Luis Carlos Díaz
No se trata solamente de desarmar las palabras y las acciones, la paz en Venezuela pasa por un hecho concreto: la eliminación progresiva de las armas de fuego en manos de la población civil. La buena noticia es que poco a poco parece haber mayor consenso para que distintos actores políticos acuerden una política que lo permita.
Las cifras que se han dado en llamar oficiales, porque salen de declaraciones de ministros y diputados, contabilizan las armas de fuego que andan por la calle de forma irregular entre 6 y 15 millones de piezas. A esa cantidad aún indeterminada de armas se le debe sumar la producción y flujo de municiones, muchas de ellas producidas por la empresa estatal Cavim y encontradas en escenas de crímenes donde los casquillos y los cadáveres dan cuenta de nuestra alta tasa de homicidios.
El Encuentro Internacional de Constructores de Paz 2010 logró, gracias a la coordinación de la socióloga Josbelk González, desarrollar una mesa sobre seguridad ciudadana que empezó a trabajar el tema del desarme. Esa actividad devino en una declaración pública para incorporar a las ONG’s en la discusión de una ley por el control de armas y municiones que estaba en la agenda de la Asamblea Nacional el año pasado. Se adelantó en esa discusión pero la ley fue dormida en el mes de diciembre pasado, cuando otras leyes se consideraron prioritarias en las semanas de despedida de la anterior Asamblea.
Este año la información ha sido retomada, se han incorporado buena parte de las propuestas e ideas recogidas el año pasado desde las organizaciones de la red de acción social de la Iglesia y en la recientemente conformada “Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme” se han sumado académicos, expertos y organizaciones no gubernamentales al diálogo con funcionarios públicos ocupados del tema.
Este año, para el II encuentro de constructores de paz, celebrado en la UCAB el 27 y 28 de mayo, se desarrolló un segundo foro para evaluar las nuevas perspectivas de una política integral de desarme, en la que se puedan destruir las armas ilegales, disminuir las armas en manos de civiles y controlar las que están en poder de la policía y otros cuerpos de seguridad. Coordinó el foro el sociólogo e investigador del Centro Gumilla, Jesús Machado; también participó el director de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Pablo Fernández, quien además es el secretario técnico de la comisión presidencial; los acompañaron el periodista del diario El Nacional David González, el activista de IANSA, César Marín, y Luis Cedeño, de la ONG Paz Activa.
Algunos de los puntos que se discutieron como recomendaciones que ahora pasarán a las discusiones de la Comisión Presidencial y luego a la Asamblea Nacional, incluyen la numeración de las municiones para poder controlar su origen, entender el desarme como una política sostenida y no solamente una campaña puntual, convocar a los más diversos sectores de la población para que el desarme sea un deseo compartido y mejorar los protocolos de destrucción de armamentos, para evitar que se extravíen después de ser decomisados.
Otros apuntes de la mesa fueron:
- Se recomienda hacer una traducción del debate técnico en torno al desarme, control de municiones y políticas públicas de seguridad para permitir a la ciudadanía apropiarse del tema y participar de una discusión informada.
- Promover campañas de información para sensibilizar a la población sobre los riesgos de poseer un arma de fuego. Tener armas en casa o portarlas no brinda más seguridad a nadie.
- Promover un compromiso social activo para desmontar la cultura de la violencia.
- Que la sociedad en su conjunto presione a los operadores políticos para que trabajen en función del control de la producción, el almacenamiento y la distribución de las municiones.
- Es necesario un esfuerzo en el área educativa-cultural para desmontar las imágenes glorificadoras de la violencia.
- Modificación del COPP para la recepción y procesamiento de las denuncias, protegiendo a los denunciantes y disminuyendo la impunidad.
Ha habido experiencias similares de desarme en entornos complicados como Brasil, donde una campaña de la organización Viva Rio pudo sensibilizar un proyecto estatal que recogió más de medio millón de armas en su primera etapa. Asimismo se lleva adelante actualmente una campaña intensa en Argentina que intenta disminuir la tasa de homicidios a través de un plan de entrega voluntarias de armas. En Venezuela es largo el camino pendiente, y nos sigue costando vidas.
Recientemente el CICPC declaró que en los últimos 3 años se han incautado apenas 16.801 armas de fuego. Comparado con las 6 a 15 millones pendientes, el esfuerzo debe ser aún mucho mayor.
