La Red por los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes (Redhnna) condena y rechaza una vez más la violencia y la represión policial y militar hacia la ciudadanía, especialmente hacia niños, niñas y adolescentes que, desde el pasado 22 de enero y como resultado de su participación en las protestas que actualmente realiza el pueblo venezolano en su lucha por lograr la restitución de sus libertades y de la democracia para el respeto y cumplimiento de sus derechos sociales, lesionan el derecho a la vida, integridad personal, justicia y libertad de niños, niñas y adolescentes y se suma a las diversas violaciones a garantías básicas que ya padecen, como son el derecho a la alimentación, la salud, la educación y a la protección debida.
Existen graves restricciones de acceso a la información por lo que, solo a partir de medios de comunicación digitales y redes sociales, se ha podido conocer la muerte de al menos dos adolescentes que ejercían su legítimo derecho a la manifestación en los términos definidos por la ley; al respecto, han sido señalados como presuntos responsables funcionarios de organismos de seguridad del Estado.
El Estado venezolano está obligado a investigar las condiciones en que se produjeron esas muertes, a determinar las responsabilidades y a reparar los daños causados. Ante la gravedad de las denuncias, sorprende el silencio del Ministerio Público, la Defensoría de Pueblo y demás instancias de la administración de justicia, que tienen la obligación ineludible de conocer estos hechos, promover las acciones que correspondan para asegurar que estos asesinatos no queden impunes y hacer justicia a las víctimas y a sus familiares.
Como en años anteriores, están ocurriendo detenciones arbitrarias de niños, niñas y adolescentes en sus propias comunidades e incluso en sus hogares, sin cumplir con la normativa y procedimientos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna). Se ha constatado así mismo que no solo se les presenta a juicio y se les priva de libertad sin garantizar su derecho a la defensa y al debido proceso, sino que se les acusa, incluso cuando no han cumplido la edad requerida para el establecimiento de la responsabilidad penal, lo que en sí mismo constituye una clara violación de la normativa legal vigente.
Las autoridades del Sistema de Justicia que así actúan deben ser inmediatamente acusadas por la comisión de delitos tipificados en el Capítulo IX relativo a infracciones y delitos del Título Tercero de la Lopnna.
Sólo en los estados Apure y Yaracuy, la ONG Foro Penal contabilizó hasta el 26 de enero, 15 adolescentes bajo arresto (4 en Apure, 11 en Yaracuy) y en todos los casos hay muestras claras de golpes y diversas formas de maltrato físico y trato humillante. Asimismo, de 791 personas arrestadas para esa fecha en todo el territorio nacional, 72 eran menores de edad. En varios de estos casos se les mantuvo incomunicados y se pidieron fiadores para poder liberarles.
Nuevamente alertamos sobre la evidente actuación violenta y violatoria de derechos humanos por parte de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado que por mandato de la Ley están obligados a garantizar la vida, la integridad personal y los derechos de la población. Estas acciones de represión policial y militar pueden calificarse como crímenes contra la población civil y así deben ser denunciados.
