régimen que reconoce y defiende los intereses de los excluídos, a pesar de su carácter cada vez más autoritario y militarista.
¿Ve alguna posible vía de salida compartida y no violenta?
Lamentablemente todavía es fuerte la polarización política, que se propone aniquilar al adversario y lograr la hegemonía. En su lenguaje el presidente Maduro, incluso cuando llama al diálogo, sigue estigmatizando a los adversarios como burgueses, enemigos de la patria y golpistas. A su vez una parte de la oposición, en un año no electoral como el 2014, se ve tentada de buscar atajos para que haya un cambio de gobierno, sin darse tiempo para consolidar bases sociales para un proyecto alternativo.
Los acercamientos constructivos se están dando más bien en la base social, sobre problemas específicos como la seguridad o la salud, pero esto ocurre entre actores que no se identifican con ninguna de las facciones políticas en juego. De hecho, la mayoría de la población clama por un entendimiento nacional, pero no hay mediadores a la vista.
¿No podría ser la Iglesia Católica venezolana la que llevara a cabo esta mediación?
En primer lugar hay que tener presente que aproximadamente el 75% de la población venezolana es católica, por lo menos culturalmente, y que la pertenencia cristiana se reparte casi igualmente en todos los estratos y tendencias políticas. Si bien el gobierno ha tratado de profundizar la división intraeclesial entre Jerarquía antirrevolucionaria y catolicismo popular, la Iglesia conserva una elevada credibilidad en comparación con otras instituciones.
La posición de la Jerarquía se ha manifestado a través de dos comunicados oficiales de la Conferencia episcopal venezolana, que se resumen en la siguiente propuesta: “Pedimos a los dirigentes de todos los partidos y agrupaciones, tanto sociales como políticas, que alienten a todos sus partidarios a contribuir con su conducta y sus palabras a bajar las tensiones, al reconocimiento de los adversarios y a la mutua reconciliación. Que sea firme y sostenido el propósito de construir la paz y evitar cualquier tipo de manifestación violenta que rompa la sana convivencia entre todos los ciudadanos” (CEV, 14 de febrero de 2014).
Aunque algunos dirigentes, sobre todo de la oposición, proponen la mediación de la Iglesia, difícilmente este gobierno aceptará su participación, porque ha quedado negativamente marcada por una desafortunada intervención del cardenal Velasco durante el intento de golpe de Estado de abril de 2002.
También se han pronunciado otros pastores de manera individual, como el obispo de San Cristóbal –lugar de los primeros disturbios- y el arzobispo de Maracaibo, el primero con un tomo más conciliador y el segundo más crítico. Hubo otros numerosos comunicados, provenientes de instituciones católicas, sobre todo la Universidad Católica Andrés Bello, y otras organizaciones cercanas a la Iglesia. En todos está presente el reconocimiento de la legitimidad de las protestas estudiantiles, la exigencia de la defensa de los derechos humanos y la convocatoria al diálogo nacional.
En cuanto al Centro Gumilla, con nuestra revista Sic y a través de la Red de Acción Social de la Iglesia, tratamos de contribuir a la despolarización política, al diálogo para la búsqueda de consenso y, en última instancia, para crear un clima de reconciliación.
Consideramos que sin negociación y sin acuerdos básicos el país se encamina a una ruina cuya reconstrucción, sobre todo institucional, demoraría muchos años, incluso si el petróleo mantuviera un buen precio… En un número extraordinario de Sic, que acaba de celebrar su 75º aniversario, seguimos proponiendo algunas vías de solución.
