Alfredo Infante
Según el informe Iguales: acabemos con la desigualdad extrema. Es hora de cambiar las reglas, presentado por la ONG Internacional Intermon-Oxfam, América Latina sigue siendo la región más desigual del mundo donde “los más ricos acaparan casi el 50 por ciento de los ingresos totales de la región, mientras los más pobres reciben solo el 5 por ciento”.
De acuerdo al citado informe, en 2013 y 2014 fue en América Latina y El Caribe donde más creció el número de ricos que acumulan más de US$ mil millones, profundizándose así la brecha entre ricos y pobres. Lo paradójico de esta dinámica es que se da en un contexto en el que los indicadores de superación de la pobreza en la región han sido relevantes. Según Marcelo Justo de BBC Mundo, “los logros sociales son indudables. En los últimos 15 años unos 100 millones de latinoamericanos salieron de la pobreza y, sin embargo, la distancia que los separa de los más ricos apenas ha variado”.
Esto indica que la superación del umbral de la pobreza por parte de millones de latinoamericanos no está relacionada con un cambio estructural del modelo económico. Más bien ha sido posible por la combinación de un crecimiento económico sostenido, producto del extractivismo, la sobrevaloración en el mercado de las materias primas y la gestión de gobiernos con una agenda social más inclusiva en la distribución de dichas rentas.
La corresponsabilidad de los más ricos respecto a la lucha contra la pobreza, debe ser encauzada por los Estados con reformas fiscales que garanticen una mayor justicia social sin desmotivar la inversión y la productividad; sin embargo, Juan Pablo Jiménez y Andrea Podestá, investigadores de la Cepal, constatan que “en América Latina, menos de un tercio de la recaudación corresponde a impuestos directos. El grueso de la carga recae en los impuestos sobre el consumo y otros impuestos indirectos. La carga tributaria no solamente es baja, sino que tiene un claro sesgo regresivo”. A este hecho se agrega, según la ONG Global Oxfam, la evasión de impuesto por parte de las empresas que en países como México llega a 46 por ciento y en Ecuador a 65; en ambos casos con un nivel importante de impunidad.
La violencia: una epidemia
En diciembre de 2014, con datos aportados por los Estados hasta 2012, la Organización Mundial de la Salud presentó el informe sobre violencia en el mundo, acotando, sus voceros, que en América Latina la violencia se ha convertido en una epidemia que mata miles de personas cada año, especialmente a los más jóvenes. Los datos son escalofriantes. En 2012, 165 mil 617 personas en los países de América Latina y El Caribe fueron asesinadas. Tres cuartos de estos homicidios fueron perpetrados con armas de fuego. Según la redacción de BBC Mundo, “la tasa de homicidios regional se traduce en 28,5 homicidios por 100.000 habitantes… Se trata de una tasa que cuadruplica la del resto del mundo y es el doble de la de los países en desarrollo de África”.
La lista de los más violentos la encabeza Honduras con 103,9 personas por cada 100 mil habitantes. El segundo en la lista es Venezuela con 57,6; en tercer lugar Jamaica 45,1; cuarto Belice 44,7 y en el quinto El Salvador con 43,9; todos teniendo como marco referencial los 100 mil habitantes.
La lista de homicidio con armas de fuego la encabeza Venezuela con 90 %, mientras que en El Salvador fue 77 %.
Cabe resaltar que no todos los países de América Latina presentan estos síntomas epidémicos de violencia fratricida. El informe presenta también los cinco países menos violentos y, algunos de ellos, no están muy lejos del estatus de algunos países europeos. Teniendo como marco los 100 mil habitantes, Antigua y Barbado presenta una tasa de 4,4 muertes violentas; Chile 4,6; Cuba 5; Argentina 6; y Costa Rica 8,5.
Este contraste entre los cinco países más violentos y los cinco menos violentos nos lleva a reconocer que las generalizaciones no hacen justicia a la realidad, por lo que cada país debe ser analizado de manera concreta. Sin embargo, al estar en una misma región, es importante interactuar y establecer mecanismos de mutuos aprendizajes para prevenir y disminuir los índices de muertes violentas.
