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Edificio Centro Valores, local 2, Esquina de la Luneta, Caracas, Venezuela.

Protestas, corrupción y repunte de COVID

EFE(1)(1)

La Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), se encarga de velar por la administración y planificación de los recursos del Estado, para que los mismos se gestionen de manera eficiente y puedan cumplir con los compromisos adquiridos con los trabajadores, empresas privadas y cualquier otro organismo que tenga alguna responsabilidad adquirida con el sector oficial. No obstante, a partir del 2018, con la entrada en vigencia de la reconversión monetaria, la Onapre realizó un ajuste a las tablas salariales de la administración pública, regulando y, en muchos casos, reduciendo los beneficios que tenían los trabajadores del Estado. Profesionalización, primas y otras gracias con las que contaban, se fueron disminuyendo, lo que desmejoró sustancialmente los ingresos de millones de venezolanos, adscritos a los organismos oficiales.

Personal obrero, trabajadores de la salud y hasta los docentes, han vivido un calvario con el salario que reciben cada quincena, más cuando deben lidiar con una economía dolarizada, donde el bolívar reduce su valor y muy poco vale en el mercado de las transacciones. Ni la profesionalización o los años de experiencia contribuyen a la mejora del ingreso, algo que, en años anteriores, era un plus que beneficiaba a los empleados públicos y los estimulaba a formarse constantemente, así como desarrollar la carrera administrativa dentro del Estado.

El reglamento vigente de la Onapre comenzó recientemente a ser un punto de tensión entre el gobierno de Nicolás Maduro y los trabajadores, ya que termina siendo insuficiente y le da un bajón al salario que perciben. Incluso ha pasado por encima de las contrataciones colectivas acordadas entre los diferentes sindicatos con la administración pública.

Esta situación ha afectados a todos los niveles de los empleados públicos: nacional, regional y municipal; incluso se han visto perjudicados los docentes y el personal adscrito a la Asociación Venezolana de Educación Católica (AVEC).

El más reciente capítulo de la tensa relación Estado-trabajadores ocurrió con el pago del bono vacacional a los docentes y personal de educación, el cual –sin explicación alguna–llegó incompleto. De manera extraoficial, se supo que el cálculo realizado por la Onapre se hizo con base en “el salario viejo” y no al que entró en vigencia con el Decreto Nº 4.653, mediante el cual se aumenta el Salario Mínimo Mensual obligatorio, así como el monto de Jubilaciones y Pensiones; y el Decreto Nº 4.654, mediante el cual se incrementa el beneficio del “Cestaticket Socialista”, según Gaceta Oficial Extraordinaria Nª 6.691 del 15 de marzo de 2022.

Los docentes han amenazado con no incorporarse a trabajar el próximo año escolar, si no les pagan lo que les corresponde. Esto pone en peligro el reinicio de clases en septiembre y perjudica a millones de niños, niñas y adolescentes que necesitan de una formación permanente, sobre todo, luego de dos años de pandemia.

Por los momentos, los empleados públicos reclaman sus reivindicaciones en la calle, donde exhortan al Gobierno a derogar el reglamento de la Onapre e iniciar discusiones sobre las contrataciones colectivas con los sindicatos. El 4 y 9 de agosto han sido fechas claves donde las protestas por las mejoras salariales son un indicativo de la ausencia de una política real que mejore las condiciones de vida de millones de trabajadores.

El malestar por la desmejora salarial también llegó a los sindicatos afines al chavismo, representados por Wills Rangel han solicitado abiertamente al Ministerio del Trabajo, una resolución al problema de pagos, acusando además a la oposición y a unos tecnócratas de crear un clima de inestabilidad.

El Estado tiene entre manos una papa caliente, ya que nadie ha respondido de manera oficial a los reclamos de los trabajadores. En su lugar, lo que se tiene como respuesta oficial, es un recurso aceptado por la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que considerará la anulación del reglamento de la Onapre.

Entretanto, habrá que esperar los siguientes pasos: ¿Qué respuesta dará el Gobierno nacional? ¿Dejará que sea el TSJ quien tome la decisión final? ¿Qué harán los trabajadores? ¿Estamos ante un paro de la administración pública?

Caso Monómeros

Nuevamente desde la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, se da el debate de la situación con la empresa Monómeros, la misma se encuentra en medio de una disputa entre las organizaciones que integran la oposición. La empresa del Estado, que hace vida en Colombia y es administrada por el interinato, encabezado por Juan Guaidó, tiene graves problemas financieros y poca transparencia en el manejo de los recursos.

El pasado 2 de agosto, la AN realizó una sesión dónde se debatió el caso de Monómeros; solicitándose, además, la destitución inmediata de su gerente general, el ciudadano Guillermo Rodríguez Laprea. En respuesta a esta acción, el propio Rodríguez Laprea denunció a un sector de la oposición por intentar devolver Monómeros a Maduro.

La empresa, desde el año pasado, ha estado en el ojo del gobierno colombiano, ya que al ser un productor de fertilizantes y usar como materia prima el mismo componente que se destina para explosivos, así como proveer a gran parte de los agricultores del norte de Colombia, representaba una especia de “peligro” que la misma dejase en riesgo a millones de ciudadanos en el vecino país, ante una posible escasez de alimentos o la toma de material altamente peligroso en manos de grupos irregulares.

Aunque el Gobierno de Nicolás Maduro ha sido reiterativo en denunciar la corrupción del interinato con el manejo de Monómeros, las mayores denuncias han venido desde la propia oposición: José Luis Pirela, integrante de la AN, y Eric Ondarroa, secretario general de la Alianza del Lápiz, han acusado a sectores vinculados al G-4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo), de repartirse un botín con los cargos, contratos y recursos que provee la empresa.

A pesar de las denuncias emitidas desde sectores de la oposición y algunos medios digitales, no ha habido una respuesta oficial por parte de la propia administración de la empresa o del equipo de Juan Guaidó, lo cual ha venido dejando severas dudas sobre el manejo de un activo clave para el Estado y que, hoy por hoy, corre peligro de perderse si no se hacen los correctivos necesarios.

En medio de este conflicto, surge una nueva realidad en el contexto colombiano: la llegada al poder de Gustavo Petro. Frente a ello valdría la pena preguntarse: ¿Qué medidas tomará Petro con respecto a Monómeros?

Todo parece indicar que el gobierno de Petro pudiera devolverle Monómeros al gobierno de Maduro, aunque existe la posibilidad de que expropie la empresa al interinato para asumir directamente su conducción local.

Cualquiera que sea el destino de Monómeros, lo cierto es que deberá pasar por un acuerdo político, para evitarle al país más traumas y disputas por los recursos que, en teoría, pertenecen a los venezolanos.

Aumento de los casos de COVID-19

Durante el mes de julio se evidenció un aumento sustancial de los casos por COVID-19. De un promedio de 100 casos diarios, se está llegando a alcanzar la cifra de 500 contagios por día. Los especialistas afirman que estamos experimentando una nueva ola de contagios, pero en esta ocasión, los infectados no tienen síntomas tan fuertes, producto de los efectos de la vacunación. La alerta que hacen es la de evitar relajar las medidas de bioseguridad, el uso constante de la mascarilla, por ejemplo, será clave. ¡La prevención de los contagios depende de cada uno de nosotros!

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