Declaración de la Red de Derechos Humanos del Estado Lara.
El incremento progresivo de los casos de personas comprobadamente portadoras del síndrome del Coronavirus en Venezuela constituye una situación de ‘emergencia nacional’ que debe ser contextualizada en el marco general de ‘Emergencia Humanitaria Compleja’ que viene experimentado el país desde hace unos 3 años. Las severas limitaciones, debilidades y riesgos que se ciernen sobre nuestra población son comprensibles en ese marco. El cual debe ser integralmente considerado para un tratamiento apropiado de la ‘emergencia nacional’ que comenzamos a experimentar.
La pandemia de Coronavirus que empieza a padecer la población venezolana se inicia en una sociedad con un sistema institucional de salud en una grave precariedad de sus infraestructuras, equipos, insumos y personal; con redes de producción y suministro de servicios de agua potable, electricidad y gas desmanteladas, sin mantenimiento ni inversión y carentes de personal calificado; con una muy deficitaria producción de alimentos y un sistema de distribución de los mismos que privilegia, por un lado, las ofertas importadas de altos precios y, por otro, el suministro partidista y discriminatorio de una oferta insuficiente y de baja calidad nutricional. Además, carente de combustible, lo que paraliza virtualmente la movilidad de mercancías, insumos y personas agudizando la grave escasez de productos de toda índole.
Esta pandemia afecta a una población castigada desde hace unos dos años por una incontenible hiperinflación, que mayoritariamente obtiene sus ingresos día a día en actividades informales por cuenta propia. Además, en su casi totalidad desprotegida, sin un sistema de seguridad social que le permita preservar su salud e integridad.
Estas características de la producción de alimentos, los servicios públicos, los empleos e ingresos de la población y de su movilidad han influido en que nuestra población presente serias carencias nutricionales, con evidentes riesgos sanitarios y de higiene en sus hogares y desprovista de los medios básicos para afrontar la nueva emergencia que significa la progresiva expansión del Coronavirus.
Las medidas que hasta el presente han adoptado las autoridades nacionales más que partir de un enfoque integral del conjunto de elementos que configuran la prevención y el tratamiento apropiado de esta pandemia, se han centrado, por una parte, en ofrecer una apariencia de preparación del sistema institucional de salud para atender los casos que se presenten y, por otro, en desmovilizar al máximo a la población generando un verdadero confinamiento de la misma.
Consideramos como organizaciones de derechos humanos que una acción integral para el manejo de la emergencia que la pandemia empieza a generar requiere:
- El aporte del conjunto de actores de nuestra sociedad, en especial de expertos médicos, académicos, del sector productivo y de las organizaciones de acción humanitaria. Al efecto deben constituirse equipos técnicos y expertos que validen y optimicen los mecanismos de atención a la población afectada.
- La adecuada dotación de insumos de los centros de salud que atienden a la población que contrae el virus. Por el contrario, se percibe la represión al personal de salud que ha declarado sobre la carencia de las dotaciones básicas. Por lo que demandamos el cese del hostigamiento y acoso al personal de salud, que en el cumplimiento de sus responsabilidades, exige una adecuada dotación de insumos al personal que atiende a la población.
- La descentralización por entidad federal de los tests para detectar el COVID 19 en una cantidad suficiente, para generar un eficiente y oportuno diagnóstico de los cuadros que se presenten o se descarten
- La atención y mejora de los sistemas de producción y distribución de alimentos y de la generación y suministro de los servicios públicos, en particular, agua potable y electricidad, los cuales requieren planes especiales que ni se han anunciado ni se les ha otorgado la prioridad que merecen.
- Medidas especiales para la atención a las personas adultas mayores, facilitándoles el acceso al cobro de sus pensiones, la adquisición de alimentos y medicinas y la adecuada atención médica frente a los riesgos señalados.
- El pleno respeto al derecho a la información sobre la pandemia, permitiendo el libre ejercicio al trabajo de los comunicadores sociales, sin restricciones para que puedan informar apropiada y oportunamente a la población. Asimismo, la generación de estadísticas confiables y rigurosas suministradas por personas calificadas y al margen de actuaciones partidistas
- Sin este abordaje integral, las medidas que han sido anunciadas se han centrado en aspectos coercitivos y de control de la movilidad de la población. Constituyendo fundamentalmente formas de confinamiento social de la población que, al final, no podrán contener ni impedir que la población salga de sus hogares a buscar en las calles los insumos, servicios y productos que el Estado no ha podido garantizarle, exponiéndose a mayores riesgos de los que actualmente padece.
¡Más que medidas exclusivas de confinamiento, nuestra población requiere atención adecuada y servicios públicos que eviten la propagación de la pandemia!
¡Exigimos que en el contexto de la pandemia se respeten y garanticen los derechos humanos de nuestra población y del personal de la salud que la atiende!
En Barquisimeto, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte
