Comunicado
Puentes Ciudadanos Colombia Venezuela, una convergencia de personas vinculadas a universidades y organizaciones sociales de los dos países que impulsa la diplomacia ciudadana, expresa su profunda preocupación ante las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, mediante las cuales designó a los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE), concedió a este órgano competencias legislativas, y nombró nuevas directivas a diversos partidos de la oposición venezolana.
Estas decisiones constituyen una extralimitación de las competencias constitucionales del TSJ, son una injerencia en el Poder Legislativo y judicializan más la vida política del país. Son un nuevo obstáculo en la ruta por lograr una solución pacífica y democrática al conflicto político en Venezuela, que pasa por unas elecciones de acuerdo a los estándares internacionales y con todas las garantías que, entre otras, incluyen un árbitro electoral imparcial y legalmente designado, así como la libre participación de todos los actores políticos, sin restricción ni manipulación alguna de los partidos políticos, cuyos militantes deben escoger libremente a sus directivas.
En el seno del Parlamento venezolano viene funcionando el Comité de Postulaciones, constitucionalmente conformado por las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Nacional y por la sociedad civil, que tiene como función proponer los nombres de ciudadanos calificados para ser rectores del CNE, que serían posteriormente aprobados por la plenaria. Resaltamos que esta es la vía institucional, constitucional y de amplio consenso para la realización de elecciones transparentes y competitivas, factor fundamental para la resolución de la crisis y el restablecimiento de la democracia.
Gran parte de la comunidad internacional ha pedido respeto a la Constitución en la conformación del CNE y ha llamado a la no judicialización de la vida político partidista del país. Asimismo, ha insistido en las iniciativas que ha impulsado en el pasado, tales como el Mecanismo de Oslo, el Mecanismo de Montevideo o las gestiones del Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea, como instancias que coadyuven a que los actores políticos relevantes de Venezuela retomen la negociación para la búsqueda de una solución al conflicto. No hacerlo, alejaría al país de una solución política y pacífica y agravaría su Emergencia Humanitaria Compleja.
Ratificamos el compromiso con nuestros objetivos: una negociación y transición pacífica, política y democrática en Venezuela, la reconstrucción de la relación binacional, el fortalecimiento y participación de los distintos ámbitos fronterizos compartidos y la consolidación de la paz en Colombia. Reiteramos el llamado a los actores políticos relevantes nacionales y a los internacionales a retomar los esfuerzos que conduzcan a una solución política y pacífica en beneficio de los venezolanos. Insistimos en la necesidad de mecanismos de comunicación y cooperación binacional, la reactivación de las relaciones bilaterales de distinta naturaleza y la atención de los migrantes forzados, incluidos los retornados.
Colombia y Venezuela, a trece (13) de julio de 2020.
Firman,
o Reinaldo Manrique. Coordinador Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Capítulo Táchira, Venezuela.
o María Teresa Garcés Lloreda, miembro de La Paz Querida, Colombia.
o María Carolina Uzcátegui. Empresaria. Ex presidente de Consecomercio, Venezuela.
o Meudis Quintero. Profesora Universidad de La Guajira, Colombia.
o Francisco Javier Sánchez. Profesor Asociado e investigador. Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI). Universidad de los Andes, Táchira, Venezuela.
o Pilar Gaitán, miembro Corporación La Paz Querida, Colombia.
o Nory Soto. Comunicadora Social. Zulia, Venezuela.
o María del Carmen Muñoz Sáenz, Investigadora. CINEP/PPP, Colombia.
o Eduardo Soto S.J. Director Nacional Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), Venezuela.
o Carlos E. Mejía, OXFAM, Colombia.
o Ana Marleny Bustamante. Profesora Titular e investigadora. Centro de Estudios de Fronteras e Integración (CEFI). Universidad de los Andes, Táchira, Venezuela.
o Daniel Morón Oñate, Fundación Trabajando Juntos, La Paz, Cesar, Colombia.
o María Teresa Urreiztieta. Profesora Titular e investigadora. Universidad Simón Bolívar, Venezuela.
o Arlene Tickner, Universidad del Rosario, Colombia.
o Alfredo Infante, S.J. Director de la Revista SIC de la Fundación Centro Gumilla. Venezuela.
o Marina Sierra, Universidad de Norte de Santander, Colombia.
o Francisco Alfaro Pareja. Investigador externo. Universidad Simón Bolívar, Venezuela.
o Luis Eduardo Celis. Analista de conflictos y paz, Colombia.
o Sailyn Fernández Fernández. Comunicadora y miembro del Comité de DDHH de La Guajira, Zulia, Venezuela.
o Laura Gil. La Línea del Medio, Colombia.
o Mariela Ramírez. Arquitecto-Activista Ciudadana, Venezuela.
o Mauricio García, S.J. Director del Servicio Jesuita de Refugiados (JSR). Colombia.
o Leonardo Manrique. Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia. Capítulo Táchira, Venezuela.
o Socorro Ramírez. Profesora jubilada, Universidad Nacional de Colombia.
o Luis Manuel Esculpi, parlamentario venezolano jubilado, Venezuela.
o Martha Lucía Márquez. Profesora, Universidad Javeriana, Colombia.
o Francisco Martínez. Empresario. Ex presidente de FEDECÁMARAS, Venezuela.
o Héctor Galeano David, Corporación Cultura y Desarrollo, Barranquilla, Colombia.
o Gilberto Rangel. Universidad de los Andes, Venezuela.
o Karen Almanza. Profesora Universidad de La Guajira, Colombia.
o Eira González. Comunicadora indígena Wayuu, miembro de la Red de Parceros y Panas y reportera de frontera de Fe y Alegría, Venezuela.
o Suraya Pimienta. Profesora, Universidad de La Guajira, Colombia.
o Claudia Mosquera. Profesora, Universidad Nacional de Colombia
o Movimiento Ciudadano Dale Letra, Venezuela.
o Diakonia apoya a los miembros de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela firmantes de este comunicado
