Por María Camila Hernández
Mientras el Gobierno de Nicolás Maduro recibe un poco de oxígeno gracias a la actividad minera, la extracción de oro y otros minerales provocan daños ambientales, enfermedades y violencia en la Amazonía venezolana.
“Voy a proceder a aprobar entregar una mina de oro, en pleno proceso productivo, en plena capacidad productiva, a cada gobernación de los estados bolivarianos aquí presentes para la producción de recursos en divisas convertibles para nuestro pueblo”.
Esas fueron las declaraciones del pasado 16 de octubre, con las que el presidente venezolano volvió a poner sobre la mesa el tema del oro venezolano. ¿Qué implicaciones tiene, de ponerse en práctica, este anuncio? ¿Dónde están esas minas? ¿Qué necesidades podrá suplir este metal precioso en medio de la crisis económica que atraviesa el país latinoamericano?
Tan solo dos días después, el Banco Central de Venezuela (BCV) entregó cifras que confirman la recesión en la que se encuentra el país. En uno de los primeros reportes oficiales luego de varios años de silencio, el emisor informó que la economía venezolana cayó un 26,8% en el primer trimestre de este año, en comparación con el mismo periodo del año pasado.
El reporte también ratifica la crisis del sector petrolero, motor de la economía de Venezuela. Según el BCV, el sector petrolero cayó un 19,1%, con ingresos por exportaciones petroleras de 6.115 millones de dólares, un 17% menos que en el primer trimestre del 2018. En cambio, las exportaciones públicas no petroleras ascendieron a 2.330 millones de dólares, un aumento de más del 158% respecto al mismo trimestre del año pasado y de 77% en comparación con el trimestre inmediatamente anterior.
Una fuente de liquidez en medio de la recesión
Según Antonio De Lisio, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, de Bogotá, el oro no puede remediar la difícil situación económica del país. En entrevista con France 24, De Lisio señaló que, aunque no se conoce la cifra exacta, la producción aurífera estaría entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al año, una cifra insignificante frente a los gastos que requiere Venezuela. “Con esta cantidad máximo se puede mantener un programa como los CLAP (Comités locales de abastecimiento y producción), pero no da para mucho más, no da para que las gobernaciones puedan mantener su nivel de gastos”.
Y es precisamente en este sentido en el que el metal precioso parece darle un respiro al Gobierno de Maduro. En medio de una fuerte reducción de la producción petrolera a nivel interno y las sanciones que ha intensificado Estados Unidos desde el 2017, el oro se ha convertido en una alternativa para obtener liquidez.
Según las cifras del BCV para el primer trimestre del 2019, las importaciones públicas no petroleras llegaron a 955 millones de dólares, un aumento del 16,5% con respecto al primer periodo de 2018. De acuerdo con Reuters, en los primeros meses de este año llegaron a Venezuela productos como pasta, harina de trigo, aceite, azúcar, cereales, frijoles y hortalizas provenientes de Turquía, México y China, entre otros.
A pesar de las sanciones que pesan sobre el mismo BCV y la minería venezolana, el banco emisor es la entidad bancaria que más ha vendido oro por dos años consecutivos (2017 y 2018), según el Consejo Mundial del Oro (WGC). De acuerdo con reportes periodísticos como el que realizó ‘Runrunes’ en alianza con la plataforma Connectas y el apoyo del International Center for Journalists (ICJ), el BCV no solo está vendiendo los lingotes que tiene en su bóveda, sino que también se encuentra en el centro de un sistema de “lavado” de oro sucio.
Como lo indica ese reportaje, mientras que las compras internas de oro reportadas por el BCV para el 2018 fueron de 9,7 toneladas, el emisor vendió más de 73,2 toneladas a empresas de Turquía y Emiratos Árabes Unidos, “según denuncias de diputados de la AN (Asamblea Nacional) validadas extraoficialmente por funcionarios tributarios del aeropuerto internacional de Maiquetía en Caracas”.
Esa diferencia entre lo reportado oficialmente y las exportaciones de oro no pasa por ningún registro oficial. Es como realmente opera, según Antonio De Lisio, la Zona de desarrollo estratégico nacional “Arco Minero del Orinoco” que creó Nicolás Maduro en el 2016 “para el estímulo sectorial de las actividades asociadas a los recursos minerales”, ubicada en el estado Bolívar, en la Amazonía venezolana.
