Javier Contreras s.j.
Desde ayer, 3 de marzo, ha comenzado una serie de protestas en contra de la sentencia del TSJ respecto a las competencias de la AN. Estas protestas, encabezadas por supuestos estudiantes, deben prender las alarmas de la colectividad más allá de la orientación política o filiación partidista.
El primer acto: secuestrar y posteriormente incendiar un vehículo adscrito a PDVSA; el segundo acto: insinuar que pronto se pueden sumar más estudiantes y otros sectores de la sociedad a estas manifestaciones. ¿Es muy difícil intuir el tercero, el cuarto o quinto acto? ¿Conviene olvidar el caos y la anomia vividas en 2014 cuando se pretendió hacer del Táchira la vanguardia de la resistencia?
La respuesta en ambos casos es no y, precisamente por eso, no caben la ingenuidad y la emotividad a la hora de condenar enérgicamente estas acciones, aun corriendo el riesgo de ser etiquetado como pro Gobierno o descalificado bajo cualquier epíteto.
Es evidente que la sentencia del TSJ contra la que se manifiesta es una muestra de arbitrariedad y sumisión del Poder Judicial ante el Poder Ejecutivo. También es cierta la incapacidad que tiene el Gobierno Nacional para ver la realidad e interpretar el sentir de la mayoría de los venezolanos, aquejados por escasez, inseguridad, inflación y crisis de los servicios públicos elementales; eso está claro, no requiere un sesudo análisis.
Ahora bien, sí hace falta pensar, y mucho, el cómo hacer frente a esta situación, agravada por la actuación del TSJ que al pretender limitar las funciones de la AN pretende, por derivación, desconocer la opinión de los venezolanos expresada a través del voto el 6 de diciembre. Pensar es tener un horizonte, es imaginar y tratar de construir espacios superadores, no meramente sustitutivos de nombres y rostros, pero con prácticas ya conocidas.
No hay que hacerle comparsa a la violencia, es absurdo intentar reeditar mecanismos que solo generan temor y más atraso. Ante la actuación del Gobierno lo que exige el momento es el fortalecimiento del músculo ciudadano, el fortalecimiento de una sociedad que para ser realmente civil, no puede ni por asomo, justificar y acompañar estas aventuras de grupos que siendo minoría se creen con el derecho de trastocar la cotidianidad, en sí misma complicada, de las personas.
Avanzar hacia la modernidad política, tantas veces invocada, no es un tránsito que el o los Gobiernos han de hacer solos, es un ejercicio que puede resultar doloroso y demanda renunciar a muchas de las formas que se asumen como normales o lógicas. Utilizar capuchas, incendiar vehículos y sitiar lugares no es normal y no es lógico.