Diálogos, negociaciones y acuerdos bilaterales
En Colombia el proceso de paz logró vencer importantes dificultades y continúa avanzando la agenda de diálogos programada. Por su parte, Estados Unidos y Cuba, con apoyo de la diplomacia vaticana y del mismísimo papa Francisco, firmaron un acuerdo que se convierte en un hito positivo no solo desde la perspectiva bilateral, sino también en la relación de Estados Unidos con la región. Como nota discordante, en esta atmósfera de diálogos, negociaciones y acuerdos, en Venezuela fracasó el intento de diálogo entre el Gobierno y los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el cual contó con el respaldo de gran parte de la sociedad y de la diplomacia internacional; especialmente la vaticana que estuvo presente a petición de ambas fracciones. Gran oportunidad perdida.
Colombia
Las conversaciones de Paz entre el gobierno del presidente Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito Popular (FARC-EP) que se llevan a cabo en la Habana-Cuba desde 2012, tuvo en 2014 dos momentos cruciales que pusieron entre la espada y la pared el éxito mismo del proceso.
El primer obstáculo importante que el proceso de paz tuvo que superar fue el de las elecciones presidenciales. Estas tuvieron como telón de fondo el debate entre el proyecto uribista de seguridad democrática, representado por el candidato Oscar Iván Zuluaga, y el diálogo y negociación de paz liderado por el presidente-candidato Juan Manuel Santos. Los resultados de la primera vuelta, celebrada el 25 de mayo, fueron favorables al uribismo con 29,25 %, sacando una ventaja de 4,56 %, respecto al presidente-candidato Juan Manuel Santos, quien obtuvo 25,69 %. Los diálogos de paz temblaron con estos resultados. Después de reacomodos y alianzas políticas en torno a estos dos proyectos, en la segunda vuelta, celebrada el 15 de junio, se impuso la apuesta por el diálogo y la negociación, con 50,95 %, sobre la seguridad democrática uribista que logró consolidar un importante 45 %. Solo 5,95 % de diferencia. El segundo gobierno del presidente Santos es respaldado por una coalición de múltiples partidos abocados al proceso de paz y se mantiene en la oposición un beligerante uribismo con un creciente respaldo popular.
El segundo obstáculo lo representó el secuestro del general Rubén Alzate Mora, hecho que llevó al presidente Juan Manuel Santos a suspender, el 16 de noviembre, los Diálogos de Paz. La coyuntura fue aprovechada por el uribismo y los opositores del proceso de diálogo para afirmar sus hipótesis en torno a la imposibilidad de una salida negociada al conflicto. Fue una coyuntura muy tensa y llena de incertidumbre. El 30 de noviembre el general fue liberado y entregado a la Cruz Roja. El 3 de diciembre se acordó reanudar las conversaciones de paz en La Habana, Cuba. El 20 de diciembre la FARC-EP declara el cese al fuego unilateral como señal de su apertura al diálogo y la negociación.
El año cierra con tres importantes consensos tales como la reforma rural, la participación política de la guerrilla y la solución al tema de las drogas ilícitas. Queda abierta para 2015 el capítulo sobre las víctimas, el debate en torno a dejar las armas, y el mecanismo para refrendar un eventual acuerdo de paz. Mención especial merece el protagonismo que ha ido cobrando la sociedad civil en el proceso, especialmente las víctimas. Esto evidencia que la alianza por la paz, en la segunda vuelta de las elecciones, entre el candidato presidente y los pequeños partidos interesados en el proceso de paz, ha permitido menos hermetismo y una progresiva apertura a los movimientos sociales y a las víctimas, dándole mayor legitimidad a los acuerdos.
Estos avances en el proceso han generado un piso de confianza para que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla más importante de Colombia, declare también su voluntad de paz, y el Presidente de la República anuncie que desde enero de este año se inicia una fase exploratoria de diálogos de paz con la mencionada organización armada, con el fin de concretar la agenda de diálogo y negociación, que sirva la mesa para poner oficialmente en marcha el diálogo.
Carlos Velandia, alias Felipe Torres, vocero del ELN para los diálogos exploratorios, en entrevista concedida al Tiempo de Bogotá, considera que para que las negociaciones de paz gocen de una mayor legitimidad es necesario convencer al uribismo de que este es el camino y sugiere a Bill Clinton como mediador entre Uribe y Santos. Acotó que los acuerdos de paz, sin el respaldo del uribismo, siempre serán frágiles.
