Grupos leales al presidente atacan a obispos y representante del Vaticano, cuando intentaban mediar en Diriamba, ciudad asediada por las huestes del mandatario
Carlos Salinas
Huestes armadas bajo órdenes del presidente Daniel Ortega y oficiales antidisturbios causaron en 24 horas una de las peores matanzas registradas en Nicaragua desde abril, cuando estallaron las protestas contra el Gobierno. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) dijo a EL PAÍS que se han registrado al menos 17 fallecidos en las ciudades de Diriamba y Jinotepe –localizadas a 40 kilómetros de la capital–, que han sido fuertemente asediadas desde el domingo. Este lunes el cardenal Leopoldo Brenes, junto a obispos de la Conferencia Episcopal y el representante del Vaticano, Stanislaw Waldemar Sommetarg, fueron violentamente agredidos por las turbas gubernamentales cuando llegaron a Diriamba a mediar para pacificar la ciudad. Entre los heridos está Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua.
“Fui asediado por una turba enardecida que quería ingresar a la Basílica San Sebastián de Diriamba. Fui herido, golpeado en el estómago, me arrebataron las insignias episcopales, como el pectoral, y fui agredido verbalmente”, contó Báez a este diario minutos después de la agresión. “Logramos liberar la Basílica y a las personas que estaban dentro”, agregó el religioso. Pobladores de Diriamba se habían refugiado en el templo tras el ataque combinado de grupos antidisturbios y parapoliciales a esta ciudad, denunciado por organismo de derechos humanos.
El asedio a estas ciudades rebeldes comenzó la madrugada del domingo, cuando ingresaron camionetas que trasladaban a hombres fuertemente armados, custodiados por los antidisturbios, denunciaron vecinos de las localidades. El ataque dejó decenas de heridos y al menos 10 muertos en Diriamba, que fueron confirmados al CENIDH por el Instituto de Medicina Legal. Otros siete muertos se registran en Jinotepe, según activistas de esa organización de derechos humanos desplegados en la ciudad, aunque la cifra puede ser mayor, dijeron. Este lunes comenzaron a aparecer cuerpos en zonas rurales de estas ciudades, que el lunes no habían sido identificados.
Entre los fallecidos tras el ataque del domingo están dos policías, uno de ellos identificado como Faber Antonio López, de 23 años. Su madre, Fátima Vivas, responsabilizó este lunes a la Policía por el asesinato de su hijo, quien, dijo, había pedido la baja de la institución, pero se la negaron. La mujer relató que un oficial superior había amenazado con matar al joven si este insistía en exigir su baja. Entre los muertos de Diriamba también está un joven estudiante de Empresariales, de nombre José Narváez Campos, de 22 años. Los jóvenes han sido las principales víctimas en la tragedia que desde hace 83 días vive este país centroamericano. Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) la violencia ya ha dejado 310 muertos, de los que 20 son menores de edad, incluidos niños de apenas 15 meses.
“El país está sometido a un estado de terror, con un nivel de violencia extremo e ilimitado”, dijo Gonzalo Carrión, asesor jurídico del CENIDH. “El ataque de hoy a los obispos no fue espontáneo, sino que ha sido una acción premeditada, cuya responsabilidad es del Gobierno, una dictadura dinástica”, agregó. Para Carrión, sin embargo, este tipo de acciones violentas tiene “el efecto contrario al terror que quieren sembrar, porque multiplica el repudio de la gente contra el Gobierno, cava más el hundimiento del régimen”.
En el ataque del lunes también resultados heridos periodistas y defensores de derechos humanos. Los reporteros del programa de televisión “Esta Semana”, del Canal 100% Noticias y el diario La Prensa denunciaron el robo de sus cámaras de vídeo y fotografía. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, informó en su cuenta de Twitter que la noche del domingo se escucharon disparos cerca de la residencia diplomática. Dogu condenó la violencia y las muertes de nicaragüenses. “Mis oraciones están con las víctimas y sus familias”, escribió la diplomática. Estados Unidos impuso el jueves sanciones contra tres funcionarios nicaragüenses, entre ellos Francisco Díaz, director de la Policía Nacional y familiar del presidente Ortega. También hubo un intento de profanación a la tumba de Lila Abuanza, esposa del expresidente Enrique Bolaños, quien la semana pasada criticó a Ortega en una entrevista de televisión.
Ortega dijo el sábado que no está dispuesto a adelantar las elecciones y que pretende mantenerse en el poder hasta 2021 –cuando deberían celebrarse comicios generales–, a pesar del clamor popular que exige su renuncia inmediata. “A Ortega yo no lo veo dispuesto a irse, pero tampoco Somoza estuvo dispuesto a irse; al final, tuvo que firmar su renuncia”, dijo a este diario Dora María Téllez, exguerrillera sandinista e historiadora. “El punto no es si Ortega está dispuesto o no. El punto es que él y su familia saben que ellos tienen un tiempo límite. Lo que pasa es que lo quieren alargar lo más posible y en la alargada, quieren cobrar a los nicaragüenses el precio más alto posible, el precio en sangre”, advirtió la analista.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua, mediadora en un diálogo que pretende encontrar una salida a la crisis, dijo que analizará si considera oportuno continuar con estas negociaciones, dado que el Gobierno no ha cesado la represión, principal requisito para sentarse en la mesa de negociación. La opositora Alianza Cívica –que reúne a estudiantes universitarios, empresarios, productores, académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil– anunciaron para el jueves una nueva marcha nacional en Managua y otras ciudades del país, además de convocar a un segundo paro nacional de 24 horas el viernes, acciones que pretenden presionar a Ortega para que negocie su salida pacífica del poder.
Fuente:
https://elpais.com/internacional/2018/07/09/america/1531170330_741401.html?id_externo_rsoc=whatsapp
