¡Por el derecho a vivir en democracia y en dignidad!

El 2026 inaugura una etapa no menos inestable y cargada de muchas tensiones, la cual exige lo mejor de cada uno de nosotros. El proyecto político que apostó por el resentimiento nunca pudo borrar la verdadera condición humana del venezolano. Los anhelos de libertad y de justicia, de un verdadero cambio por la democracia y la dignidad humana, definen el sentimiento de una nación expectante y que pide a gritos la mayor sensatez y decisiones que trasciendan al ahora.

Los venezolanos tenemos el derecho a vivir en democracia, así lo hemos exigido a lo largo de toda nuestra historia republicana y este tiempo no será la excepción. No hay duda de que más temprano que tarde dejaremos atrás el oscurantismo del autoritarismo y el atraso que ello ha causado en los sectores más vulnerables.

Ante la “guerra de fechas” –que si las primarias, que si las presidenciales, que si el 3 de enero– que sirven para posicionar narrativas, lo justo y lo noble es reivindicar la firme determinación de la sociedad venezolana en luchar y defender un principio de vida constitucional: el pueblo es dueño de su destino político (art. 5 CRBV). y los gobernantes están a su servicio (art. 62 CRBV).

Para colocar un ejemplo, en 2023 el liderazgo opositor no había trazado una estrategia de contención democrática mientras el modelo autoritario avanzaba desconociendo acuerdos e imponiendo una agenda económica del “sálvese quien pueda”, la cual agravó la brecha social e impulsó la huida de más venezolanos en búsqueda de entornos más seguros fuera de las fronteras nacionales.

Fueron los maestros, las enfermeras y los jubilados quienes tomaron las calles. La protesta social mantuvo encendida la esperanza por un cambio político en paz que se tradujera en un proceso para revertir la impunidad, la pobreza y la desigualdad. La coalición gobernante, indiferente a los reclamos, volteó la mirada a sus propios intereses siempre amarrados a su visión de control absoluto del poder.

La gente defendió, en 2024, la ruta electoral asumiendo todos los sacrificios. El liderazgo opositor hilvanó un discurso que caló profundamente y de nuevo resurgió la esperanza por el rescate de la democracia. Vino el bloqueo deliberado a la salida electoral, desatándose una crisis de legitimidad que profundizó el ya largo conflicto político cuyas repercusiones en el campo social han sido devastadoras.

La respuesta gubernamental al deseo de cambio fue la más cruenta represión de carácter político que ha experimentado la Venezuela contemporánea, abriendo un capítulo de horror, reflejado en el dolor y sufrimiento de las familias de los presos políticos y de todas las personas detenidas arbitrariamente. El apagón democrático de 2024 dejó desprovistas a las víctimas y sus seres queridos de la protección debido a la liquidación –de hecho– del Estado de derecho, conllevando al desconocimiento del debido proceso y las garantías de respeto a los derechos humanos durante los procedimientos judiciales.

“Vivir en democracia nos habilita para salir
de la pobreza y conquistar el desarrollo sostenible”

De la paradoja a la oportunidad histórica

El 3 de enero de 2026 es un punto de inflexión en nuestra historia reciente y, seguramente, será caso de estudio por varias generaciones. El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) manifestó, en su momento, su profunda preocupación ante la escalada del conflicto debido al uso de la fuerza militar por parte del gobierno de Estados Unidos en territorio nacional.

Los sucesos registrados esa madrugada configuran, a nuestro criterio, un grave precedente en América Latina y, al mismo tiempo, plantean un profundo debate sobre la ineficacia de la arquitectura diplomática tradicional y sus mecanismos de presión para revertir la mayor regresión antidemocrática en Suramérica que supuso la continuidad de Maduro tras el desconocimiento de los resultados electorales en 2024 y la posterior andanada represiva.

Lo cierto es que, ese mismo hecho, fue un revulsivo de la dinámica política, reconfigurando el poder en Miraflores y abriendo una puerta que, en este preciso momento, concentra las expectativas y también preocupaciones ciudadanas. Acaso esa puerta conduce a la reconstrucción del sistema democrático o, por el contrario, nos lleva a la reagrupación del poder por parte del chavismo posMaduro.

No perdamos de vista que Venezuela atraviesa todavía una situación de emergencia humanitaria compleja y progresiva. Compleja porque abarca todas las dimensionas de la vida de la ciudadanía y de las instituciones. Progresiva porque, de no revertirse, será mayor el daño a la vida, al desarrollo humano y a la sociedad.

La raíz de esta situación, como asomé en las primeras líneas, la cual ha tenido un especial recrudecimiento en las regiones alejadas del centro político del país, se encuentra en la destrucción del sistema democrático establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Acá, es oportuno destacar, la sobrevivencia del tejido institucional y de la cultura democrática, maltrecha o no, pero en todo caso resistente en nuestra gente.

Las muy heterogéneas expresiones de la sociedad civil son reconfortantes y nos hablan de esa resistencia cívica y democrática de la sociedad venezolana. En esta nueva y compleja coyuntura política, presentamos el «Decálogo de exigencias prioritarias para encauzar una transición democrática real en Venezuela«. Se trata de un documento que identifica un conjunto de medidas urgentes que permitan, en el corto plazo, encauzar la situación actual hacia una transición democrática creíble.

Algunos pensarán que es muy temprano para plantear estos temas. Pero aliviar el sufrimiento de los venezolanos y reducir la angustia de la ciudadanía deben ser también asuntos prioritarios a atender en estas horas difíciles.

El único camino para el desarrollo del país, pasa por escuchar a la gente con el foco puesto en el respeto a la Constitución y los derechos humanos.

En ocasión de la conmemoración del 68° aniversario del 23 de Enero de 1958, día del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y del inicio del período democrático más largo de nuestra historia republicana, un importante grupo de organizaciones sociales y académicas expresaron esta determinación que no es otra que la de superar por completo el autoritarismo y avanzar hacia un proceso de recuperación de la democracia.

Estas manifestaciones reflejan que esa llama está viva, pero igualmente bajo asecho de un sistema aún cerrado y cercado por leyes, normas y prácticas de un modo de actuar y ejercer el poder de forma abiertamente autoritario.

Debemos dejar claro: ningún proceso de liberalización económica, sin libertades democráticas, participación ciudadana y transparencia, puede ser cónsono con principios básicos de derechos humanos. Asimismo, ninguna democracia liberal, con libertades ciudadanas, es tal, si el modelo económico se impone pasando por encima de los derechos de la gente. Se está construyendo la transición sobre la primera premisa, y esto puede derivar en que el «nuevo momento político» sea más bien un camino a la tecnocracia autoritaria.

Las decisiones en materia económica, comercial y legislativa, marcan una transición hacia un modelo, más ordenado, pero no necesariamente más transparente y, menos aún, respetuoso de los derechos humanos. Además, la idea tecnócrata se está imponiendo lenta pero agresivamente sobre la idea de la democracia y los derechos humanos.

Las garantías para el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos siguen en deuda más allá de un discurso oficial que habla del “nuevo momento político”. La nueva etapa requiere del coraje de todos los actores políticos y sociales, en especial, del sector que controla los Poderes Públicos, para que los anuncios de buena voluntad den paso a las acciones impostergables en procura del bienestar general.

Los obispos de Venezuela, reunidos en la CXXV Asamblea Ordinaria Plenaria, trazan una ruta en función de garantizar la soberanía y la autodeterminación sobre nuestro destino:

Necesitamos: reconstruir la institucionalidad democrática; restituir la independencia de los poderes públicos; contar con un Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo Nacional Electoral creíbles que garanticen elecciones libres y justas; asegurar el control territorial del país por parte del Estado. En este proceso debemos participar todos los venezolanos que estamos aquí y los que están fuera, en un clima de respeto mutuo y la búsqueda de una convivencia serena y estable, sin importar su ideología o afiliación partidista.

Oportuno el mensaje del episcopado para remarcar el desafío que tenemos por delante. La capacidad de trabajo para la movilización conjunta de múltiples actores sociales, comunitarios y de derechos humanos será clave para que la voz de las mayorías pueda ser escuchada e incluida en un eventual proceso de transición.

Es imperativo que la estabilización económica y social no riña con el interés ineludible de la reinstitucionalización. Los avances hacia la apertura económica y la fase de estabilización en Venezuela, según la estrategia de la Casa Blanca, si bien son vitales para aliviar la profunda crisis socioeconómica, solo serán sostenibles si están anclados en un genuino proceso de reinstitucionalización.

Los acuerdos en materia energética/petrolera son importantes, pero resultan insuficientes para abordar la complejidad de la crisis que atraviesa el país. El desarrollo del país y la reducción de la angustia ciudadana pasan por atender las urgentes demandas de respeto a los derechos humanos y ciudadanos.

Han transcurrido aproximadamente tres años y diez meses sin aumento salarial, siendo este el período más largo en los últimos veintinueve años. La defensa del salario justo es una acción legítima, por lo tanto, la protesta como medio democrático para exigir mejoras de las condiciones de trabajo es un derecho innegociable y debe ser respetado por las autoridades.

La democracia es la condición de posibilidad para la recuperación de la dignidad humana y la vigencia de los derechos sociales y económicos.

Vivir en democracia nos habilita para salir de la pobreza y conquistar el desarrollo sostenible. Por ello, desde Provea y junto a las organizaciones de la sociedad civil, comprometidas con la vigencia de los derechos humanos en Venezuela, queremos hacer un llamado a toda la ciudadanía para que orientemos nuestros esfuerzos hacia la conquista del derecho a vivir en democracia.

Proponemos que este sea nuestro gran lugar de encuentro político, más allá de la diatriba política cotidiana, de la conflictividad, más allá de las identidades partidistas, más allá de las consignas en disputa. Tenemos derecho a vivir en democracia y a vivir en dignidad.