Espacio Público
Publicar una caricatura, una crítica o una opinión contraria a lo que al gobierno le parece adecuado, podría derivar en 25 años de cárcel. Cuestionar a la autoridad es un derecho: quienes detentan el poder son servidores públicos y están expuestos a un mayor escrutinio de sus acciones -públicas o privadas – ya que afectan el desarrollo del país en el que convivimos. La regulación de las redes sociales por mensajes de odio limitaría aún más la libertad de expresión en Venezuela.
Todos tenemos una vida pública y una vida privada, lo que compartimos con quien nos acompaña en la oficina, en el metro, o en el autobús, no es tan íntimo como lo que le confesamos a nuestros familiares o amigos más cercanos. Todo gobierno totalitario pretende dominar el ámbito público y todas las opiniones que allí se comparten, pero para eso debe también dominar el espectro de lo privado.
La criminalización de la opinión persigue un fin: generar miedo en la población y evitar que se hagan públicos los pensamientos contrarios al discurso gubernamental. Esta práctica es común a todos los regímenes totalitarios, que buscan imponer un discurso único, donde la “verdad” sea aquélla divulgada por el líder, todo lo contrario, es perseguido, señalado, castigado.
En este sentido, el totalitarismo considera legítimo dominar el ámbito privado a través del miedo y la represión, para que no se refleje en los espacios públicos aquello que opinamos y compartimos en lo privado. Tras publicar en su perfil de Twitter caricaturas que ridiculizaban al gobierno, Alejandro González1. fue apresado, desaparecido e incomunicado, sometido a torturas y luego liberado bajo amenazas.
Nuestras ideas y pensamientos pueden y son frecuentemente compartidas a través de las redes sociales: qué nos gusta, lo que nos desagrada, lo que nos genera adhesión o rechazo, la filiación política, el humor. El gobierno pretende censurarnos a partir del miedo, frente a la amenaza de ir a la cárcel por opinar o emitir mensajes que no estén dentro de los estándares determinados arbitrariamente por ellos.
Alejandro fue uno de los trece venezolanos encarcelados, por opinar contra el gobierno o difundir información que este considera incómoda. Con poco más de 300 seguidores en Twitter, su opinión fue desagradable al gobierno, lo que le conllevó estar detenido injustamente, recibir torturas incluso con descargas eléctricas, y salir en “libertad” con el ojo del gobierno sobre la espalda, amenazante, y obligándolo a presentarse en tribunales con frecuencia.
De los creadores de “Aquí no se habla mal de Chávez”
El gobierno pretende sancionar la “ley contra el odio, la intolerancia y la violencia”. Según los voceros oficialistas, la ley “regulará las empresas de redes sociales”2, además de contemplar sanciones económicas y penales severas, contra personas y medios de comunicación que promuevan y ejerzan “acciones de odio”3, contemplando privativas de libertad entre 10 y 25 años de prisión.
El contenido de este proyecto de ley no es de acceso público, no existe algún sitio donde pueda ser consultado, a pesar de que sus promotores señalan que se encuentra en fase de debate nacional. Lo que se conoce ha sido difundido por las declaraciones de funcionarios designados para su aprobación.
La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) lidera su ejecución. Un ente ilegítimo, cuya elección no fue consultada, y sobre el que pesan denuncias de fraude, que en lugar de ser investigadas, fueron desestimadas e ignoradas por las autoridades. La ANC usurpa las funciones legislativas de la Asamblea Nacional, responde y representa abiertamente los intereses del partido de gobierno.
Los 500 constituyentistas pasan por encima del voto de millones de venezolanos, asumen su labor ilegítima con poderes plenipotenciarios, aunque esa figura no existe en la Constitución. La eliminación de facto del Estado de derecho, de la existencia e independencia de poderes, se traduce en mayor ausencia de garantías, en este caso para expresarnos sin miedo a ser perseguidos o apresados.
Control de las redes, vieja intención
La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), bajo la dirección Andrés Eloy Méndez anunció en 2016 la necesidad de regular las redes sociales, para lo que se planteó la discusión de un reglamento como también la reforma de la legislación existente. Tras la censura de los canales internacionales CNN En Español, Todo Noticias y El Tiempo; Méndez reiteró tal propuesta a señalar que las redes son “herramienta cómplice del accionar terrorista”4.
