Por Alfredo Infante, s.j.
El lunes 14 de marzo de 2022, Lupa por La Vida (LPLV) presentó su informe sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales en Venezuela durante 2021[1]. Este proyecto es resultado de una alianza entre el Centro Gumilla y PROVEA para monitorear, en el territorio nacional, la violación del derecho a la vida y se focaliza en las ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública.
Según el papa Francisco, cuando hablamos de ejecuciones extrajudiciales:
Se trata de homicidios deliberados cometidos por agentes estatales, que a menudo se los hace pasar como resultado de enfrentamientos con presuntos delincuentes o son presentados como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional de la fuerza para proteger a los ciudadanos.[2]
El informe de LPLV contabilizó 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales, una disminución del 53 % respecto a 2020, cuando se registraron 3.034 casos. Aunque hubo una reducción importante en las cifras, el patrón de actuación policial sigue siendo de gran letalidad.
El 100 % de las víctimas son de sectores populares –escenario de los operativos de seguridad– lo que indica que los barrios están siendo sometidos a un continuo y sistemático “Caracazo”, suceso histórico ocurrido entre febrero y marzo de 1989, en el que se trató a los habitantes de las zonas vulnerables de la ciudad como enemigos internos y hubo una masiva violación del derecho a la vida.
Resalta el documento que la mayoría de las víctimas son hombres, de los cuales alrededor de un 60 % tiene entre 18 y 30 años, lo que revela un esquema de discriminación y criminalización del joven de los estratos más bajos.
También, dentro de las cifras, el reporte advierte el alarmante incremento del número de mujeres víctimas de estos asesinatos. En 2021, 14 féminas perdieron la vida en operativos de seguridad, versus las 4 contabilizadas en 2020. Si hacemos un cruce de estos números con el informe sobre femicidios que presentó CEPAZ[3], de los 290 registrados en 2021 en el país, 5 % ocurrieron a manos de la fuerza pública.
Otro dato importante es el que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes (NNA). LPLV identificó 13 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales de menores de edad, algo muy preocupante. Ya en su informe sobre violencia, correspondiente al período 2017-2020, la ONG CECODAP apuntaba que
Esas muertes han venido siendo referidas por el Gobierno como muertes por resistencia a la autoridad. Entre los años 2017 y 2020, por resistencia a la autoridad fueron asesinados 545 NNA, de los cuales 26 tenían menos de 12 años. Este tipo de casos han sido usualmente informados como muertes que ocurrieron porque hubo “resistencia” o “enfrentamiento” y los funcionarios debieron defenderse. Si ese es el caso, se hace evidente una notoria incapacidad o falta de formación profesional y especializada de los funcionarios perpetradores, que se manifiesta en una actuación policial desproporcionada, lesiva y claramente violatoria de DD.HH.[4]
Sobre los victimarios, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fue la instancia policial que más poder de letalidad exhibió, siendo responsable de 347 de los asesinatos contabilizados, es decir, un 24,54 %. A la policía científica le sigue la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 198 ejecuciones (13,58 %) -de las cuales, los funcionarios de las FAES fueron autores de 111- y en tercer lugar, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 152 casos (10,75 %). Las policías estatales, en conjunto, fueron responsables de 426 muertes, lo que representa un 30 % de los casos.
El reporte de LPLV también señala que la Defensoría del Pueblo (instancia del Poder Ciudadano que tiene la misión de capacitar en materia de derechos humanos y acompañar y asesorar a las víctimas en sus proceso de búsqueda de justicia y reparación), así como el Ministerio Público (que tiene como mandato investigar y sancionar para que no haya impunidad) mantienen un silencio cómplice frente a estos hechos, lo que deja al ciudadano de a pie en absoluto desamparo y a los familiares de las víctimas sumidos en el temor, sin confianza ante las instituciones competentes y siendo amenazados y revictimizados por los cuerpos policiales.
Todos estos datos evidencian, una vez más, que en Venezuela las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y sus familiares se encuentran ante una estructura impune y una política de desinformación por parte del Estado. Aun así, hay que decir que algunos no se resignan, van rompiendo el miedo y se organizan para apoyarse unos a otros, con el fin de emprender el largo camino en la búsqueda de verdad, justicia y reparación, para la no repetición, y con la fe y la esperanza en la promesa del evangelio: “Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados” (Mateo 5,6).
Notas:
[1] arquidiocesiscaracas.us20.list-manage.com (arquidiocesiscaracas.us20.list-manage.com)
[2] arquidiocesiscaracas.us20.list-manage.com vozdeamerica.com (arquidiocesiscaracas.us20.list-manage.com. vozdeamerica.com)
[3] arquidiocesiscaracas.us20.list-manage.com
[4] arquidiocesiscaracas.us20.list-manage.com (arquidiocesiscaracas.us20.list-manage.com)
Fuente:
Boletín del Centro Arquidiocesano Monseñor Arias Blanco del 11 al 17 de marzo de 2022/ N° 137. Disponible en: mailchi.mp
