Por Félix Arellano
El señor Mathias Cormann, Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), informó desde la sede de la institución en París, el pasado mes de junio, que cinco de los seis países que iniciaron consultas para el proceso de adhesión en enero del presente año entraban en la segunda fase, más compleja y decisiva para el ingreso, que se define como la construcción de “la hoja de ruta” para cada uno de los aspirantes, en este caso: Bulgaria, Croacia, Rumania y dos países de la región, Brasil y Perú.
En una primera lectura, la decisión parece controversial; por una parte, por la exclusión de Argentina, que formaba parte del conjunto de los seis aspirantes que iniciaron el proceso de consultas y, por otra, al haber incluido al Perú, que lleva varios años en una crisis política compleja, que se ha agudizado con la elección de Pedro Castillo.
Los países que ingresan en la OCDE deben adecuar sus normativas y políticas a los estándares de esta organización creada en 1961, que actualmente contempla un patrimonio jurídico de más de 250 instrumentos legales y unos 200 comités técnicos y grupos de expertos, que orientan la labor de los Gobiernos de sus 38 países miembros, cuatro de ellos de nuestra región: Chile, Colombia, Costa Rica y México.
Adicionalmente, resulta de capital importancia compartir y aplicar los valores fundamentales de la OCDE, que al cumplir sus 60 años de existencia la organización resumió como:
La preservación de la libertad individual, los valores de la democracia, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos, así como los méritos de una economía de mercado abierta, basada en el libre comercio, la competencia, la sostenibilidad y la transparencia.
Al analizar con atención los valores fundacionales de la OCDE, requisitos indispensables para ingresar y permanecer en la institución, resulta comprensible y coherente la decisión adoptada, pues no obstante los complejos problemas políticos de Perú, y la tensión que se perfila en el proceso electoral de Brasil, ambos países mantienen las libertades fundamentales y, en particular, la libertad del mercado y la seguridad jurídica.
Desde una segunda lectura, la decisión adoptada por la OCDE con respecto a la Argentina, se puede apreciar coherente e incluso con un efecto premonitorio, pues en los últimos días la crisis en la cúpula del Gobierno en Argentina se ha profundizado. La OCDE y la comunidad internacional observan que, al asumir el gobierno la dupla Alberto Fernández y Cristina Kirchner, en Argentina reina la incertidumbre y las contradicciones, en todas las áreas del Gobierno y, en particular, en la política económica.
Ya es público y notorio el ataque del kichnerismo radical contra el presidente Fernández; en particular, el llamado grupo La Cámpora, cuyo líder es Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta. La señora Kirchner promueve un modelo intervencionista, discrecional y autoritario en el plano económico; pero concentra su atención en la reforma del Poder Judicial, con el objetivo de lograr una institucionalidad que le garantice la impunidad.
La OCDE debe tener claro que actualmente Argentina enfrenta:
Un desmadre del gasto público, una continua emisión monetaria, un endeudamiento creciente, una devaluación que no paró y no para de escalar, un aumento de precios que parece no tener fin, un deterioro severísimo del salario real, una industria que se desmorona y un índice de pobreza que lastima (Choroszczucha, 2022).
Retomando la decisión de la OCDE, cabe destacar que el proceso de formulación de la “hoja de ruta” no se presenta fácil para los aspirantes, y se perfila bastante complicado en el caso de los países latinoamericanos. En Perú, la situación política se mantiene en alta inestabilidad, entre otros, por lo errático de la administración del presidente Castillo, quien en apenas un año de gobierno ya lleva cuatro gabinetes (Guido Bellido, Mirtha Vázquez, Héctor Valer, Aníbal Torres).
Prevalece una situación social muy tensa, pues los radicales que apoyaron a Castillo exigen resultados, tensión que ha llevado al presidente a renunciar a su partido, Perú Libre, en junio de 2022, debilitando aún más su precaria situación en el Congreso, donde ya ha enfrentado dos intentos de mociones de vacancia (destitución).
En efecto, el primer intento ocurrió en diciembre del 2021, pero no logró el número de votos para entrar en discusión. Luego, el segundo intento que, si bien logró 76 votos de aprobación para la inclusión en los debates del Congreso, solo alcanzó 55 votos a favor, lo cual no llega al mínimo de los 87 votos, de los 130 miembros del Congreso peruano, necesarios para ser aprobada la moción.
La labor de gobierno del presidente Castillo ha sido errática y contradictoria, pero sorprendentemente la economía sigue funcionando bajo los principios de la libertad de mercado y la seguridad jurídica.
Por otra parte, conviene destacar que, no obstante las debilidades del Presidente, quien incluso las ha reconocido públicamente, en principio ha contado con el apoyo de los sectores moderados en el Congreso, que siguen aprensivos ante el radicalismo de Keiko Fujimori.
Ahora bien, en las sorpresas y paradojas que presenta la política, en estos momentos encontramos coincidencias estratégicas del presidente Castillo con su mayor enemigo en el Congreso, el partido Fuerza Popular de Keiko Fujimori, concomitancias que giran en torno a la promoción de una agenda conservadora que rechazan los sectores liberales y moderados. Como se puede apreciar, Perú enfrenta un panorama lleno de incertidumbre.
Tampoco el caso de Brasil se presenta sencillo. La popularidad del presidente Bolsonaro se ha deteriorado sensiblemente, producto, entre otros, de su errática administración y creciente agresividad. En estos momentos, en campaña electoral para su reelección, está desarrollando una narrativa de desprestigio de la institucionalidad electoral del país, argumentando un potencial fraude en su contra, lo que hace pensar a sus críticos, que son muchos, que podría emular los actos de violencia que promovieron los fanáticos del expresidente Donald Trump al invadir el Congreso, renuentes a reconocer la derrota electoral (Anja Czymmeck y Carmen Leiman-López, 2022).
En este contexto regional tan intrincado, la decisión de la OCDE se puede interpretar como un voto de confianza para los países que han sido elevados a la segunda fase del proceso de adhesión. Los retos que se presentan son colosales, pero el proceso de adhesión podría ayudar a que los radicalismos prevalecientes se atemperen y los diversos sectores se encuentren en el duro trabajo que se inicia con la OCDE, generando espacios para el diálogo, la negociación y la cooperación, lo que podría fortalecer la gobernabilidad, con perspectivas alentadoras para el país en su conjunto.
Fuente:
Arellano, F. (19 de julio de 2022). OCDE: ¿decisión polémica? TalCual Digital. Disponible en: https://talcualdigital.com
