El éxodo masivo de venezolanos encuentra cada vez mayor resistencia más allá de las fronteras y aumenta en los ciudadanos que han decidido salir del país el temor a no ser acogidos en los lugares donde buscan alivio a la emergencia humanitaria. El caso de Trinidad y Tobago es un ejemplo significativo: no sólo ha decidido la deportación de decenas de personas, entre ellas solicitantes de asilo, sino que también ha declarado abiertamente su rechazo a servir de refugio a quienes huyen de la crisis. Las repatriaciones y el rechazo a admitir a los viajeros también se han incrementado en naciones como Estados Unidos y República Dominicana
María Andreina Pernalete
Luego de pasar varios meses detenidos en el Centro de Detención de Inmigrantes de Aripo, Trinidad y Tobago, 82 venezolanos fueron deportados a Venezuela el 21 de abril. Uno de ellos era Germán Pérez (nombre cambiado para proteger su identidad) oriundo de Tucupita. No era la primera vez que iba a las islas, pues cuenta que viajaba hacia allá desde hace 15 años para trabajar a destajo. “A veces solo iba de vacaciones, pero la crítica situación de Venezuela me obligó a quedarme”, confiesa.
Pérez explica que trabajaba en lo que se presentara: realizaba labores de albañilería, construcción, herrería, con el propósito de ganar algo de dinero para sobrevivir y para ayudar a su familia.
Cuando la policía de inmigración de Trinidad lo retuvo, tenía su pasaporte al día, asegura. Lo detuvieron junto a decenas de venezolanos más y afirma que sufrió de retardo procesal a propósito: estuvo nueve meses detenido y fue al séptimo mes cuando finalmente lo presentaron ante la corte. “El gobierno de Trinidad y Tobago tiene una mafia con el de Venezuela. No sé de qué se trata, pero prefieren tener a los venezolanos presos”, afirma.
Diputados de la Asamblea Nacional han denunciado que más de 150 venezolanos permanecen recluidos en el IDC de Trinidad, uno de los destinos que buscan quienes huyen de la emergencia humanitaria que sufre el país, alimentada por la escasez de medicamentos y alimentos, la hiperinflación, la desnutrición y la crisis política y de seguridad. Si bien buena parte de los 2,3 millones de personas que la Organización Internacional para las Migraciones estima que se han marchado del territorio venezolano desde 2015 han encontrado un lugar de acogida más allá de las fronteras, también hay quienes se han mostrado adversos a esa marea humana y partidarios de ponerle barreras. El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowles, ha sido uno de ellos. Recientemente, expresó que no está dispuesto a tolerar la permanencia de venezolanos. “Somos una isla pequeña, con un espacio limitado, y no podemos permitir que la Organización de Naciones Unidas nos obligue a ser un campo de refugiados”, dijo el funcionario durante una rueda de prensa que reseñó la prensa internacional.
Ni abogado, ni embajador. Pérez señala que los detenidos en Trinidad no contaron con la asistencia de un abogado. “Solo vi a la embajadora dos veces desde que estuve detenido”, dice. Carlos Lusverti, abogado y coordinador general de Amnistía Venezuela, cuestiona la indiferencia de las autoridades venezolanas con el drama de los ciudadanos recluidos en Trinidad. “Todo venezolano en el extranjero tiene derecho a acudir a la embajada o al consulado”. Los sistemas de detención están en la obligación de informar a las representaciones diplomáticas, añade, “y estas, al menos, de interesarse en los casos”.
La diputada de la Asamblea Nacional y el Parlamento Amazónico, Larissa González, coincide: “La embajada de Venezuela no se ocupa de ellos. Tienen la obligación de ayudar y no lo hacen”, afirma. “Además, el gobierno de Trinidad y Tobago les impone una multa de entre 1.200 a 1.500 dólares americanos”, denuncia.
A Lusverti no le extraña que el consulado venezolano se muestre desinteresado. “No sorprende esa actitud, sobre todo en aquellos casos donde se esté alegando que el motivo de la salida del país es la persecución política o la crisis, porque el discurso oficial del Gobierno de Venezuela es el de desmentir que exista una emergencia humanitaria”.
