Aporrea
La Plataforma Ciudadana en defensa de la Constitución ha emitido un documento fijando posición sobre las elecciones a gobernadores a realizarse el próximo 15 de octubre. Este espacio de defensa de la Constitución del ’99 integrado por ex ministros de Chávez, destacados intelectuales y profesionales y luchadores sociales, destaca en su el título del material que ha hecho llegar a nuestra redacción la necesidad de participar en esas elecciones. En él reconoce las dificultades y las múltiples razones que hacen que los venezolanos desconfíen “de un Poder Electoral que no es ni la sombra de lo que fue”.
Luego de cuestionar el funcionamiento, la convocatoria y lo antidemocrático del Constituyente aborda la crisis que está sufriendo el pueblo venezolano y afirma entre otros conceptos que desde el gobierno se ha abandonado “sigilosamente y por la puerta de atrás el proyecto de la revolución bolivariana”.
En el texto se reconoce así mismo que haya un sector de la población que esté pensando en no ir a votar, pero se invita a esos ciudadanos a reflexionar y defender sus derechos constitucionales participando del acto comicial.
A continuación, reproducimos el documento completo que cuenta con la firma de: Gustavo Márquez Marín, Edgardo Lander, Héctor Navarro, Santiago Arconada, Oly Millán Campos, Esteban Emilio Mosonyi, Fredy Gutiérrez Trejo, Ana Elisa Osorio, Juan García, Gonzalo Gómez, Carlos Carcione, Cliver Alcalá Cordones, en nombre de la Plataforma en Ciudadana en Defensa de la Constitución.
Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución
Participar en las elecciones de gobernadores para derrotar el autoritarismo
- A propósito de la participación en las próximas elecciones de gobernadores, son muchas y variadas las razones que tendríamos los venezolanos para desconfiar de un Poder Electoral, que no es ni la sombra de lo que fue, después de haber sido constructor y operador de uno de los sistemas electorales más confiables del mundo, probado y certificado por calificados observadores internacionales hasta el 6 de diciembre de 2015. Comenzó a perder su investidura y majestad de Estado, luego del descalabro electoral sufrido por el Gran Polo Patriótico en las elecciones parlamentarias del 6D, al convertirse progresivamente en un instrumento del Gobierno-PSUV en su disputa por el poder con la MUD-AN. El CNE comenzó a soslayar los mandatos de la Constitución al declinar sus competencias ante tribunales de control y de primera instancia, cuando acató decisiones inconstitucionales emanadas de los mismos, de suspensión del proceso de recolección del 20 % de las firmas para convocar el referéndum revocatorio presidencial promovido por la MUD. Posteriormente, actuando al margen de la Constitución, se permitió extender el período constitucional de ejercicio de los gobernadores al diferir para el 2017 las elecciones regionales previstas para finales de 2016. Por si fuese poco, cohonestó la convocatoria inconstitucional de la ANC por el Presidente de la República, en franca usurpación de la soberanía popular constituyente (art. 347), para luego subordinarse a ella al reconocerla como el “poder constituyente originario”, con carácter plenipotenciario y supraconstitucional. Fue así como adelantó para octubre de 2017 las elecciones de gobernadores y Consejos Legislativos Regionales (CLR) que ya había fijado para diciembre de 2017 y por mandato de la ANC, suspendió indefinidamente la elección de dichos Consejos. Ante las dudas de que el órgano electoral se preste para alterar los resultados de las elecciones de gobernadores, debemos estar conscientes de que si actúa plenamente la ciudadanía dispuesta a que no se violen ni sus derechos ni su voluntad, en la vigilancia y control antes, durante y después del evento electoral, será muy difícil que eso ocurra porque el sistema de auditorías, cómputo, totalización y registro está vinculado a la validación de sus representantes. No obstante, la conducta errática del CNE, propia de un ente que objetivamente carece de autonomía por estar supeditado a las decisiones de una ANC monopartidista, autoerigida como un suprapoder con la pretensión de gobernar por encima de la Constitución, hace que el escenario de las elecciones de gobernadores se vea borroso e incierto. Por todas estas razones comprendemos a aquellos ciudadanos que en esta oportunidad piensen no ir a votar, creen que la abstención puede ser una forma de rechazo, pero los llamamos a que reflexionen y se decidan a votar, y si no encuentran un candidato de su preferencia voten nulo, pero no renuncien a su derecho a la participación. Porque al mismo tiempo, se ofrece con la potencialidad de convertirse en una oportunidad para romper la inercia autoritaria en marcha, con el rescate del irrenunciable derecho del pueblo soberano a expresarse y decidir mediante el sufragio universal la elección de las autoridades regionales, en la ruta hacia el restablecimiento pleno de la Constitución.
