24 de junio de 2026, seis y cuatro minutos de la tarde. Dos sismos consecutivos destruyeron la costa en apenas treinta y nueve segundos. El terremoto dejó en evidencia las debilidades estructurales e institucionales de un país acostumbrado a sobrevivir “como vamos viendo”.
Hoy, a más de tres meses del desastre, el panorama sigue suspendido entre el luto y el polvo. El balance oficial que dejó la catástrofe supera los 6.500 fallecidos, miles de heridos y más de 12.000 familias damnificadas. Sin embargo, más allá de la frialdad estadística, el sismo ha abierto una grieta ética y social que interpela de manera directa a la Iglesia, al Estado y a la ciudadanía organizada. Al igual que en la Tragedia de Vargas de 1999, la vulnerabilidad del territorio costero vuelve a pasar factura, demostrando que la falta de planificación urbana, la permisividad en las normas de ingeniería y la irresponsabilidad en la fiscalización de las construcciones son tan letales como las propias ondas sísmicas. La Guaira ha sido históricamente la puerta de entrada a Venezuela, pero también el espejo donde se reflejan nuestras peores improvisaciones.
La infraestructura pública del estado sigue colapsada. La parálisis económica agrava la tragedia. El comercio local está técnicamente muerto. El turismo, pulmón financiero de la región, ha desaparecido casi por completo debido al daño estructural en las vías de acceso y en la planta hotelera. Familias enteras que dependían del trabajo informal en las playas o de pequeños negocios comerciales hoy se encuentran en la indigencia absoluta, dependiendo exclusivamente de la asistencia social.
La emergencia ha salido de los grandes titulares y la gente que masivamente colaboró en un estallido de fraternidad orgánica ha tenido que ir retomando su quehacer cotidiano. Representantes del voluntariado de Cáritas de Venezuela alertan con profunda preocupación que cerca del 80 % de los centros de acopio temporales gestionados por la sociedad civil han tenido que cerrar sus puertas o reducir críticamente sus operaciones. Las donaciones particulares han mermado drásticamente debido a la compleja situación económica nacional, y la ayuda internacional llega a cuentagotas.
Frente a este vacío de gestión, son las propias comunidades las que sostienen la vida en los refugios. Lideradas predominantemente por mujeres, se han articulado las «ollas comunitarias» y comités vecinales de salud para racionar el agua y vigilar la nutrición infantil. Redes independientes como Cadena de Favores, en alianza con la Iglesia local, mantienen pequeños dispensarios móviles que recorren los campamentos. Es una solidaridad de trinchera: ya no es el júbilo del primer envío de provisiones, sino el desgaste silencioso y heroico de acompañar al que no tiene nada en su cotidianidad rota. No obstante, el desafío de fondo no es la supervivencia diaria, sino la reconstrucción integral del tejido social e institucional.
Venezuela necesita una inversión estimada en más de 21.000 millones de dólares para la recuperación de su infraestructura tras los sismos. Pero esta inversión económica será estéril si no viene acompañada de una refundación institucional basada en la transparencia, la contraloría social y el desmantelamiento de las lógicas clientelares que convirtieron las viviendas en trampas mortales. No se trata de volver a levantar bloques de concreto en los mismos suelos inestables; se trata de repensar el territorio desde el respeto a la vida humana y la rigurosidad técnica.
No los dejemos solos. Que nuestra dura cotidianidad no sea una excusa para mirar a esos hermanos que, tan cerca y tan lejos, nos recuerdan cómo la vida puede cambiar de un momento para otro y qué lo que hagamos, por muy pequeño que nos parezca, cuenta y ayuda. La salvación de este país solo será posible con la densificación de esa ciudadanía solidaria que aún hoy, entre el luto y las ruinas, insiste en compartir el pan, remover las piedras y mantener encendida la esperanza.