Como reacción a las deportaciones, el Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados emitió un comunicado, firmado por el adjunto para protección Volker Türk, en el que criticó la repatriación forzada de los venezolanos y señaló que la acción constituye una violación al Derecho Internacional de Refugiados, pues en el grupo de los enviados de regreso a Venezuela se encontraban personas registradas como solicitantes de asilo y otras que habían expresado su intención de solicitar refugio. “Las deportaciones ocurrieron sin darles el derecho a que sus casos fueran evaluados”, acota Lusverti.
Pérez denuncia que las condiciones de detención de los venezolanos son deplorables y que se convierten en víctimas de abusos. “Si supieran lo que nosotros pasamos en Trinidad y Tobago, ellos no nos dan seguridad. Las mujeres son las que más sufren, son violadas y expuestas a explotación sexual. Muchos han sido golpeados, tanto mujeres como hombres. Esas son cosas que no se dicen”, afirma. Añade que no permiten que ONG, como Living Water Community, una asociación perteneciente a la iglesia católica, tenga acceso a las cárceles. “Y cuando consiguen en la calle a un venezolano con algún documento de asilo, la misma policía se lo rompe”. Los recluidos, cuenta, han promovido huelgas como protesta a la violación de sus derechos.
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, en una carta abierta a Rowley, recordó que las deportaciones masivas están prohibidas por las convenciones internacionales, “así como la violación a los principios de non-refoulement, confidencialidad, no-penalización, y el derecho al debido proceso y las garantías judiciales”. Así mismo expresó que Trinidad y Tobago está obligada a resguardar los derechos de aquellas personas en necesidad de protección internacional, como parte de la Convención sobre el Estatus de los Refugiados (Convención de 1951) y su Protocolo (1967). No aplicar estas leyes, “implica una violación del derecho internacional”.
Esperanzas fallidas en el norte. Trinidad y Tobago no es el único país donde se han incrementado las deportaciones de venezolanos, en medio de un clima de creciente rechazo al éxodo desesperado desde el país, en el que se suman los violentos incidentes de Pacaraima, Brasil, y las medidas recientemente anunciadas por Ecuador y Perú, que restringirán la entrada de quienes no tengan pasaporte.
Desde Estados Unidos, otro polo de atracción para la diáspora, las deportaciones de venezolanos se incrementaron 36% entre 2016 y 2017. Washington, en lo que va de año, ha tomado esa medida contra 258 venezolanos, según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, citadas por la prensa de Miami.
La agencia EFE hizo pública la historia de Helegner Tijera Moreno, quien luego de desertar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, llegó al puesto fronterizo de El Paso, Texas, el 4 de septiembre de 2016 solicitando asilo. Allí lo dejaron detenido en espera de que se resolviera la solicitud, que finalmente fue denegada por el gobierno estadounidense.
Ahora, Tijera confía en que la segunda apelación que presentó contra la denegación de asilo político le sea favorable. Devolverse a Venezuela, clama, sería un gran riesgo, ya que fue amenazado con ir a la prisión después de que el gobierno venezolano lo acusara de “militancia política”, según documentos judiciales citados por el diario El Nuevo Herald. Actualmente se encuentra en un centro de detención para inmigrantes en Otero, Nuevo México.
Más de 27.600 venezolanos solicitaron asilo en EE UU en el año fiscal 2017, un aumento de casi 400 % en comparación con los últimos dos años, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de ese país. El año pasado, 111.600 venezolanos solicitaron asilo en todo el mundo, según ACNUR, 3 veces más que en 2016. Este año, la previsión es que el número siga creciendo
Incertidumbre dominicana. “Hoy es tu día de suerte”, le dijeron los agentes de migración de República Dominicana a una venezolana mientras se llevaban detenidos a varios haitianos cerca del lugar donde reside. No les importó que llevara un uniforme de trabajo y, aunque no le pidieron los documentos, la amenaza de que luego vendrían por ella bastó para acabar con su tranquilidad. “Ni siquiera sé si fue una burla”, dice Inés Perales, nombre utilizado para proteger su identidad, venezolana de 36 años de edad que llegó a República Dominicana en 2015. “Considero que he tenido suerte, hasta hace poco trabajé en un buen lugar y me jefe me ayudó a obtener los papeles, pero mi visa de trabajo ya caducó. Ahora sacaron una nueva reforma para la renovación de la visa, te la están poniendo cada día más difícil”, cuenta.