- Por razones obvias, el foco de atención de la gran mayoría de los venezolanos, de los que viven de su trabajo y de aquellos que habiendo cumplido con su vida laboral útil dependen de una pensión; de los que habitan barrios populares y urbanizaciones; de los trabajadores del campo y la ciudad; de los militares y funcionarios públicos y también, de los profesionales y técnicos, está puesto en la lucha cotidiana por sobrevivir a los rigores de una crisis económica y social que erosiona aceleradamente sus condiciones de vida y de trabajo sin perspectiva de que su situación cambie sino todo lo contrario. Al mismo tiempo, ese pueblo lacerado por la crisis, está cada vez más consciente de que ésta tiene su origen en la incapacidad y falta de voluntad del Gobierno-PSUV, para corregir los gravísimos errores cometidos en el manejo de la economía en tiempos de colapso del petroestado y del modelo rentístico-extractivista, sumado al conflicto político institucional resultante de la polarización política, que ha dejado como saldo un debilitamiento alarmante de la institucionalidad y la gobernabilidad democrática. La pulverización del salario y el ingreso familiar por la acción corrosiva de la inflación, combinada con el cierre o ralentización de la actividad de industrias y comercios devenida por la caída de las importaciones de insumos y de las ventas, ha creado un círculo vicioso infernal que está lanzando a la precarización social a millones de compatriotas, atrapados en la vorágine creada por la dinámica de la acción y reacción de dos fuerzas que se realimentan: la inflación y la escasez. A esas penurias se agrega el incremento de la inseguridad hasta en los más remotos rincones del territorio nacional, en buena medida impulsada por el auge de la economía ilícita subterránea basada en la especulación cambiaria, el bachaqueo, contrabando y el lavado de activos provenientes del narcotráfico y la corrupción, al posicionarse en algunos casos por encima de la economía lícita. Estos flagelos estimulados por el paralelismo cambiario, promovido por el propio gobierno a través de la política suicida del anclaje cambiario y los múltiples valores de cambio, han conducido a la cesión de la soberanía monetaria al Banco de la República de Colombia, ya que, en la práctica, el valor de referencia que fija los precios internos y la relación del bolívar con el dólar estadounidense es el del peso colombiano. Frente a esta evidente debacle del bolívar que empobrece a la gran mayoría de los venezolanos y enriquece a unos cuantos burócratas y empresarios parásitos corruptos y mafiosos, la opción tomada por el gobierno ha sido la de aplicar un gigantesco ajuste neoliberal encubierto con el camuflaje de una “guerra económica” frente a la cual luce inerme. Dejando así a los venezolanos a merced de la “mano invisible del mercado”, siguiendo el patrón neoliberal, abandonando sigilosamente por la puerta trasera, el proyecto de la revolución bolivariana, aunque proclamando cínicamente su defensa mientras hunde la pala para enterrarlo.
- Este gobierno que se autocalifica de revolucionario y antiimperialista, en lugar de avanzar hacia la superación del modelo rentístico-extractivista primario-exportador y capitalista dependiente, optó por impulsar el plan de los 15 motores de la llamada “agenda económica bolivariana” que tienen como eje estratégico transversal, la profundización y ampliación de ese modelo agotado, a través de la entrega al gran capital transnacional de las grandes reservas de minerales estratégicos (coltan, oro, fosfatos, níquel, diamantes, uranio, bauxita, hierro, carbón, cobre, plata etc.), de recursos pesqueros, petroleros y de la biodiversidad, cuya explotación arrasará grandes extensiones de bosques naturales y afectando cuencas hidrográficas estratégicas que constituyen el patrimonio natural intergeneracional más preciado del país. Es también preocupante la situación de los pueblos indígenas, los eternos sacrificados en aras de la convivencia de ambas cúpulas polarizadas. Para dar un ejemplo, el pueblo e´ñepá del estado Bolívar, al cabo más de dos años de haber introducido ante el Tribunal Supremos un reclamo contencioso para la demarcación de sus tierras colectivas, todavía no ha recibido respuesta alguna. Entre tanto el decreto anticonstitucional y antinacional del mal llamado Arco Minero amenaza con expropiar, deforestar, contaminar e incluso desalojar sus milenarias comunidades destruyendo así su hermosa cultura originaria que, por otra parte, cuenta con una agricultura autóctona muy productiva. Denunciamos que hay sectores influyentes en la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente presionando para revocar todos los derechos colectivos de estos pueblos discriminados y oprimidos. La figura de las “zonas de desarrollo estratégico nacional” y los contratos que regularán las empresas mixtas que se están conformando entre el Estado y las transnacionales, en el Arco Minero y la Faja Petrolera del Orinoco por ejemplo, suponen que los territorios en los cuales se pondrá en marcha los “15 motores” para la explotación minera, petrolera, turística, industrial, agrícola etc., tendrán un “régimen especial” distinto al del resto del país en materia ambiental, laboral, económica y de seguridad. Bajo ese esquema se supeditan los derechos individuales, civiles, políticos, laborales y sociales, al objetivo central de la actividad extractivista definido como “de interés general”. Las inversiones que allí se produzcan estarán protegidas por la jurisdicción internacional que rige el Banco Mundial a través del CIADI y otras juntas de arbitraje internacional, a la cual se someterá la República. En la práctica lo que se está adelantando a través de este plan antinacional, es la privatización de nuestros recursos naturales y la desterritorialización del país. Empero, esta monstruosa entrega de la soberanía económica y territorial al imperialismo neocolonial, es presentada por el gobierno-PSUV como una cruzada por la independencia nacional.
