Por Darwin Franco Migues*
Gisela Gaytán Gutiérrez, candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato —uno de los municipios más violentos del mundo— se encontraba, el 2 de abril de 2024, en pleno mitin electoral. Sin embargo, la abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) —partido oficialista— no pudo concluir su segundo día de campaña porque fue asesinada.
El 17 de junio de 2024, 15 días después de ganar las elecciones a la presidencia municipal de Copala, Guerrero, el candidato del partido local México Avanza, Salvador Villalba Flores, fue obligado a bajar del camión de pasajeros en el que viajaba —proveniente de la Ciudad de México— por un grupo de hombres armados que le dispararon en múltiples ocasiones.
Ambos asesinatos fueron la apertura y clausura de una de las elecciones más violentas en la historia del país, pues conforme al registro del proyecto ciudadano Votar entre Balas, en este proceso electoral 29 personas precandidatas y candidatas fueron asesinadas.
En estos crímenes, a la fecha, no existen personas detenidas, pero las investigaciones señalan que los asesinatos fueron probablemente cometidos por integrantes del crimen organizado que operan en las localidades donde se desarrollaban dichas elecciones. Una obviedad que tiene mucha historia detrás.
Sandra Ley, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas de la Ciudad de México, se ha dedicado a estudiar y explicar de qué manera la violencia criminal incide en los procesos electorales tanto en México como América Latina.
El crimen organizado
Para entender este proceso, aclara, lo primero que se tiene que aceptar es que “el crimen organizado no es una esfera ajena al Estado”. El crimen organizado existe porque, de alguna o múltiples maneras, el Estado y sus formas de gobierno permitieron su creación, expansión y desarrollo en espacios de poder que Ley denomina “zonas grises de criminalidad”.
Y es en ese ecosistema donde el crimen organizado persuade, colude u obliga a agentes del Estado (policías, militares, funcionarios públicos, etcétera) a operar a su favor, específicamente, en labores de protección y seguridad.
“El crimen organizado, a diferencia de la delincuencia común, necesita del Estado para operar, esa es una de sus condiciones de existencia”, puntualiza Sandra Ley, quien parte de esta idea para exponer cómo fue que el crimen organizado entendió que, para seguir operando, debía controlar los procesos electorales que ocurrían en su territorio.
Esto, aclara, no significa que todo el Estado esté coludido, pues se trata de un proceso que no es homogéneo, ya que a medida que cambian las autoridades —a través de las elecciones—, “las zonas grises” pueden acortarse o ampliarse. De ahí que incidir en el proceso electoral se haya vuelto una actividad cíclica para el crimen organizado.
Urnas y tumbas
Tal incidencia —a decir del informe “Urnas y Tumbas” de El Colegio de México— sólo son capaces de conseguirla a través del ejercicio de la violencia, misma que incluye tanto la desaparición y/o los asesinatos de personas candidatas, como la coerción del voto en la población que vive dentro los límites de su dominio.
El origen de esas zonas grises de criminalidad, explican Sandra Ley y Guillermo Trejo en Votos, drogas y violencia (2022), tiene dos raíces; la primera es la del autoritarismo, pues al no acceder al poder por la vía democrática, quienes encabezan estos “gobiernos” ceden a especialistas estatales de la violencia (policía o milicia) el control de actividades ilícitas, lo que da pie a la creación de redes de represión, corrupción y delincuencia.
La segunda causa es la inexistencia de Estado de derecho, lo que favorece el control territorial del crimen organizado, y propicia la creación de redes de macrocriminalidad que obligan al Estado (y sus gobernantes) a brindarles seguridad y protección.
¿Entonces es una batalla perdida? No, responde Sandra Ley, pues los procesos de transición democrática abren posibilidades de cambio, pero sólo si con capaces de revelar las formas de operación de las redes de protección que dieron origen a las zonas grises, lo cual puede ocurrir si, por ejemplo, los gobiernos triunfantes crean verdaderos procesos de justicia transicional o comisiones y/o tribunales de la verdad para dejar al descubierto a los agentes del Estado que brindaron protección y seguridad a la delincuencia organizada.
“Hacer eso podría sacudir el vínculo entre Estado y crimen organizado, pero también existe otra opción: no hacer nada, dejar esas redes intactas para transitar a la democracia, pero sin mermar la capacidad del crimen organizado”, señala la politóloga.
Las zonas grises
Y eso es lo que, lamentablemente, ha pasado en México y en América Latina —salvo notables y momentáneas excepciones, como Argentina, Chile, Colombia o Guatemala, por citar algunos ejemplos notables—; por ello, sugiere la académica, debemos hacer que “cada proceso de transición política represente una posible turbulencia o incertidumbre para todo aquello que opera en el área gris”.
Pero si esto no pasa, el crimen organizado usará a la violencia como una herramienta político—electoral, a la que le da lo mismo el partido que asuma el poder en tanto éste (y sus candidatas/os): “no realicen reformas drásticas en el sector de la seguridad, pues si eso no pasa, la zona gris de criminalidad puede sobrevivir al cambio de régimen”, puntualiza Ley.
