Editorial Revista Sic 711. Enero-Febrero 2009
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A principio de enero de este año conocimos el contenido de la sentencia 1939-08 en la cual la Sala Constitucional declara inejecutable la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de unos ciudadanos que reclamaron la violación de su derecho al debido proceso. Además, la misma Corte le pide al Poder Ejecutivo que denuncie (se retire) la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Entre sus argumentos se encuentra uno según el cual, antes que respetar los derechos humanos de las personas, el Estado debe garantizar aquello que el mismo Estado considera que es el bien común de la sociedad, pasando por encima de cualquier consideración personal. Eso se conoce en la teoría política como la razón de Estado y termina justificando cualquier actuación, pues detrás de la misma se protege aparentemente el bien común de la sociedad. Esto ha dado pie para cientos de abusos a lo largo de la historia.
La misma sentencia afirma que el ordenamiento jurídico está en función de un proyecto político al cual se debe y se subordina. Si este proyecto político fuese el de la Constitución, los derechos de las personas estarían salvaguardados, pues esos derechos aparecen como fin supremo y fundamental del proyecto constitucional. Pero no parece que ese fuese el fin para la mayoría sentenciadora, sino otro. ¿Será acaso el proyecto político revolucionario hoy en el poder? ¿Se identifica sin más al Estado con el proyecto socialista a pesar de que claramente esto fue rechazado por la población en el referendum del 2 de diciembre de 2007?
Si asumimos esta perspectiva como hipótesis podemos explicar algunos hechos. En ese modelo, la revolución está por encima del Estado. Es decir el Estado no está para servir a los ciudadanos, sino a la revolución, que a su vez aparece como único camino posible para la existencia de la república como es concebida por quienes detentan el poder. La pervivencia de la revolución parece estar ligada al sostenimiento de un hombre en el poder: Hugo Rafael Chávez Frías. Éste aparece como la única garantía de la existencia en paz, pues de no ser él junto con sus acólitos quienes ejerzan el poder tendríamos por resultado el caos, la violencia y la guerra.
Muestra de este aserto es lo ocurrido en las alcaldías y gobernaciones que asumió la oposición luego de las elecciones de 2008. Oficinas y espacios públicos dependientes de esas instancias fueron saqueados y/o vandalizados, competencias e instituciones fueron centralizadas, variados actos de toma de posesión fueron agredidos. Sin Chávez la paz no está garantizada, en ese sentido es un mesías y como todo mesías es indispensable. Se trata pues de una mediación necesaria para lograr el fin que no es otro que la existencia de la república y ésta entendida como salvaguarda de lo que nos es común como sociedad, a la cual se subordina (como señala la sentencia 1939-08) las personas.
La república entra así en un juego de oposiciones que aparece no sólo en la valoración bien común vs. bien individual; derechos individuales vs. derechos sociales; sino también en aspectos como democracia formal vs. democracia real. No se da en estos esquemas de opuestos ninguna superación dialéctica, sino un mero movimiento pendular que a su vez se transforma en la razón de la amenaza del Presidente, pues de no estar él se presume que es altamente probable que el movimiento pendular haga que se vuelva a situaciones de exclusión social y económicas.
De hecho nuestra historia está plagada de caudillos y dictadores que pretendieron ser imprescindibles para la existencia de la república: Páez, Monagas, Guzmán, Gómez, Pérez Jiménez, por recordar algunos. Muchos de ellos profesaron ser bolivarianos. De hecho Gómez en particular se atribuyó de múltiples formas el ser representante del pensamiento y sentimiento bolivariano, a la vez que no sólo él, sino otros consideraron indispensable su permanencia en el poder para permitir el avance y la existencia de la república en el marco del positivismo político en boga en la época. En fin, era el césar democrático y la paz dependía de él. Pero ¿cómo ser bolivariano y soslayar el terrible anatema que el libertador dejó en Angostura sobre aquellos que pretendieran perpetuarse en el poder?
Bolívar usa este anatema, pues para él la preocupación fundamental era garantizar en la república la libertad. Ésta se vería cuestionada claramente si una misma persona se perpetuaba de alguna manera en el mando del gobierno. Los demás se convierten en esclavos y dependientes de quien ejerce el poder y este último se acostumbra mandar, es decir se considera indispensable. Muchas veces el pueblo pasa a ser un objeto de la beneficencia del gobierno bajo el argumento de la democracia material a cambio de una sistemática disminución de las garantías de los derechos civiles y políticos que los convierte en personas alienadas de su derecho.
Por eso en nuestro sistema constitucional desde el principio se asume junto con el criterio de elegibilidad el criterio de alternabilidad, que garantiza la posibilidad de renovación y acceso a la función pública. La alternabilidad expresa la imagen de que nadie es indispensable, que somos un colectivo y que se abren las oportunidades para todos en igualdad de condiciones. No es igual quien va a una elección para ser reelecto contando con todos los atributos del poder que quien no dispone de tales medios.
En el caso venezolano esto se hace más evidente. El Presidente usó más de 190 horas de cadena nacional durante el año 2008. Durante el proceso electoral pasado usó 31 horas. Éstas no fueron usadas para aspectos institucionales, sino para hacer evidente campaña por los candidatos de su partido. El 13 de enero los medios fueron encadenados por más de 7 horas continuas para oír la memoria y cuenta del Presidente, salpicada la misma de un conjunto de comentarios a favor de la opción del SI en la enmienda constitucional. Durante las 7 horas (que casi nadie siguió) el Presidente habló de lo que él considera son los logros del proceso político y como él es el único garante necesario de la paz. Pero nos preguntamos cuál paz.
No dudamos que existen logros a nivel social y político en el actual proceso. Pero en nuestras comunidades populares han muerto ya miles de ciudadanos víctimas del hampa, realidad de la cual no hizo siquiera la mínima mención. Peor aún si nos referimos al caso de los inexistentes niños de la calle. Se le olvida el desastre que tenemos a nivel hospitalario y de acceso a la vivienda. Dentro de este cuadro de omisiones y negaciones de la realidad hemos de inscribir también la pretensión de que la crisis económica mundial no nos afectará, cuando el precio del petróleo viene en franco retroceso, se perfila un claro déficit fiscal y nuestra economía sigue siendo (por no decir que ha empeorado en esta condición) monoproductora y de puerto.
Como han señalado varios analistas, quizás sea esta crisis la que esté provocando el atropello con el cual se está realizando este proceso electoral. Atropello que se expresa en la negación incluso de los derechos a ser elector a un grupo de jóvenes que podrían haberse inscrito en el registro electoral y cuyo número es importante. Pero para el sistema, como lo señala la sentencia que hemos comentado, el bien común definido por quien detenta el poder, está por encima de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos. No somos importantes las personas, sólo el proceso y éste tiene un mesías, pero quizás los venezolanos decidan que sólo quieren un presidente de una república que se considera integrada por ciudadanos y no por clientes.
