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Puentes, discusión necesaria

salida

Ismael Pérez Vigil

Hay un tema que revolotea desde hace algunas semanas. Es un tema del que se habla en cualquier reunión que se realice en estos días, sea política o familiar o simple conversación de bar o cafetería. Algo de lo que todos hablamos en privado, pausada o acaloradamente, pero que no se ventila mucho en público, solo de manera tímida, indirecta, velada: ¿Cómo va a acabar todo esto, ¿cómo saldremos de este oprobioso régimen?

Creo que ha llegado el momento de comenzar a abordar la necesidad de tender puentes, consciente de que es un tema que no tiene muchas simpatías, ni compresión y enciende los ánimos hasta lo más vivo.

Por lo general, sobre este tema y el electoral que lo circunda, no hay mucho análisis de fondo ni muchos argumentos. Solo opiniones, más o menos argumentadas y básicamente deseos. Propuestas que salen del estómago y del hígado, más que de la cabeza.

Varias de las posiciones coinciden en negar cualquier posibilidad electoral y sostienen que todo desembocará en un “pronunciamiento militar”, para decirlo eufemísticamente. Los más radicales dicen claramente que será –es lo que desean– algún general o grupo de generales que se hastiará de todo lo que está pasando y saldrá a darle un “paseo en tanque” a los principales personeros del régimen. Los argumentos de esta tesis se centran en que ésta es una narco dictadura y no desalojará el poder por las buenas, sino a la fuerza. Olvídense de elecciones, dictador no sale con votos y no convoca elecciones que va a perder, dicen.

Una versión más moderada de la argumentación anterior agrega: nada de elecciones, primero hay que renovar todos los poderes del estado, no se puede ir a elecciones con este CNE, con este TSJ, con esta FAN de parte del Gobierno, que cuenta además con paramilitares armados y dispuestos a todo; por lo tanto, concluyen, “hay que desalojarlos primero del poder y reconstruir el estado”. (¡!)

Pero cuando se pregunta ¿cómo se desaloja del poder a un narco estado dictador que controla todas las instituciones y la Fuerza Armada? O ¿cómo se “restaura” el orden democrático o quien será el “restaurador”? Los argumentos enmudecen y queda flotando una respuesta, la única posible, obviamente tiene que ser por una “implosión” de esa Fuerza Armada que dé un golpe de estado. De manera que este hilo argumental termina entonces en el mismo punto que los anteriores.

Quienes creemos en la salida electoral apelamos al consabido ritornelo de que debe ser además constitucional, democrática y pacífica. Podemos aceptar y compartir gran parte de los argumentos mencionados, pero no podemos aceptar el carácter fatalista y que la salida de un régimen militarista, totalitario, sea para instaurar otro, de signo probablemente contrario, que no sabemos a dónde nos puede conducir y por cuánto tiempo. Es decir, traerá más inestabilidad e incertidumbre. Además, aspiramos que la salida sea civil, la única sustentable en el tiempo.

Pero una salida electoral, estemos claros en esto, no es algo que está a la vuelta de la esquina o que va a ser aceptado sin más por el régimen, ni por la oposición. Hoy el régimen sabe, por los resultados del 6D de 2015, por las encuestas y lo que ha estado ocurriendo en las calles desde hace un año, que ha perdido la mayoría del país y eso implica que se acabaron definitivamente su racha de victorias electorales para ser ahora una franca minoría en deslave. Por eso, entre otras cosas, desconoce los resultados electorales del 6D y el derecho al voto al negar el Referéndum Revocatorio a Nicolás Maduro y posponer sin fecha definida los comicios regionales, que a decir verdad son los únicos negados hasta el momento.

