Por Félix Gerardo Arellano*
Pedro Castillo, el nuevo presidente electo del Perú, asume el cargo el 28 de julio, coincidiendo con el bicentenario de la independencia del país, en un ambiente inhóspito y cargado de incertidumbre, particularmente en Lima la capital, pero con un importante respaldo de los sectores tradicionalmente marginados, que han sido determinantes en su triunfo y seguramente están dispuestos a defenderlo a cualquier costo.
En consecuencia, frente a un país profundamente polarizado, el diálogo y la negociación representan la opción eficiente para la construcción de gobernanza, lo contrario es el desastre, donde todos resultaran perdedores.
El triunfo de Pedro Castillo no es casual, responde a una crisis profunda de carácter estructural que enfrenta Perú desde hace varias décadas, pero también la mayoría de los países de la región; y los más vulnerables han comprendido que dentro de la democracia tienen el poder del voto para promover cambios. Lo lamentable es que el populismo aprovecha y manipula las condiciones para lograr el poder y luego desarrollar su libreto para perpetuarse.
En elemental sentido común, debemos dar el beneficio de la duda al Sr. Castillo. Además, reconocer que, concluida la segunda vuelta, al sentir que habían logrado llegar al poder, pero con una base de apoyo frágil, sin mayoría en el Congreso, y con el malestar de sectores económicos, medios de comunicación y Fuerzas Armadas; ha tratado de suavizar el tono tanto del programa de gobierno como del radical discurso de la campaña electoral. Empero, las experiencias recientes de populismos radicales en la región generan sospechas sobre los cambios de tono de último momento. Podrían ser parte del juego estratégico.
El persistente rechazo de los resultados de la segunda vuelta por parte de la Sra. Keiko Fujimori nos hace recordar la soberbia del expresidente Donald Trump para aceptar el triunfo de Joe Biden, posiciones que cultivan odio, radicalismo y violencia; propiciando el deterioro institucional del país. Al fracasar en su tercer intento por llegar a la presidencia, la Sra. Fujimori podría asumir la posición de un estadista y contribuir en la definición de las condiciones que permitan conformar un gobierno de amplia base, una coalición que incluya la diversidad política y permita avanzar en la construcción del bienestar social y equidad que tanto necesita el país, sin destruir los avances alcanzados, particularmente en materia económica.
La estrategia de descalificar al nuevo presidente por aspectos formales o por su débil capacidad para abordar los complejos temas del mundo que vivimos, no resulta acertada, pues lo vincula más estrechamente al radicalismo, que busca aprovechar sus limitaciones y controlar el proceso.
No se puede pedir a un presidente que sea un genio, lo que se espera es que sea un buen gerente, honesto, transparente en su actuación, dispuesto a conformar un equipo de trabajo con los mejores, receptivo ante la crítica y dispuesto a enmendar en la acción de gobierno.
En ese contexto, debemos reconocer que en los últimos días el Sr. Castillo ha insistido en que su equipo de gobierno privilegiará a los técnicos. Al respecto, cabe destacar la participación en la asesoría económica del reconocido economista y académico Pedro Francke, quien llega al equipo presidencial producto de los acuerdos con la llamada izquierda moderada. Adicionalmente, para la importante posición de Canciller de la República, circulan nombres de funcionarios con amplia experiencia en la diplomacia peruana, lo que representa una señal positiva.
En las últimas semanas, Pedro Castillo y su asesor económico Pedro Francke han tratado de calmar las aguas del sector económico, que está reaccionando nerviosamente, como lo evidencia la creciente salida de capitales. Decisiones aceleradas, pero comprensibles, si concentramos la atención tanto en los textos del programa de gobierno —que privilegia el estatismo— como en la trayectoria del jefe del partido de gobierno Perú Libre, Vladimir Cerrón, calificado por algunos como representación de una izquierda primitiva.
Otras señales positivas del presidente Castillo en los últimos días han sido las reuniones que ha sostenido con algunos líderes de la oposición democrática peruana; en particular, con Yonhy Lezcano, excandidato presidencial de Acción Popular y Cesar Acuña de Alianza para el Progreso.
También conviene destacar los acuerdos alcanzados con otros partidos de la izquierda moderada, como el Frente Amplio o Juntos por Perú, para lograr respaldos con miras a la segunda vuelta en el proceso electoral.
Conviene destacar que ninguno de los dos candidatos que llegaron a la segunda vuelta tenía el control del Congreso. Si bien el partido del presidente electo, Perú Libre, cuenta con el mayor número de parlamentarios 37 de los 130, no llega a tener mayoría, lo que le obliga al diálogo y la negociación como camino para la construcción de gobernabilidad. Por otra parte, tampoco cuenta el Sr. Castillo con las opciones que utilizaron Alberto Fujimori, que cerró el Congreso con el apoyo de fuerza militar o de Martín Vizcarra, quien lo disolvió y convocó a nuevas elecciones legislativas.
En el caso de la Sra. Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular, tampoco dispone de los votos necesarios para promover una investigación que conlleve la destitución del nuevo presidente, una mala práctica que se ha institucionalizado en los últimos años en el Congreso peruano, pues apenas cuentan con 24 parlamentarios.
Cabe recordar que, para lograr la aprobación de la moción de vacancia para la destitución del presidente, prevista en el artículo 113 de la Constitución —mecanismo que se ha utilizado en varias oportunidades (los casos de los presidentes Martín Vizcarra y Manuel Meriño; Pedro Pablo Kuczynski renunció antes de la aprobación del mecanismo)— se requiere de 87 votos a favor de los 130, un número difícil de alcanzar en las actuales condiciones de fragmentación del Congreso peruano. En este contexto, todo pareciera indicar que también para la oposición el mejor camino es el diálogo y la negociación.
Los retos del presidente Castillo son enormes, la pandemia del covid-19, sus perversas consecuencias para los sectores más vulnerables y la masiva vacunación de la población se ubican como temas prioritarios; pero además el país enfrenta una profunda crisis económica, tres de cada diez peruanos viven en pobreza y el 70% de la economía se desarrolla en la informalidad, uno de los sectores más afectados por la pandemia.
La radicalización prevista en el programa de gobierno del presidente electo representa el camino al desastre; además, no cuenta con el respaldo que le permita desarrollar una agenda cargada de enfrentamientos.
Inteligente podría ser promover un giro de humanismo y aprovechar la oportunidad para promover la mayor participación de la sociedad peruana en la construcción de bienestar social y equidad, sin abandonar la competitividad y productividad. Para tales fines, el diálogo y la negociación representan los caminos que podrían garantizar la paz y estabilidad que necesita Perú en esta nueva fase.
*Internacionalista. Doctor en Ciencias Políticas. Miembro del Consejo Editorial de la revista SIC.
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TalCual Digital: talcualdigital.com.