De la misma forma indicó que Conatel regulará con “mayor eficacia” las redes y medios electrónicos en el marco de la renovación del decreto de Estado de Excepción, en mayo de 2017. El funcionario también condenó el anonimato, con un llamado a erradicarlo inmediatamente e indicó que el organismo se encontraba trabajando en mecanismos de autentificación de identidad.
El Anonimato permite que quienes son perseguidos o pertenecen a grupos vulnerables puedan expresarse sin poner en riesgo su identidad, evitando así ser blanco de más señalamientos en su contra y resguardando el entorno privado e íntimo del individuo. Esto permite que la opinión pública conozca la información, la analice y decida según sus propios criterios, sin seguir exponiendo a personas o grupos a la represión estatal.
Contra los estándares internacionales en materia de libertad de expresión, en Venezuela está prohibido constitucionalmente el anonimato. La legislación corresponde la responsabilidad ulterior con la identidad del emisor del mensaje, lo que revela una visión restrictiva que, además de lo expresado anteriormente, desestima los espacios de expresión garantizados por el anonimato, con ausencia de garantías en contextos hostiles y restrictivos.
Tanto en las leyes como en la práctica, se ha revelado un actuar desde las restricciones, retrocediendo en los derechos por las imposiciones de un gobierno intolerante que aplica sanciones penales contra delitos de opinión, criminalizados bajo un discurso bélico que asume a ciudadanos que se expresan distinto como enemigos internos, al acusarlos de “terroristas”.
Las sanciones propuestas en el marco de este proyecto de ley, extenderían y pretenderían darle una apariencia legal a una serie de prácticas restrictivas que ya existen, y están caracterizadas por la arbitrariedad, la politización de los procesos, la ausencia de garantías y la desproporción de las sanciones. Quien hace la ley, decide qué es un mensaje “de odio”, presumiblemente según sus conveniencias.
Los bloqueos no son nuevos, son norma
Durante las elecciones presidenciales del 2013, el gobierno suspendió el servicio de Internet de la mayor operadora del país, la estatal Cantv, como presunta “maniobra” ante ataques informáticos contra los sistemas públicos, según declaraciones del entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza.
En 2014, el gobierno venezolano sacó del aire al canal colombiano NTN24 y bloqueó posteriormente sus sitios web porque “estaba promoviendo la agitación social”, tras informar sobre las protestas sociales de febrero de 2014, que en ocasiones desencadenaron en enfrentamientos y hechos de violencia.
En el año 2015, William Castillo como representante del Estado, negó ante la ONU que se hayan bloqueado imágenes de Twitter, y señaló que no es una política estatal bloquear páginas web. Sin embargo, reconoció que hubo 924 enlaces bloqueados del sitio web DolarToday y agregó que “legalmente” 1060 sitios fueron bloqueados en Internet por requerimiento de otras autoridades.
La noche del pasado 28 de junio de 2017 se registró el bloqueo del sistema de nombre de dominio (DNS) de las redes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Periscope, durante una hora aproximadamente, en toda Venezuela. Esta acción contraria a la libertad de expresión sólo pudo responder a la orden de Conatel, pues es el único organismo que habilita el trabajo de los proveedores de Internet. No se tuvo acceso a ninguna de estas redes por computadora, solo a través de la telefonía celular7.
La opacidad domina en los procesos que llevan al bloqueo de sitios: no se especifican las causas que determinaron tales decisiones, en unos casos la justificación no explica la medida, y en otros ni siquiera se asume que hay restricciones. La arbitrariedad y secretismo en la administración de bienes y servicios públicos revela un afán por censurar y viola nuestro derecho a estar informados. Estas acciones muestran una incomprensión del Internet, que se rige por normativas que no corresponden al espectro radioeléctrico convencional, de allí que deba ser gestionada junto a la sociedad, con rigurosidad y sobre todo en respeto a los derechos humanos de los usuarios en línea.
Fuente: http://espaciopublico.ong/pretension-totalitaria-anunciada-la-regulacion-redes-sociales-i/