Soy de los que cree que el Gobierno ha cometido todo tipo de abusos, trampas, arbitrariedades, triquiñuelas, intimidación y engaños durante los procesos electorales –y los seguirá cometiendo– pero ha ganado los procesos generales, con la excepción del Referendo Constitucional de 2007 y las elecciones de la última AN y algunas gobernaciones y alcaldías importantes, resultados que ha aceptado a regañadientes, desconociendo después los resultados en varias circunscripciones, encarcelando alcaldes, quitándoles atribuciones y presupuesto, pero ha tenido que aceptar esas derrotas. Pero también sé por experiencia que cuando hay una buena cobertura de la oposición en los centros de votación y hay observación electoral nacional e internacional, es difícil que el Gobierno pueda hacer trampa con los resultados de las votaciones, por más abusos que cometa durante el proceso electoral y que deben ser también documentados, registrados y denunciados. Ya vivimos la experiencia del 6D que nos dice que cuando se produce una avalancha de votos, no hay forma de detenerla y alterar los resultados.

Otro tema es como hacemos que se respeten los resultados, para que no vuelva a ocurrir lo que estamos viviendo con la AN. Aquí es donde debe estar el peso de la estrategia y se debe centrar en una especie de tenaza, que fortalezca a la oposición –como está ocurriendo ahora– y que debilite más al Gobierno, nacional e internacionalmente. Con la fuerza de las movilizaciones y las protestas tenemos que hacer que funcionen los restos de institución que puedan quedar, para que presionen, para que obliguen al Gobierno a entrar en razón y para que, junto con demostraciones masivas del pueblo, impidan que se escamotee el triunfo electoral.

Pero una salida definitiva a esta situación implica, y ya se debe comenzar a hablar claro sobre esto, ofrecer una “salida” a altos funcionarios del Gobierno, que les garantice que sus vidas y familias serán respetadas, que podrán eventualmente irse del país o quedarse, bajo ciertas condiciones. No podemos olvidar, porque es así, que para muchos personajes del Gobierno se trata de “todo o nada”, con la perdida de unas elecciones pierden todo: el poder, el manejo de las instituciones, el manejo de los recursos económicos del país y la riqueza personal y prebendas que ahora tienen, el estilo de vida que disfrutan, es decir, todo, y se exponen muchos de ellos además a ir a la cárcel o el exilio; por tanto se debe estar dispuesto a negociar –sí, negociar, esa es la palabra– para ofrecerles garantías de una salida que permita que desalojen el poder.

Esa “negociación” como condición para lograr la salida, debe comenzar por la base, por la carcomida base del chavismo/madurismo, entre los diputados de la AN, los alcaldes de pueblos y ciudades, los concejales municipales y diputados de asambleas legislativas, entre los líderes estudiantiles de las universidades, entre los representantes de los consejos comunales, a todas esas instancias les debe llegar el mensaje de que si se produce una salida “negociada” es posible pensar en inmunidad para ciertas faltas cometidas y el respeto para quienes no tengan nada grave  pendiente; pero que si la salida es de otra manera, violenta, por una implosión social, no será posible garantizar nada. Y cuanto más tiempo transcurra, más difícil será lograrla, pues la cruel y brutal represión y las violaciones a los derechos humanos se irán incrementando. Los altos “personajes” de las dictaduras o de este tipo de regímenes suelen tener su salida “arreglada” para disfrutar de un exilio dorado, pero los funcionarios medios y bajos son los que quedan pagando las consecuencias de cosas en las que a lo mejor no han tenido responsabilidad.

Eso implica que se nos impone también una “negociación” a lo interno de la oposición, para ponernos de acuerdo en las cosas en las que estamos dispuestos a ceder y en las que no. Obviamente los delitos de lesa humanidad, contra los derechos humanos, no pueden ser olvidados, pero sí tomar en cuenta que como esos delitos no prescriben, habrá siempre la oportunidad de obtener justicia y reparación en el futuro, como ha ocurrido en otros países, y que ahora lo importante es encontrar una salida a la situación que vivimos.

En síntesis, se trata de tender puentes, que les den garantías a ciertos funcionarios del Gobierno que podrán dejar el poder, sin correr riesgos personales o familiares; si esto no ocurre, se aferrarán al poder, con todo lo que tienen y el proceso de desalojarlos será mucho más largo, costoso y doloroso para todo el país, prolongando la tragedia que vivimos y elevando el costo de la recuperación de nuestras vidas, nuestro futuro, nuestro país.

Llegará el tiempo de aplicar y conseguir justicia en un país donde funcionen sus instituciones, el futuro esté en manos de sus ciudadanos y se construyan sueños.

 

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