Póngase en el lugar de María, coordinadora de una Casa Hogar en San Félix. Tiene 20 niños y adolescentes bajo su responsabilidad. Su equipo debe ocuparse de que convivan en paz, de que tengan su ropa limpia cada día y puedan ir a sus escuelas, garantizarles medicinas si se enferman, y darles de comer tres veces al día, puesto que están internos. Son niños y adolescentes que vienen de hogares en condiciones de pobreza extrema, víctimas de violencia intrafamiliar, en fin, de diversas situaciones de riesgo. Con lo anterior digo que María no puede decirles que se vayan a sus casas y vuelvan mañana o pasado. Y la verdad es que ahora no hay cómo dar de comer a estos muchachos. Qué van a hacer ¿comprar con sobreprecio a los llamados bachaqueros? ¿poner a los niños a hacer cola para obtener un kilo de harina? O ¿pedir limosna en las calles?
Están en emergencia, es un grito de angustia. Así como la casa Miguel Magone de Ciudad Guayana están todas las casas hogar que se han creado desde iniciativas privadas como la Iglesia Católica, diversas congregaciones religiosas, fundaciones preocupadas por niños en situación de abandono, incluso de empresarios conscientes de su responsabilidad social, en fin, solo por existir deberían gozar de todo el apoyo de la sociedad y del Estado, puesto que es deber de este garantizar atención a esta población.
Conviene recordar que Convención Internacional sobre Derechos del Niño, en su Art. 3 #2, dice que “los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar”. No está de más recordar también que la Lopnna, en su Art. 30, reza que “Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nivel de vida adecuado que asegure su desarrollo integral”, en este mismo artículo en el literal “a”, habla de la “alimentación nutritiva y balanceada, en calidad y en cantidad”.
Según datos oficiales, de la Defensoría del Pueblo, hay en Venezuela alrededor de 5.000 niños, niñas y adolescentes en instituciones, no necesariamente por tener problema con la ley, esa es solo una categoría, tenemos todos los casos antes mencionados, huérfanos, hijos de madres que están privadas de libertad, entre otros. El 80% de estas entidades son de iniciativa privada. Es cierto que estas instituciones nunca la han tenido fácil. Muchas nacieron con apoyo de lo que popularmente llamamos “la caridad pública”, el problema es que hoy, con la situación de escasez, con la inflación que se come cualquier presupuesto en el menor tiempo posible, con aportes del gobierno, insuficientes y a veces inexistentes, estas casas hogar ya no saben cómo sobrevivir. Algunas han cerrado y otras están a punto de cerrar. ¿A dónde van a ir esos muchachos? Solo la Red de Casas Don Bosco, a la cual pertenece la casa Miguel Magone, tiene más de 250 internos repartidos en varias ciudades. Su contribución a la atención a esa población no se puede cuantificar.
En la reunión de unas cuantas de esas entidades de atención, realizada hace unos días, los responsables insistían que ellos no están buscando limosnas, ni regalos, lo que aspiran es que, en estos momentos de aguda escasez de alimentos y medicamentos así como de inflación creciente, el gobierno les facilite el acceso a esos alimentos, que autoricen que pueden comprar sin pasarse el día haciendo cola, que puedan comprar según sus necesidades –por mayor sin ser bodegueros-¿será mucho pedir?
Los niños están pagando la cuenta de las malas políticas e incluso de la ausencia de políticas públicas que permitan garantizar atención a estos muchachos. No se cansa uno de recordar que según nuestra constitución y según la LOPNNA los niños son prioridad absoluta (Art. 78 dela CRVB y 7 de la LOPNNA), lo cual supone obligación del Estado en la elaboración y ejecución de políticas públicas – no operativos sino metas a corto, mediano y largo plazo, formación de personal, monitoreo – así como en la asignación de recursos.
El año pasado, junio-julio, en reuniones de la Defensoría del Pueblo con miembros de la REDHNNA (Red de Defensa de los DDHH de Niños Niñas y Adolescentes) se trató el asunto y el Defensor habló de un convenio con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Por lo que sabemos, no ha ido más allá del diagnóstico. Cumpliría con su deber la Defensoría si acelera los pasos para hacer realidad dicho convenio.
Este no es un problema que puede esperar respuestas a largo plazo. Esos niños, niñas y adolescentes bajo la responsabilidad de entidades y programas de atención necesitan alimentos y medicamentos ya. Es un tema que debe estar fuera de la diatriba política que nos polariza.
La REDHNNA, de la cual Fe y Alegría forma parte y en la que hacen vida varias de esas organizaciones, quiere llamar la atención sobre esta situación. Los niños no pueden pagar esta cuenta.