- El Gobierno-PSUV ha optado por invisibilizar el drama social que viven los venezolanos silenciando las estadísticas económicas y sociales e intentando evadir su responsabilidad explicándolo solo como consecuencia de la llamada “guerra económica”. Pero la verdad termina imponiéndose, porque ya no es posible ocultar con publicidad la escasez de medicinas y graves deficiencias en la atención médico-asistencial, la insuficiencia alimentaria derivada de la escasez y encarecimiento de los alimentos, el deterioro galopante de las redes de servicios públicos de transporte, agua potable, electricidad, gas, telecomunicaciones y el preocupante éxodo de los jóvenes perteneciente a todos los estratos sociales que desesperanzados están migrando hacia otros países. La situación que hoy vivimos no sería la misma si el Presidente Maduro en lugar de destinar en los últimos 24 meses 64 mil millones de dólares para pagar el servicio de una deuda externa que se sospecha ilegítima, hubiese decretado una moratoria mientras se adelanta una auditoría pública y ciudadana de la misma, para luego plantear la reestructuración negociada de la que resulte legítima. Con parte de esos recursos se habrían podido atender las importaciones esenciales y financiar un plan económico de emergencia enfocado en el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos y en la superación del modelo rentístico-extractivista agotado. Tampoco lo sería, si hubiese adelantado una acción decidida para rescatar los grandes capitales fugados procedentes de la corrupción, sancionando a los responsables. Privilegiar la deuda frente a la gente se corresponde con la lógica neoliberal (FMI), enfrentada por la revolución bolivariana. Por otra parte, todos los venezolanos sin excepción debemos rechazar las amenazas de intervención militar y las sanciones económicas aplicadas por EEUU a Venezuela, que aumentarán el sufrimiento de nuestro pueblo y comprometen la soberanía y la paz de la Nación, sin embargo, las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la injerencia imperialista, no van en la dirección de cohesionar la voluntad nacional frente a la agresión yankee.
- No solo el liderazgo del Gobierno-PSUV luce deslegitimado y cada vez más distante de la mayoría de los venezolanos por su incapacidad y falta de voluntad política para encarar la crisis estructural de la sociedad venezolana en el marco de la Constitución. En iguales condiciones está el liderazgo de la MUD, por su accionar inconsecuente con las demandas urgentes del pueblo, al concentrarse en sacar del poder “como sea”, primero a Chávez y ahora a Maduro, con un doble juego que péndula entre la conspiración golpista violenta y la participación democrática, subordinado a la geopolítica imperial para la región. Ante ese desgaste mutuo en su disputa por el poder, ambos factores impulsan la polarización para cerrarle el paso a cualquier liderazgo emergente que realmente exprese las necesidades y aspiraciones más sentidas del pueblo venezolano, que impulse la restitución de la Constitución, el fortalecimiento del Poder Popular como sujeto fundamental de la transformación social y la construcción de un nuevo modelo productivo endógeno sustentable que rompa con el rentismo extractivista primario-exportador.
- En estas circunstancias difíciles e inciertas, quienes hemos asumido la responsabilidad de defender la Constitución derogada de facto por la ANC y apostamos a una salida a la crisis siguiendo la ruta constitucional, hacemos un llamado al pueblo venezolano a participar en las elecciones de gobernadores, asumiéndola como una oportunidad para derrotar el autoritarismo del gobierno y la conducta irresponsable y antipopular de la MUD, para demostrar nuestra vocación democrática ejerciendo la soberanía popular y, para abrirle cauce al proceso de reinstitucionalización del país, votando por los que mejor expresen una política con independencia de las cúpulas o votando nulo.
Firman:
Gustavo Márquez
Héctor Navarro
Edgardo Lander
Esteban Emilio Mosonyi
Santiago Arconada
Oly Millán Campos
Fredy Gutiérrez
Juan García Viloria
Ana Elisa Osorio
Cliver Alcalá Cordones
Gonzalo Gómez
Carlos Carcione
Fuente: https://www.aporrea.org/actualidad/n315135.html
