OEV*
Con la decisión anunciada el pasado 7 de este mes para la actualización de los partidos políticos, el CNE nuevamente le ponen escollos a la ciudadanía para el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución Nacional, que en su artículo 67 dice que “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de asociarse con fines políticos…”
Esas condiciones establecidas por el CNE para la renovación de los partidos políticos, sobre todo para los partidos más pequeños, son de cumplimiento casi imposible. Nuevamente, repitiendo conductas ya observadas el pasado año, el Poder Electoral, en lugar de promover y facilitar la participación de la ciudadanía, la obstaculiza y le pone trabas.
En efecto, se ha convertido en práctica reiterada del Poder Electoral restringir el número de sitios donde los electores deben acudir a ejercer algún derecho. Repitiendo lo vivido con el intento ciudadano de promover un referendo revocatorio presidencial, el CNE anuncia ahora que será en escasos 390 puntos, cuya ubicación no ha sido suficientemente publicitada, donde los electores deberán acudir a manifestar su apoyo para la renovación requerida. Con la excusa de ampararse en la seguridad que proporciona la plataforma tecnológica electoral, en lugar de permitir que los promotores de la renovación de cada partido, sin más restricciones que las contempladas en la ley, busquen las adhesiones requeridas, se obliga a que los adherentes se trasladen a lugares predeterminados que pueden no ser de fácil acceso.
Igual ocurre con el horario establecido. El CNE determinó igualmente que el proceso de renovación de cada partido se limitará a un fin de semana con dos jornadas de siete horas. Además, en las diez semanas contempladas para la renovación de todas las organizaciones, están el Carnaval y la Semana Santa. Llama también la atención que, luego de meses de silencio sobre el tema, se presenta esta programación para que cada partido, atropelladamente, cumpla en apenas catorce horas con los requisitos legales, en tiempos y condiciones no contemplados en la ley.
Anuncia así mismo el CNE que los electores con derecho a participar en este proceso de renovación de partidos, son los incluidos en el registro electoral usado para las elecciones parlamentarias de 2015, registro que cerró a mediados de ese año. Todos los potenciales nuevos electores, que estimaciones ubican en cifras cercanas a los dos millones, estarán excluidos, es decir, quedan privados de un derecho fundamental, propio del sistema democrático.
Ante todo, lo señalado, el OEV sostiene que el proceso de renovación de partidos es un proceso administrativo y no debe estar por encima del ejercicio de los derechos políticos. Y recuerda que, acorde con esto, en ocasiones anteriores, por ejemplo, en el año 2006, los procesos de carácter administrativo han sido postergados a fin de hacer posibles los procesos electorales que tocaba llevar a cabo en el año mencionado, sin convertirse en excusa para demorar elecciones pautadas constitucionalmente.
En suma, es responsabilidad, constitucional y legal, del Poder Electoral estimular y facilitar la participación política, pero el CNE reiteradamente incumple esta obligación. Suspendió el referendo revocatorio, acatando decisiones de tribunales regionales sin competencia electoral, no ha llamado a elecciones regionales en los plazos diáfanamente contemplados en la Constitución. Diseña ahora mecanismos de renovación de partidos, que pareciera tener por propósito la eliminación de buena parte de ellos, sobre todo de los más pequeños, violentando con ello el principio del pluralismo político contemplado en la Constitución desde su segundo artículo.
La sociedad toda debe exigirle al CNE que regrese al cause que la Constitución y las leyes le indican, anunciando una pronta programación de elecciones y facilitando los procesos en marcha, como una condición para buscarle salida a la actual crisis venezolana. Sin elecciones ni partidos políticos no puede haber democracia.
*Observatorio Electoral Venezolano.
