En un titánico esfuerzo metodológico por compensar la ausencia de información proveniente del sector público, las organizaciones privadas, académicas y del sector social se han dado a la tarea de proveer datos y estudios estadísticos que arrojen luces sobre la situación política y socioeconómica de la nación. Una explicación sobre sus mayores logros y retos es lo que sigue
Por Luis Pedro España N.
El acceso a la información que genera el sector público en Venezuela es uno de los problemas más severos que se tiene a la hora de realizar evaluaciones y análisis sobre la situación social del país. Si bien los problemas de opacidad del sector público alcanzan todos los sectores de la vida pública1, el caso del acceso a la información oficial sobre el área social, y el caso de indicadores de situación o gestión de los organismos públicos que ejecutan programas sociales, es mucho mayor. Ni qué decir de los asuntos presupuestarios y gasto del sector público, donde la desinformación es casi absoluta.
Balance inicial
Hasta el año 2011 podríamos decir que el Estado venezolano producía y daba a conocer las estadísticas que tradicionalmente generaba y publicaba; como los datos derivados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) o los estudios o encuestas especiales sobre colectivos particulares (fecundidad, jóvenes, indígenas, etcétera). Además del conjunto de indicadores económicos (producto interno, agregados macroeconómicos, cuentas externas, precios, etcétera) que normalmente constituye el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN).
Si bien el acceso más allá de lo publicado siempre fue mediado por las consideraciones políticas del momento, o en función de la institución que solicitaba la información (la cual generalmente era negada si no provenía del propio Estado o de una dependencia afín al gobierno), en general, había que conformarse con la información que públicamente se colocaba en los portales web de los organismos públicos por las principales instituciones encargadas de la producción de información (Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadísticas -INE).
Haciendo un resumen de las fuentes disponibles hasta el año 2011, podemos decir que se contaba con el Censo Nacional de Población y Vivienda (aunque la información censal sobre ingreso y empleo nunca estuvo disponible); hasta el 2000 se contó con los Anuarios Estadísticos que contenían información sobre estadísticas vitales (nacimientos, defunciones y otras estadísticas provenientes de los registros civiles y otras oficinas administrativas del Estado); datos sobre establecimientos y personal que laboraba en educación y salud; atención médica; matrícula de estudiantes y un conjunto de otros indicadores que son los que normalmente constituyen las bases de información sobre el funcionamiento del Estado.
Desde 1999-2000 los informes de las Memorias y Cuentas de los ministerios del área social y sus anexos estadísticos fueron cada vez más escuetos y carentes de información que se mantuviera con alguna periodicidad como para construir series de tiempo. Estas eran muy generales o resultaban mediatizadas, tratando de mostrar “los logros” de la gestión de cada dependencia.
Pero de todas las carencias de información social quizás la más importante fue la interrupción de la publicación (y seguramente la producción) de las Encuestas de Hogares. En el año 2013 los datos semestrales de la Encuesta de Hogares dejaron de aparecer y, hasta la fecha salvo algunos indicadores que presentó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en 2018, este instrumento de información social dejó de aplicarse en el país.
En cuanto al Censo Nacional de Población y Vivienda, se cuenta con parte de la información censal al 2011, de resto no hay más información de este tipo. En 2021, cuando debió realizarse el XV Censo Nacional, no se realizó (por primera vez en setenta años) y a la fecha solo se conocen algunas informaciones sobre el anuncio de nuevas modalidades (auto empadronamiento, por ejemplo) de ejecución del Censo, pero sin que hasta el presente se haya adelantado nada en firme.
Otras fuentes de información no recurrentes como por ejemplo el Censo Indígena, las encuestas especiales de fecundidad, juventud o condiciones de vida, se llevaron a cabo en la década de los noventa y hasta el presente no se han vuelto a realizar por parte del sector público.
Los Anuarios y Boletines Epidemiológicos no solo dejaron de tener la periodicidad debida hace muchos años, sino que los últimos publicados son del año 2016 (el de enfermedades) y del año 2014 (el de mortalidad).
Sobre los informes del estado nutricional de la población solo se cuenta con los desarrollados por organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, que abarcan poblaciones específicas (normalmente en las áreas donde ellas intervienen). También con algunas estimaciones nacionales sobre seguridad alimentaria; pero en este sector no hay información oficial desde hace mucho tiempo, ni tampoco información generada por particulares que tengan una proyección nacional y con alguna permanencia en el tiempo.
Recientemente, a partir del año 2019, la información económica que produce el Banco Central de Venezuela (BCV) ha aumentado, y luego de varios años de no haber publicado las cuentas nacionales, en este año se actualizó la información económica básica (producto, precios, balanza de pagos, etcétera), pero con muchas discontinuidades. Al punto de que buena parte de la información económica del país se dispone solo hasta el año 2018. Al menos las estadísticas de precios, tipo de cambio, agregados financieros y monetarios se mantienen actualizados y ello es así dada la imperiosa necesidad de contar con estos indicadores para el funcionamiento mínimo de las empresas, el sistema financiero e incluso organizaciones del Estado que desarrollan actividades regulatorias de la economía.
