Honegger Molina
El jueves 05 de julio del 2007, “El Periódico” del Estado Carabobo reseña el lanzamiento de un plan unificado de seguridad para poner en cintura a los delincuentes. Estuvieron los principales funcionarios del Estado, pero nueve meses más tarde, los resultados son nefastos. Las cifras y los últimos acontecimientos en la región resultan reveladores.
La noticia del asalto a los feligreses en el templo La Inmaculada de Valencia se regó de inmediato. El Carabobeño reseña que sometieron a los monaguillos que estaban en la puerta de la iglesia; entraron y trancaron. Uno de ellos caminó por el pasillo central y llegó al altar donde estaba Monseñor Villamizar, y lo tomó por el cuello apuntándole con un arma de fuego. Este mismo delincuente tomó el micrófono del altar y dijo a los feligreses que se despojaran de todas sus pertenencias o de lo contrario mataría al prelado.
Se me ocurre valorar tres cosas. Primera, el ministro de Interior y Justicia Ramón Rodríguez Chacin tiene que sincerar las cifras y dejar de mentirle a los venezolanos. Nada está en calma (como se quiere hacer ver y sentir), la inseguridad para los de a pie no está bajando todos los días.
En fin, no se trata de un problema de percepción simbólico-mediática, es cuestión aceptar los desaciertos de los últimos años. Por ejemplo, sin sus escoltas, las vidas de los propios funcionarios públicos correrían serio peligro. Sería justo que se reconociera, con valentía y humildad, que el problema es mayor que las soluciones ideadas.
Segundo, se ha promulgado una nueva Ley de policía nacional, con sus bondades y desatinos. En términos generales, una ley que refleja orden, distribución adecuada de contenidos, claridad y precisión, la mayor parte de las veces, y abordaje de cuestiones fundamentales del servicio de policía que nunca fueron tratadas en proyectos anteriores de ley o en las leyes vigentes que, de alguna manera, se refieren al desempeño policial. En este sentido hemos avanzado notablemente respecto a la realidad preexistente. Sin embargo, el centralismo no permitirá controlar que sucesos como los presenciados en la iglesia no dejen de ocurrir en las regiones.
Lo tercero, ¿qué pasa con las víctimas de lado y lado? Las personas que caen en manos de los atracadores son, mayormente, pobres. La gente con mayores posibilidades económicas tiene más posibilidades de encontrar los mecanismos de resguardo. Son muy pocos los ricos que asaltan en las calles porque andan en vehículos bien asegurados. Los pobres tienen que “exponerse” al antisocial por las calles todos los días. Realidad que conlleva al agotamiento, la desilusión y la desconfianza con todo y con todos. El otro lado lo conforma la terrible realidad a la que van a parar los delincuentes cuando tienen la “mala suerte” de ir a la cárcel; si no los suelta la policía, después de quitarles dinero. Las cárceles son los reductos de inhumanidad y el despido al “foso de las fieras”, para el empeoramiento del sujeto y su condición humana.
¿Qué hacer? ¿Cómo afrontar la situación? La educación integral e integradora y de calidad, la formación desde temprana edad con bases morales cristianas para la viabilidad de la paz y la convivencia social, serían algunas de las primeras intenciones que tendría que asomar el Estado-Gobierno actual. Además, también es una tarea pendiente en todos los sectores e instancias de la sociedad civil organizada.
Ya está bueno de mirar dos bandos en la sociedad venezolana. Considero que nadie es malo por esencia, más bien creo que son las circunstancias a las que se expone las que someten y deshumanizan la persona, y de allí vienen los crímenes y robos de todos los sectores, colores y sinsabores.
