Arturo Peraza s.j.
El día domingo el Vicepresidente de la República, en lugar de brindar información relevante sobre el homicidio de diez personas en el estado Táchira en lo que aparenta ser un fusilamiento, se dedicó a calificar a estos diez ciudadanos de tal forma que pareciera justificar el acto ocurrido. Así, el problema dejó de ser la muerte de estos seres humanos y pasó a ser las actividades que éstos realizaban en el territorio venezolano, que según Ramón Carrizales era desestabilizar al gobierno. Las declaraciones generan la impresión de que se abandonó la investigación del homicidio a sangre fría y se investiga más bien los posibles delitos en que podrían estar incursos los que fueron asesinados, con el pequeño agravante de que, por lo menos por ahora, a un muerto no se le puede abrir proceso penal.
El hecho de poner el énfasis en la condición de posibles paramilitares de los muertos, genera en los oyentes la sensación de que ellos buscaron ese destino y su muerte aparece como justificada. Es de recordar que con diversas variantes, se ha apelado a este tipo de argumentos en el pasado, como fue el caso del padre Jorge Piñango a quien se le atribuyó la condición de homosexual, y bajo la misma se pretendió veladamente justificar su muerte. De esta manera se evita hablar de la obligación general y universal de brindar seguridad a todas las personas que se encuentran en el territorio, culpando a la víctima de su situación.
Pero más grave aún es que se está usando el argumento del paramilitarismo como excusa para justificar la violencia que ocurre en nuestras barriadas populares. Se ha dicho que nuestro problema de delincuencia viene de parte de los colombianos que se han asentado en Venezuela. Así se está generando cierta xenofobia hacia nacionales de aquel país al atribuirles a ellos la sospecha inicial de ser paramilitares y la de portar con ellos el virus de la violencia social. Esto, en medio de la desesperación por la violencia desbordada, es sembrar vientos que pueden terminar en graves tempestades.
Asumamos lo que nos sucede. La sociedad venezolana está sometida a un grave nivel de violencia que se nos está desbordando. En parte el discurso político colabora en ello, al igual que el complaciente tráfico de armas, la impunidad generalizada, la falta de una policía eficiente, la perdida de funciones de nuestra FAN, la violencia familiar, entre otras. La sociedad está aterrorizada e inerme. El Estado tiene una grave y pesada deuda que no debe escamotear, sino enfrentar y solventar.