Acuerdo: Cuba- Estados Unidos
Desbloquear el bloqueo hacia Cuba es más que una apertura en las relaciones económicas y diplomáticas bilaterales. Representa simbólicamente la disposición por parte de Estados Unidos de aproximarse a América Latina y El Caribe de una manera distinta, menos prepotente. Y, por parte de Cuba, un posicionamiento más pragmático y abierto, menos ideológico que el acostumbrado; legado del tiempo de la Guerra Fría. El razonamiento de Obama, reseñado por la prensa internacional, es que la política del bloqueo impuesta por más de cinco décadas fracasó en el objetivo propuesto de imponer cambios políticos en Cuba. Es verdad que el acuerdo se concreta en un momento en el que Venezuela, principal socio de Cuba, entra en una crisis profunda con la caída de los precios del petróleo, sin embargo, cabe recordar que estas negociaciones se venían gestando desde mucho antes que se visualizara la magnitud de la crisis petrolera. Por tanto, no se puede leer este acontecimiento solo como un cambio de fidelidad por mera táctica de sobrevivencia, sino también como el inicio de un nuevo momento para Cuba. ¿Acaso se enrumba Cuba al modelo chino de apertura económica?
A nivel interno de los Estados Unidos, el presidente Obama tendrá que buscar la aprobación del congreso, ya que el embargo o bloqueo se rige por una ley sancionada por esta institución. No será fácil debido a que hay sectores reacios al acuerdo, sin embargo, hay grupos económicos interesados en desbloquear el comercio entre los dos países y estarán muy activos haciendo lobby a favor del restablecimiento económico de las relaciones. El acuerdo está comenzando, el proceso está abierto. Amanecerá y veremos.
Criminalidad e impunidad
Mafia, criminalidad e impunidad vinculada al poder político es una de las plagas que padece América Latina. Lo que ha sucedido en México es un indicador de lo que permanece soterrado y oculto en muchos países de la región. Según el provincial de los jesuitas en México, “a partir del secuestro de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, perpetrado por autoridades estatales, se despertó una enorme indignación en la sociedad mexicana, y una gran solidaridad con las víctimas y sus familiares desde todos los puntos del continente. Los ojos están puestos en México, exigiendo la aparición con vida de los jóvenes, visibilización de las autoridades civiles, policíacas y militares involucradas y transparencia en la investigación que, a raíz de la presión popular, el gobierno nacional se ha visto obligado a iniciar”. La Iglesia mexicana, con la solidaridad de toda la Iglesia universal, se ha manifestado diciendo entre otras cosas que, “compartimos como mexicanos la pena y el sufrimiento de las familias cuyos hijos están muertos o están desaparecidos en Iguala, en Tlatlaya y que se suman a los miles de víctimas anónimas en diversas regiones de nuestro país. Nos unimos al clamor generalizado por un México en el que la verdad y la justicia provoquen una profunda transformación del orden institucional, judicial y político, que asegure que jamás hechos como estos vuelvan a repetirse”. Esperamos que la indignación y el horror por este tipo de crímenes despierten las voces y las conciencias para tomar medidas Estados y sociedades en contra del ciclo de crimen e impunidad que nos acecha en la región.
Racismo y xenofobia
En septiembre de 2013 el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dejó en condición de apátridas a varias generaciones de dominicanos de ascendencia haitiana, por ser hijos de padres con estatus de migrante irregular, irrespetando el Ius soli. En 2014 la Corte Interamericana de DD.HH. condenó al país por deportar a haitianos y dominicanos de origen haitiano. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a la República Dominicana que acate y convierta en un elemento clave de su legislación la sentencia de la Corte IDH. El hecho ha polarizado al país entre los nacionalistas y los defensores de DD.HH. El Estado dominicano se niega a cumplir la sentencia arguyendo que es inaceptable la intromisión de entes internacionales en asuntos internos del país. Mientras el debate se mantiene en la palestra pública, en el día a día los dominicanos de ascendencia haitiana siguen padeciendo “la negación de las copias certificadas de sus actas de nacimiento, la negativa a expedir y/o renovar sus cédulas de identidad y electoral, la imposibilidad de contraer matrimonio y de inscribir y registrar sus hijos e hijas en el registro civil, la negativa a expedir pasaportes, con contadas excepciones, sigue siendo la práctica habitual y sistemática de dichas instituciones hasta la fecha”.