La sociedad ocupándose de la responsabilidad del Estado
Este “cierre” a la información social que hemos argumentado ha sido compensado de alguna forma por el esfuerzo de organizaciones académicas, oficinas consultoras y organizaciones del Tercer Sector, que se han dedicado al levantamiento de información primaria. Empresas de consultoría económica se han dado a la tarea de hacer estimaciones sobre la evolución del producto y su sectorialización, igualmente cuentan con sus propias estadísticas de precios, abastecimiento y remuneraciones.
En el aspecto social se debe resaltar el esfuerzo que ininterrumpidamente, y desde 2014, ha realizado la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) con el levantamiento de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), que de alguna forma ha llenado el vacío dejado por la desaparición de la Encuesta de Hogares por parte del INE, abarcando no solo mediciones de empleo e ingreso, sino también aportando información sobre salud, seguridad alimentaria, nutrición (antropometría para el año 2020 y próximamente 2023), educación y más recientemente (para las ediciones de 2022 y 2023) temas de inclusión social, seguridad natural y movimientos migratorios.
También hay que destacar los esfuerzos en las áreas de salud que han realizado organizaciones creadas de manera ad hoc a fin de lograr hacer seguimiento a la situación de los hospitales y centros de salud, la evolución de la COVID-19, coberturas de vacunación, etcétera.
Por último, los centros de derechos humanos también hacen una importante labor compilando la información que levantan distintas organizaciones e informando desde una perspectiva centrada en los derechos de las personas, la situación social y económica del país.
No obstante estas iniciativas privadas, en general podríamos decir que el país se encuentra bastante desinformado en cuanto al conocimiento de la verdadera dimensión de la crisis económica y social que padece, ya que por más que estos esfuerzos traten de ser metodológicamente ajustados a los criterios académicos y a las convenciones internacionales que permitan la comparabilidad, lo cierto es que la estrechez de recursos, la persecución por parte del Estado a este tipo de actividades y, lo más importante, las dificultades de transparencia que posee esta información “no oficial” –dado que ella no necesariamente es expuesta ante comités o grupos de evaluación, lo que sí ocurre con las estadísticas del sector público cuando son democráticas y transparentes–, hace que tengamos un sistema nacional de información fragmentado, incompleto y sin posibilidades de sustituir lo que debe ser una responsabilidad del Estado para con los ciudadanos, las instituciones, y su posibilidad de tomar decisiones asistidos por la razón.
Todo lo anterior hace que estas fuentes de información y sus resultados no sean reconocidos necesariamente como válidos y confiables por todos los sectores del país y, lo peor, se convierte en una información absolutamente desestimada por el Estado, quien en definitiva es el que puede actuar para cambiar la situación que se describe desde estos estudios privados.
Una palabra final
El cierre informativo en Venezuela forma parte de las prácticas habituales de los gobiernos autoritarios a los cuales no solo no les conviene, sino que están imposibilitados de permitirse ser objeto de la evaluación de sus acciones. Se trata de gobiernos que no son responsables, porque no solo no rinden cuentas, sino que persiguen o desacreditan a quienes tratan de compensar estos déficits y, por lo tanto, tampoco pueden responder a las necesidades del país.
Los esfuerzos de las organizaciones sociales, académicas y empresariales por tratar de generar alguna luz para evaluar dónde estamos y para dónde vamos, no tarda en calificarse como propaganda oposicionista, cuando no, de señalarse como parte de alguna de las tantas conspiraciones que se inventan.
El país está a oscuras por muchas razones, pero de todas, la desinformación es la causa más importante.
Notas:
- Son varias las organizaciones sociales no gubernamentales que se han ocupado del problema del acceso a la información del sector público. De todas ellas destacamos dos. Transparencia Venezuela, quien recientemente publicó un informe sobre la opacidad en el país: La opacidad en Venezuela, una forma de gobernar. Noviembre 2022. (https://transparenciave.org/wp-content/uploads/2022/11/Opacidad-en-Venezuela-una-forma-de-gobernar.pdf) y la organización Espacio Público, quien presentó un informe sobre la negativa o ausencia de respuesta de distintas dependencias del Gobierno cuando se les solicitan datos o información en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública aprobada por la Asamblea Nacional en 2021. (La opacidad es la Regla. Caracas. Septiembre 2022 (https://espaciopublico.ong/opacidad-sostenida-peticiones-de-informacion-sin-respuesta-durante-el-primer-ano-de-la-ley-de-transparencia/)
