Antonio Pérez Esclarín
El Gobierno decretó un nuevo aumento del salario mínimo y del bono de alimentación, lo que equivale a reconocer incapacidad para detener la inflación que, en Venezuela, es la mayor del mundo. Lo peor del caso es que estos aumentos, que de ningún modo corresponden a una mayor productividad o al saneamiento de la economía, equivalen a echarle gasolina a la hoguera de la inflación, hasta el punto que algunos señalan, que, si no se ataca la raíz del problema y se sigue produciendo dinero inorgánico, en el 2017 la inflación puede llegar a cifras astronómicas de hasta varios miles.
En una economía tan inflacionaria, todo aumento de sueldos enseguida es devorado por la inflación, que previamente acabó con los ahorros. Porque ¿quién puede vivir hoy en Venezuela con un salario mínimo de unos 27.000 bolívares? Te añaden que el salario total, incluyendo el bono de alimentación, alcanza los noventa mil bolívares, y se regodean con esta cifra aparentemente ampulosa de unos bolívares que no alcanzan para nada. Además, no todo el mundo disfruta de ese bono. De hecho, los pensionados, a los que sistemáticamente se le ha negado el derecho al bono de alimentación y de medicinas, después de haber trabajado toda su vida y haber cotizado al seguro social, están condenados a soportar una vejez de mendicidad y carestía. ¿Cómo es posible que un pensionado o un maestro jubilado del Ministerio de Educación, o un trabajador cualificado de cualquier empresa por prestigiosa que sea, gane menos que el bono alimentario de cualquier trabajador? ¿Qué aberración absurda es esta? ¿Acaso los ancianos no comen, ni tienen otras necesidades, especialmente de medicinas, que, si logran conseguirlas, no van a poder comprarlas con esos sueldos irrisorios? ¡Pobre país que maltrata de este modo a sus ancianos! Ante la injusticia de la situación, el Presidente se apresuró a anunciar que este año los pensionados recibirían tres meses de aguinaldo, lo que no llega ni siquiera a un mes de salario mínimo más el bono de alimentación.
He escuchado a algunos voceros del Gobierno reconocer que, con este salario, es imposible obtener los productos necesarios a los precios especulativos de los bachaqueros o de los productos importados de otros países. Y se apresuran a añadir que, por ello, los claps están llegando cada vez a más familias y que la crisis económica se está resolviendo. Pero, ¿dónde están esos claps y a quiénes llegan? Vuelvo a repetir que en la zona popular donde yo vivo, en el barrio Sierra Maestra del Municipio San Francisco en Maracaibo, los claps sólo pasaron una vez, hace ya unos tres meses, y vendieron únicamente una bolsa con dos paquetes de harina, dos de pasta y dos de arroz por familia. Cuando la gente empezó a reclamar leche, dijeron cínicamente que las vacas se habían negado a darla. ¿Será por eso que no han vuelto?
Otra terrible incongruencia es que la tarjeta socialista, fijada ahora por el Presidente en 39.000 bolívares, y entregada por él según su realísima voluntad, es mayor que el salario mínimo y que la pensión. Me parece muy bien que se quiera ayudar a las personas más necesitadas, siempre que no se tenga como criterio la fidelidad politiquera, pero ¿cómo van a pagarles más a los que nunca cotizaron que a los trabajadores pensionados que sí cotizaron?
