El Gobierno de Venezuela avanzó en 2016 en las prácticas de vigilancia, hostigamiento y detenciones a fuentes de información. Las declaraciones de las víctimas en medios de comunicación o la difusión de datos por parte de periodistas han precedido la mayoría de las actuaciones por organismos de seguridad del Estado, que ha exigido a los detenidos o interrogados que revelen las identidades de sus fuentes de información
Jesús Alberto Yajure
Un editor preso y doce ciudadanos y periodistas fueron llevados, sin orden judicial, a la sede de organismos de seguridad e inteligencia policial por ejercer el derecho a la información y la expresión, de acuerdo a los registros de IPYS Venezuela, entre mayo de 2016 y enero de 2017. Este es el saldo que marca el Estado de Excepción y de la Guerra Económica, vigente en el país y que restringe las libertades políticas y civiles. Esto ha ocurrido mientras el gobierno venezolano implementa mecanismos para obtener información sobre fuentes sensibles y enviar un mensaje a otros actores, que pretende hacer de los casos de detenciones un ejemplo para quienes ejerzan la crítica o expresen opiniones adversas a la actual gestión de gobierno. El fin último es intimidar y silenciar la crítica, promover la autocensura y limitar la capacidad de los medios y periodistas.
En los últimos tres años, han sido recurrentes las actuaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), del Centro Estratégico para la Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc); así como otras instancias creadas desde el gobierno para impulsar acciones de vigilancia entre ciudadanos, como los Comités Locales de Abastecimiento Popular (Clap), y los grupos de choques.
Cuando se ejecutan sin causa probable u órdenes judiciales, estas acciones vulneran los derechos al debido proceso, la privacidad y a la información, garantías ciudadanas consagradas en la Constitución y los estándares internacionales de libertad de expresión y de acceso a la justicia.
De esto trata este reporte escrito por Jesús Yajure para IPYS Venezuela.
En 2015 se hicieron evidentes las acciones represivas contra líderes gremiales, dirigentes de sectores empresariales y profesionales que fueron citados en notas periodísticas por medios de comunicación y periodistas. La mayoría de estas actuaciones por parte de organismos de seguridad del Estado y por sus instituciones ocurrieron luego de la publicación en medios de entrevistas o informaciones referentes a temas que son considerados sensibles para el gobierno de Venezuela.
Durante 2016, militares ejecutaron la “retención” de periodistas venezolanos que laboran como corresponsales de medios internacionales por hacer fotografías en espacios públicos como El Calvario, en Caracas. Se negó la entrada al país en el Aeropuerto a corresponsales internacionales de Argentina, México y Perú, que venían a cubrir manifestaciones convocadas por la oposición para exigir el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Se detuvo a tres reporteros de sucesos por informar sobre el asalto a la sede del Banco Central de Venezuela por un joven que previamente había grabado y difundido un vídeo pidiendo la renuncia a Maduro, y que resultó abatido por funcionarios de organismos de seguridad.
Desde el alto gobierno se hicieron exhortos para vigilar las comunicaciones en Internet y regular el uso de redes sociales y de microblogging, que sirven de caudal de expresión para los ciudadanos. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó las medidas de prohibición de salida del país para los directivos y editores de medios de comunicación demandados por el diputado oficialista Diosdado Cabello por supuestos delitos de difamación, tras reseñar una investigación del diario español ABC y del estadounidense The Wall Street Journal, que revelaban detalles de una entrevista con LeamsySalazar, antiguo edecán del presidente Hugo Chávez y exjefe de escoltas de Cabello, quien asoció a Cabello con una investigación por narcotráfico adelantada por la Agencia Nacional Antidrogas de Estados Unidos (DEA).
Fuente:
http://ipysvenezuela.org/2017/02/23/intimidar-al-mensajero-persecucion-acoso-fuentes-informacion-venezuela/
Fuente:
Intimidar al mensajero: persecución y acoso a fuentes de información en Venezuela