El problema ocurre cuando existen sospechas o evidencias de que existe un interés en que esto cambie, ya sea porque se trate de una verdadera confrontación con el crimen organizado dominante en un territorio, o porque lo que se busca es dar paso a otro grupo criminal con el que se puede llegar a mejores negociaciones.
En cualquiera de estos casos: el crimen organizado ejercerá con fuerza violencia político–electoral, ya no sólo contra los partidos o personas candidatas, sino también contra sus familiares y amigos. Esto último fue uno de los rasgos característicos de las elecciones de 2024, pues anteriormente sólo se atacaba de manera directa a las y los agentes políticos, pero ahora la violencia se extendió a familiares y amistades para ejercer una presión mayor
Transiciones “democráticas” que no alteran la gobernanza criminal
Para entender lo que hoy pasa en México (pero también en América Latina), Sandra Ley sugiere mapear los cruces entre las alternancias democráticas y la evolución de la violencia criminal, pues es ahí donde pueden verse los cambios en las redes de protección.
En el caso mexicano, desde finales de los años noventa del siglo pasado, las alternancias en diversas gubernaturas y presidencias municipales dieron paso a la creación de ejércitos privados para combatir ya no sólo a bandas rivales, sino también al Estado en regiones donde la alternancia de poderes significó un cambio en dichas redes.
“¿Qué pasa cuando pierdes las redes de protección? Pues otro grupo puede disputar el territorio, y ahí es donde se desata la disputa entre los cárteles […] La alternancia, entonces, sí tiene un papel fundamental en modificar las geografías de la criminalidad, pues ya no sólo se pelea por territorio, sino también por mantener las redes de protección a través del ejercicio de la violencia [ampliación de zonas grises], lo que ocurrió en 2006, cuando Felipe Calderón modificó este proceso e incidió no sólo en la creación de nuevos cárteles, sino también en la forma en que éstos operaban”, expone la académica.
Gobernanza criminal en México
La guerra del Estado contra los cárteles intensificó la violencia porque se dio en un escenario de polarización política, lo que ocasionó una fragmentación en la estrategia de seguridad, pues quienes no se integraron a ésta no lograron contener la violencia. Pero no sólo eso: el crimen organizado, en la búsqueda de protección, supo hacer valer su gobernanza criminal: control sobre la vida política, económica y social de un territorio.
En ese sentido, ¿qué busca el crimen organizado al intervenir en unas elecciones? Busca mantener esa gobernanza y, por tanto, amaga con ejercer violencia contra las personas candidatas y la población votante —antes, durante y después de las elecciones— con el objetivo de incidir en la elección de candidaturas, los resultados de la elección, la composición del gabinete, sobre todo en áreas claves como la seguridad, pues eso es lo que garantiza estabilidad en las redes de protección que le permiten operar impunemente.
Esta violencia político—electoral es, lamentablemente, una constante en los procesos electorales en México, pues el país no sólo está dividido en diversas zonas grises de criminalidad (donde convergen uno o más grupos criminales y autoridades de todos los partidos políticos), sino que también mantiene una polarizada división política, gracias a la cual el crimen organizado ha logrado fortalecer su gobernanza criminal en aquellos territorios donde no existe coordinación interinstitucional.
Bajo control del crimen organizado
En ese sentido, la presencia directa o indirecta del crimen organizado en las elecciones, no sólo le ha permitido mantener controles de facto en su mundo criminal, sino también sobre la población y los gobernantes que viven en “sus territorios”, lo que hacen en lo político, a través del control electoral en zonas claves; en lo económico, mediante el dominio de las actividades productivas y, en lo social, al suplantar al Estado en la dotación de servicios.
¿Cómo desmontar, entonces, una gobernanza criminal que no sólo controla elecciones sino también la vida cotidiana? ¿Existirá alternancia democrática capaz de desmontar las redes de protección que dieron origen a las zonas grises? ¿Qué pueden hacer nuestros votos frente a las balas? Preguntas que sólo hallarán respuestas en una organización horizontal que dé paso a otras formas de organización política, porque las que hasta ahora tenemos, como advertía Sandra Ley, han celebrado las transiciones democráticas sin alterar las redes de criminalidad que imposibilitan vivir de manera digna y segura.
- S.: No todo está pérdido. Poblaciones como Cherán, los Caracoles Zapatistas o diversos pueblos indígenas autónomos en América Latina permiten pensar en otros territorios posibles fuera de la gobernanza criminal o las zonas grises impulsadas desde los Estados aparentemente democráticos.
*Darwin Franco, académico y periodista independiente. Profesor en la Universidad de Guadalajara y en el ITESO. Su trabajo periodístico se publica en ZonaDocs (www.zonadocs.mx).
Artículo de la Revista Magis.
Iteso, Universidad Jesuita de Guadalajara
