Andrés Cañizález*
Venezuela parece reducida a falsos dilemas, como si la complejidad de la vida social, política y económica pudiera ser reducida a solo dos opciones. El chavismo en su mejor momento cultivó una política dicotómica en Venezuela, colocando una suerte de camisa de fuerza a la discusión pública de la cual no siempre era posible zafarse.
Esta especie de telón de fondo para la discusión pública no impidió que en agosto de 2010 la revista SIC, en un frontal editorial llamara a constituir “Una alternativa para Venezuela”. Era un momento delicado, como tantos que se han vivido en Venezuela desde 1999, ya que a contrapelo de lo que dictaba la Carta Magna, el gobierno de Hugo Chávez impulsaba aceleradamente el llamado “Estado comunal” ya que era obvio que no obtendría una mayoría calificada en las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010, como de hecho sucedió.
“Lo llamamos alternativa porque estamos convencidos de que Venezuela no tiene marcha atrás: ni se puede volver al pasado, ni aceptar el presente, como si todo el problema consistiera solo en salir del actual presidente”, sostenía el editorial en agosto de 2010.
La revista SIC recordaba que históricamente había apoyado las iniciativas sociales del presidente Hugo Chávez, así como el cuestionamiento presidencial al “fundamentalismo del mercado”. Sin embargo, esta publicación confrontaba abiertamente con el modelo de iniciativas de organizaciones sociales y comunitarias impulsadas desde el Estado y cooptadas por el poder político.
Discrepamos frontalmente en el modo como pretende llevarlo a cabo, es decir, a través del Estado como único sujeto social que secuestra la subjetividad de todos. Creemos que poner en el centro a las clases populares significa estimular su condición de sujetos (…) El Estado está para la gente y no la gente para el Estado. Ello significa, en primer lugar, que la gente tiene que controlar al Estado, lo cual implica la multiplicidad, la independencia y el balance de poderes, además de una genuina representación y de la participación, sobre todo a nivel municipal.
En un artículo de ese número de SIC, correspondiente a agosto de 2010, el economista Ronald Balza Guanipa alertaba ya en el título de su texto lo que en el fondo significarían las llamadas comunas: “Menos poder para la gente”.
Balza Guanipa observaba con preocupación cómo las leyes que se debatían entonces, en el marco de la construcción del Estado comunal, se evidenciaban serias contradicciones entre los textos legales y la Constitución bolivariana de 1999. Por ejemplo, la Ley de Comunas (aprobada en 2010) restringía la creación de las comunas –como espacio de participación popular– a que persiga “un enfoque social, político, económico y cultural para la construcción del Modelo Productivo Socialista”, igualmente solo reconocía consejos comunales si su finalidad pasa por “establecer la base sociopolítica del socialismo”.
Volvamos al editorial de SIC de agosto de 2010. La revista sostenía que el modelo en Venezuela, inspirándose en la Constitución, debía ser una “democracia social de mercado”, que tuviera como centro al sujeto, a los ciudadanos, “considerados tanto individualmente como organizados”.
La democracia social no puede abstraerse de la realidad concreta y por eso discrimina positivamente al pueblo. Esto implica dos cosas: un Estado que le dé servicios de educación, salud, seguridad y vialidad a la altura del tiempo, desde nuestro ser venezolano y latinoamericano, y un Estado que promueva sus organizaciones de base, sin pretender cooptarlas.
En relación con el papel del mercado, el editorial sostenía que “el Estado reconocerá la propiedad privada, incluida la de los medios de producción, y cuidará que se respete; a la vez que velará escrupulosamente porque el mercado sea en verdad libre, persiguiendo todo tipo de roscas, oligopolios y monopolios y velando porque la competencia sea leal”. Todo lo dicho en aquel editorial sigue siendo absolutamente necesario para Venezuela.
*Miembro del Consejo de Redacción de SIC
