Quienes suben al Ávila por Sabas Nieves o quienes transitan por el lado más Norte de Altamira, cuando la Avenida San Juan Bosco llega a la Décima Transversal, encontrarán una novedad. Sobre un pedestal, la cabeza en bronce de un hombre menudo con grandes anteojos. Es José Ramón Medina, poeta y servidor público venezolano al que la municipalidad de Chacao ha decidido honrar en el vecindario de la que fuera su residencia por décadas.
En un país donde abundan estatuas de reales o presuntos héroes militares, el sereno heroísmo de los civiles, creadores o productores, deportistas o estadistas, trabajadores o empleadores, religiosos o laicos, parece no tener lugar. Al único estado con nombre de civil le fue borrado. En eso Chacao, justo es decirlo, parece una excepción.
Recientemente la alcaldía erigió este monumento a Medina. Veintitrés títulos contienen su obra literaria en poesía y ensayo, Premio Nacional de Literatura en 1959-60, así como artículos de prensa en El Nacional del que fue Director y cuyo Papel Literario dirigió. Editor que empezó como impresor, maestro desde temprano que fue profesor y secretario general en la Universidad Central de Venezuela, su Alma Mater. Intelectual que no se quedó en las ideas y las letras por atreverse a los avatares de la vida cívica, para no ser un cantor que como en la canción de Pablo Milanés un día la historia “lo borre sin la gloria de haber tocado espinas”.
En la justicia, magistrado de la Corte Suprema y Presidente del Consejo de la Judicatura. En el Congreso de la República, Senador. En la diplomacia, Embajador en Grecia. Otras dos responsabilidades, difíciles, exigentes, ejerció con dignidad republicana. Fue Fiscal General de la República entre 1974 y 1979 y Contralor General de 1986 a 1994. Ejercicios sobrios y firmes, sin estridencia ni complacencia, porque la Constitución dota a esos cargos de independencia para que puedan cumplir su tarea de equilibrar, de modo que el poder sea eficaz pero nunca absoluto o ilimitado.
Al Ministerio Público toca velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales, por la buena marcha de la administración de justicia, el ejercicio de la acción penal y hacer efectiva la responsabilidad de los funcionarios, sea civil, penal, administrativa o disciplinaria. A la Contraloría el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes nacionales y las operaciones relativas a éstos.
Ambas funciones cruciales para que el Estado sirva a sus propósitos de bien común, cuya presencia eficiente no hace bulla, pero suya ausencia hace enorme daño, como bien nos consta.
Que este monumento pequeño, oportunamente erigido, sirva hoy para recordarnos que en la democracia próspera y justa que queremos ser, tanto una administración de justicia confiable como una auditoría fiscal rigurosa son piezas indispensables de la institucionalidad pública que la sociedad venezolana necesita.