Un sinnúmero de emigrantes vive con el mismo temor luego de que el gobierno autorizara la activación de un plan operativo para localizar a extranjeros ilegales en ese país, en su gran mayoría venezolanos y haitianos.
Según la primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en República Dominicana, Venezuela se encontraba entre las naciones con menor cantidad de emigrados hacia ese país, 3.434 personas. En la segunda encuesta, realizada en el año 2017, el número había aumentado a 25.872.
Inés sufre pánico cuando sale a la calle. “Le pido a Dios no toparme con la ‘camiona’, como llaman aquí al vehículo que usa migración, una especie de bus parecido al transporte escolar, que tiene rejas en las ventanas para evitar que alguien se escape”. Su pasaporte también está próximo a vencer, debió regresar a Venezuela hace un mes y no lo hizo. “Tengo miedo, si salgo del país no me dejarán regresar”.
La Dirección General de Migración de República Dominicana informó que la cantidad de venezolanos no admitidos aumentó a 1.592 entre 2017 y 2018, un incremento de 1.283 % con respecto a los 124 que hubo entre 2014 y 2016.
En unos meses, Perales también deberá regresar a Caracas a buscar la prórroga de su de su pasaporte, que solicitó desde el 8 de mayo sin que hasta ahora haya tenido respuesta. “Viajar hasta allá me sale muy costoso al igual que pagar las multas por no haber salido a tiempo, pero debo hacerlo. No quiero regresar a vivir a Venezuela, no ahora”.
Un gobierno indolente. Mientras los venezolanos comienzan a toparse cada vez con más frecuencia con fronteras adversas, los representantes del gobierno se niegan a admitir que existe una crisis humanitaria, aunque el presidente Nicolás Maduro anunció esta semana el arribo de un buque hospital de China, como respuesta al anuncio de Estados Unidos de que enviará un barco similar a Colombia para atender a los refugiados venezolanos.
La ONG Human Rights Watch ha criticado que las autoridades “no han articulado ni implementado políticas efectivas para mitigar la crisis por su propia cuenta, y han realizado acciones muy limitadas para obtener la asistencia humanitaria internacional que podría mejorar sustancialmente los resultados de sus limitados esfuerzos”.
Uno de los argumentos usados por las autoridades de los países que están endureciendo las medidas contra el ingreso de los venezolanos, es que la emigración incrementando los problemas de seguridad. Lusverti rechaza la discriminación que esconde el argumento y señala que si bien es cierto que algunos venezolanos han sido detenidos por estar involucrados en algún tipo de delito como hurto o robo, eso no implica que esas personas puedan permanecer encarceladas por largos periodos de tiempo sin ser presentados ante tribunales, como ocurre en el caso de los detenidos en Trinidad y Tobago: “La condición migratoria, ya lo ha dicho la Corte Interamericana, no es un obstáculo para que las garantías del debido proceso sean aplicadas, entre ellas: la presunción de inocencia y el derecho de ser llevado ante un juez o tribunal competente”, señala.
“En el caso de Trinidad y Tobago pareciera haber un problema estructural del sistema de justicia, que no ventila las acusaciones penales contra las personas de manera eficiente”, agrega. “Habría que determinar si se trata de una decisión de las autoridades de dilatar los procesos de juicio justo para las personas, como una forma de discriminarlas por su condición migratoria”.
A González le preocupa que se estén violentado masivamente los derechos de los venezolanos en ese país, no solo de los 82 deportados. La diputada agrega que hay más de 400 connacionales detenidos en varias cárceles, por diversas razones, pero en su gran mayoría por problemas de migración, que ahora esperan por una medida compasiva que evite que los regresen a la pesadilla de la que alguna vez intentaron escapar.
Nota: este reportaje fue publicado por Siete Días el 26 de agosto de 2018.
