Javier Contreras
Cuando todavía muchas personas no tienen claro qué pasó con Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General legítima, se hacen cada vez más profusas y rimbombantes las apariciones de Tarek William Saab, fiscal general designado por la ilegítima asamblea constituyente. Parece un intento por apartar de la memoria colectiva la forma irregular en la que se dio el cambio en la cabeza de uno de los Poderes Públicos, neurálgico por ser el que se reserva el ejercicio de la acción penal en Venezuela.
Al mejor estilo de un súper justiciero, Saab ha anunciado investigaciones, apertura de procedimientos, detenciones y órdenes de captura, todo esto para demostrar que ahora sí hay garantía de justicia en el país. Claro está, no basta con exponer la celeridad y astucia con la que actúa, es absolutamente necesario señalar que esto no se hacía antes porque Ortega Díaz, a quien han endosado toda clase de descalificativos, no lo permitía.
La inmensa mayoría de los venezolanos desea que en efecto impere la justicia, condición que ayudaría a combatir el tan dañino como instalado hábito de la impunidad. Precisamente porque hace falta justicia es que, con sobradas razones, la sospecha se instala en torno a la actuación de la Fiscalía General.
Dadas las circunstancias en las que asumió Saab, reflejo de una institucionalidad secuestrada por el gobierno nacional, sus acciones están signadas por el descrédito y el cumplimiento de un dictamen político, más que por la real búsqueda de equidad, transparencia y reconstrucción de la confianza en el sistema judicial – penal venezolano. Alocuciones que mezclan información con consignas políticas, cargadas de suposiciones y pretendida ironía, dan cuenta del horizonte en el que se maneja el ex Defensor del Pueblo.
Por mediático que sea el perfil que busca construirse la Fiscalía, las dudas seguirán rondando su labor, ya que no es suficiente anunciar como gran logro la captura de personas que siempre terminan siendo presentadas con vínculos con la oposición política, eso reya en lo burdo. Tampoco es suficiente la apertura de investigaciones y detención de algún miembro de menor rango de cualquiera de los cuerpos de seguridad, o el desmantelamiento de bandas criminales conformadas por funcionarios de bajo nivel de una de las tantas empresas que maneja el Estado.
Si la Fiscalía quiere dar un golpe en la mesa de la corrupción, el delito, la impunidad y la mafia cuyo efecto sufrimos millones y millones de venezolanos, debe comenzar por tomar en serio las denuncias que se hacen, desde distintos sectores de la vida nacional, respecto a la posible participación de figuras políticas representantes del partido de gobierno, empresarios con conexiones tan fuertes que parecen intocables, y militares de alto rango en hechos punibles de diversa índole.
No hay razones para creer que eso sucederá; abundan las razones para creer que la fiscalía se afianzará como el brazo ejecutor de las decisiones que al gobierno le convenga tomar, así esas decisiones vayan en detrimento del bienestar colectivo.