Arco Minero del Orinoco: expansión de la minería ilegal en la Amazonía venezolana
Alejandro Álvarez, biólogo de la UCV y coordinador de la coalición Clima 21-Ambiente y Derechos Humanos, describe el Arco Minero del Orinoco como una “gran fachada”. En entrevista con France 24, el ambientalista señaló que la actividad minera no está limitada al área que había designado el Gobierno, que correspondía al 12% del territorio nacional, sino que actualmente puede llegar al 40%. “La minería está ocurriendo en toda la Guayana venezolana, que está formada por los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro”.
Allí, según explica De Lisio, “el Gobierno declaró unos 366 contratos con pequeños mineros y ellos venden directamente al gobierno sin pasar por el Banco Central”. De acuerdo con la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG), en la Amazonía venezolana hay un poco más de dos mil puntos de minería ilegal, el 80% de la minería ilegal de la Amazonía.
Según numerosas denuncias e investigaciones, esta pequeña minería está controlada por distintos grupos criminales, tanto venezolanos como colombianos. Entre ellos se destaca la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos de las FARC que no se desmovilizaron. France 24 habló con Américo De Grazia, diputado por Bolívar en la AN, uno de los primeros que denunció la presencia del ELN en ese estado y su supuesta alianza con el Gobierno.
“Tenemos años denunciando lo que viene ocurriendo en materia de minería, desde que ocurrió la primera masacre, el 26 de septiembre del 2006 en La Paragua, donde murieron 8 indígenas. Desde ese momento para acá han ocurrido unas 50 masacres de las que se tenga conocimiento de manera pública”, afirma De Grazia.
Los costos sociales y ambientales de la minería que el oro no puede pagar
El control de la zona conocida como Guayana por parte de grupos criminales ha dificultado una medición precisa de los impactos ambientales de esta minería descontrolada, como lo explica Alejandro Álvarez. Sin embargo, se ha podido establecer que “todos los ríos importantes están perturbados” por grandes cantidades de sedimento. “Una de las cuencas que lleva más tiempo siendo afectada es la del río Caroní, tiene una carga de sedimento muy fuerte, es el que va a alimentar el embalse del Guri, que va a alimentar las represas que aportan más o menos el 70% de la energía en Venezuela”.
Por otra parte, la deforestación localizada ha favorecido la formación de lagunas y charcos, en donde se crían los mosquitos vectores de la malaria. “La zona del municipio Sifontes tiene el 80% de toda la malaria en Venezuela y Venezuela es el tercer país con mayor crecimiento de malaria en el mundo”, afirma Álvarez.
De acuerdo con el reportaje de Valentina Oropezza, ‘Somos médicos de la malaria’, que retrata tanto el aumento descontrolado de la enfermedad como la dificultad para llegar a las zonas mineras para tratar a los pacientes, “en 2017 Venezuela registró 53% de los contagios de malaria en América” y cita el estudio publicado este año en ‘The Lancet’, según el cual la epidemia de la malaria podría propagarse por Sudamérica debido a la migración de personas contagiadas.
El informe de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, entregado en julio de este año, afirma que “la extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del Arco Minero del Orinoco, ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos (…) La minería también provoca graves daños ambientales y en la salud, como el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales (…) El hecho de no consultar a los pueblos indígenas sobre estas actividades constituye una violación de su derecho a la consulta”.
De Grazia no duda en calificar el ‘Arco Minero del Orinoco’ como un “fraude financiero a la nación”, y considera que las afirmaciones de Maduro son más graves de lo que parecen, pues serían una forma de llamar a los gobernadores a participar del “saqueo”, “haciéndolos socios del delito”. Además, coincide con De Lisio en que la extracción minera no es la salida a la crisis de Venezuela. “En el año 2018 el ingreso por concepto de oro en Venezuela al fisco, no lo que ingresó por vía criminal sino al BCV, fue el equivalente a tres días de renta petrolera. Tres días de renta petrolera ni siquiera sirven financieramente para atender la epidemia de malaria que tiene solo el estado Bolívar”.
Por su parte, Alejandro Álvarez considera primordial abordar la cuestión ambiental en cualquier discusión para salir de la crisis, y cita al científico social y periodista Bram Ebus, que afirma que “los conflictos de recursos y el manejo y protección del patrimonio natural de Venezuela no solo son importantes desde un ángulo de conservación, sino que son la clave para lograr una solución política sostenible y descubrir el futuro de Venezuela”.
Fuente:https://www.france24.com/es/20191106-oro-venezuela-salvavidas-nicolas-maduro
Con Reuters
