Por Adrian Gallagher
La Responsabilidad de Proteger (RtoP, por sus siglas en inglés) fue aprobada por unanimidad por los estados miembros de las Naciones Unidas en su Cumbre Mundial de 2005. El acuerdo busca proteger a las personas de todo el mundo de cuatro crímenes: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y limpieza étnica.
Invocando la Responsabilidad de Proteger en Venezuela
En septiembre de 2018, Perú, Paraguay, Chile, Argentina y Canadá solicitaron que la Corte Penal Internacional (CPI) investigara los presuntos delitos del régimen de Maduro en Venezuela para determinar si constituyen crímenes de lesa humanidad, como se definen en el artículo VII del Estatuto de Roma. Como resultado, figuras políticas prominentes invocaron el principio de la RtoP. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, declaró:
“Debemos actuar de acuerdo con el derecho internacional público – incluida la Responsabilidad de Proteger, establecida como compromiso de la ONU en 2005 para prevenir el genocidio – el derecho penal internacional y las normas internacionales que resguardan la democracia y nuestros derechos y libertades.”
En fechas recientes, la RtoP ha resurgido en la batalla por la legitimidad en Venezuela.
A finales de enero de 2019, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declaró a sí mismo presidente interino de Venezuela, una decisión reconocida por 50 países (incluido Estados Unidos), pero rechazada con vehemencia por Rusia con el argumento de “interferencia flagrante”.
A finales de febrero, cuando Guaidó organizó el traslado de ayuda estadounidense a Venezuela a través de Colombia, Brasil y el Caribe, el secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció la medida como un “pretexto hipócrita de ayuda humanitaria”, diseñado para facilitar el cambio de régimen.
Poco después Alfred de Zayas, quien fungió como experto independiente de las Naciones Unidas sobre la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Justo, tuiteó:
“La ‘doctrina’ de la Responsabilidad de Proteger no es más que un pretexto para la agresión militar que permanece prohibida y considerada un crimen según el estatuto de la CPI, porque la Responsabilidad de Proteger no puede reemplazar la Carta de las Naciones Unidas y una resolución pertinente del Consejo de Seguridad. Sin embargo, los medios aún diseminan la ‘falsa legalidad’ de la Responsabilidad de Proteger.”
Malinterpretación de la Responsabilidad de Proteger
Esta declaración es uno de tantos ejemplos de figuras políticas de alto perfil que malinterpretan la RtoP. La afirmación se basa en tres supuestos inexactos que crean barreras para comprender cómo aplicar el principio en una crisis real, como la de Venezuela en la actualidad.
Primero, la RtoP no permite la agresión militar, como lo establece la CPI. De hecho, es una barrera para evitarla. El principio permite que los estados consideren todas las medidas coercitivas y no coercitivas de los capítulos VI, VII y VIII de la Carta de las Naciones Unidas, cuando un gobierno está “fallando de manera manifiesta” en la protección de su población de los cuatro crímenes mencionados. Aunque esto incluye el uso de la fuerza, cualquier acción debe ser autorizada por el Consejo de Seguridad de la ONU. En otras palabras, cualquier uso de la fuerza liderado por Estados Unidos sin el consentimiento del Consejo de Seguridad no puede llevarse a cabo sobre la base de la RtoP.
Segundo, la RtoP no pretende reemplazar la Carta de las Naciones Unidas. Más bien, se forjó dentro del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Es una respuesta de la ONU al problema de las atrocidades masivas y requiere la autorización de su Consejo de Seguridad, como se señaló. Es erróneo sugerir que la RtoP se propone sustituir la Carta de las Naciones Unidas.
Tercero, no se debe considerar que la RtoP tiene credenciales legales “falsas”. Es cierto que no creó ninguna obligación legalmente vinculante en el derecho internacional, pero esto no significa que sea legalmente nula. La RtoP es un compromiso político y moral basado en acuerdos legales internacionales preexistentes como la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 y el Estatuto de Roma de 1998, mismo que describe las obligaciones legales relacionadas con el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra.
Si todo esto es correcto, ¿por qué personalidades importantes hablan de la RtoP de una manera tan tóxica? La respuesta, en gran medida, se relaciona con su uso en Libia, en 2011.
Ahí, el Consejo de Seguridad de la ONU invocó la RtoP en respuesta a la amenaza de violencia masiva del régimen del coronel Gadafi. El intento posterior de cambio de régimen, liderado por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, provocó descontento, pues muchos estados (incluidos Rusia, China y Sudáfrica) consideraron que habían sido engañados.
El vacío de poder y la guerra civil que siguieron convirtieron los crímenes de lesa humanidad en algo cotidiano en Libia, precisamente lo que la intervención intentaba prevenir. Este fracaso en Libia ha tenido consecuencias graves. En particular, los mismos tres países que expresaron su indignación por la forma en que se aplicó la RtoP en Libia (Rusia, China y Sudáfrica) votaron en contra de la reciente propuesta de Estados Unidos acerca de una resolución del Consejo de Seguridad sobre Venezuela.
¿Aplica la Responsabilidad de Proteger en Venezuela?
Esto plantea la cuestión de si es correcto o no hablar de la RtoP en relación con Venezuela. Como se señaló, el Consejo de Seguridad de la ONU puede discutir medidas coercitivas y no coercitivas mencionadas en los capítulos VI, VII y VIII de la Carta de la ONU. Esto nos permite aclarar lo que la RtoP dice y lo que no.
Por ejemplo, la RtoP no menciona nada sobre la promoción de la democracia y no debe utilizarse como un vehículo para promover alguna acción en este sentido. En esencia, la RtoP trata sobre la protección humana de los crímenes más atroces en las relaciones internacionales y esto no debe olvidarse.
En consecuencia, la comunidad internacional debe utilizar los canales diplomáticos para instar al gobierno de Maduro a cumplir su RtoP nacional. Si, como ya sucedió una vez, se hacen esfuerzos para trasladar la ayuda humanitaria a Venezuela a pesar de los bloqueos del gobierno, también es vital que Maduro evite que las fuerzas armadas cometan actos de violencia masiva contra los no combatientes.
Entre tanto, el Consejo de Seguridad de la ONU podría autorizar el establecimiento de una Comisión de Investigación para determinar si se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Cualquier misión de investigación de este tipo ayudaría a determinar si el gobierno en cuestión está “fallando de manera manifiesta”. En este sentido, es importante que quienes defienden la RtoP no sobredimensionen la escala de los delitos cometidos. El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, ha invocado el genocidio de Ruanda como un pretexto para justificar la acción de la RtoP en Venezuela, pero es claro que cualquier analogía de este tipo es errónea, ya que no existe una amenaza latente de genocidio masivo.
En resumen, lo que se necesita es un Consejo de Seguridad que funcione como un sistema de seguridad colectivo para defender y hacer cumplir la RtoP. Lo que no se necesita es la invocación imprecisa del principio como parte de un juego geopolítico que hace poco por ayudar a aquellos para quienes se estableció la RtoP: en concreto, las víctimas de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y de limpieza étnica.
Fuente: The London School of Economics and Political Science
