Karla Avila Morillo
La violencia y la minería ilegal están íntimamente relacionadas, así se evidencia al sur del estado Bolívar antes y después de las denuncias hechas por el diputado Américo De Grazia, destacando, entre muchos otros sucesos, la masacre de 28 mineros en Tumeremo el mes de marzo del año 2016. Asimismo, la abogada María Virginia Alarcón, coordinadora del Observatorio De Violencia en el estado Bolívar, indica que “los crímenes cada día van ganando más terreno, no solo en cantidad de víctimas sino también en la crueldad y saña de los delitos, registrando casos de cadáveres quemados, desmembrados, fuertemente abaleados y degollamientos”.
Para ratificar su afirmación, según las cifras recopiladas por el OVV, el estado Bolívar posee tres de los diez municipios más violentos del país con las mayores tasas: El Callao con 816 víctimas por cada 100 mil/hab; Roscio (capital Guasipati) con 306 por cada 100 mil/hab; Sifontes (capital Tumeremo) con 274 por cada 100 mil/hab. Aquí se observa que Sifontes ocupa el cuarto lugar, siendo su capital Tumeremo, lugar donde se han conocido durante 2016, 2017 y 2018 diversos casos asociados a mineros y enfrentamientos entre grupos armados en su lucha por el control en la zona.
En un detallado análisis de inSight Crime, explica como las “Masacres de mineros en Venezuela son resultado de la guerra por el oro”, allí exponen cómo se organizan estas mafias, la jerarquía y su nivel de poder.
Desde el punto de vista jurídico, acota el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, que “la Constitución Bolivariana de Venezuela (Art. 120) establece que cualquier proyecto que vaya a generar impacto ambiental debe tener un estudio que garantice su viabilidad, además de una consulta previa y eso no ha ocurrido con ninguno de los proyectos del Arco Minero, ni en general ni en particular, ese solo hecho ha violado la Constitución, bien vale la pena señalar el hecho de que los contratos de interés nacional deben ser aprobados por la Asamblea Nacional, cosa que no ha ocurrido tampoco.
Por lo tanto queda en evidencia dos vicios de inconstitucionalidad gravísimos, adicionalmente hay que decir que la cultura minera genera toda una serie de movimientos o consecuencias sociales, de cambios de estructura en la zona donde se instala, en el caso venezolano no es solo el tema de la explotación que ya en sí misma es grave, no existe minería que no contamine, toda minería contamina, bien sea legal o ilegal, si a eso se agrega que dicha actividad justamente por ser ilícita utiliza los mecanismos más burdos y baratos para ejercer su labor, eso hace que la misma sea de un alto costo, no solo para el medio ambiente sino para los propios obreros”.
Dicho argumento se confirma con los datos proporcionados por ONU Medio Ambiente: “La minería de oro artesanal causa 35% de todas las emisiones de mercurio. Casi 15 millones de trabajadores están expuestos a este peligroso metal”. Vale la pena darle un vistazo también al sitio de internet ejatlas.org para ver cómo afecta, por ejemplo, en el estado Amazonas, específicamente la cabecera del río Ocamo en el parque nacional Parima-Tapirapeco, donde la Fuerza Armada Nacional Bolivariana impulsó varios planes para la erradicación de la minería ilegal en el año 2004 pero luego comenzaron a ir en declive y desatención según lo manifiestan organizaciones de los pueblos indígenas de esa región, quienes también revelan agresiones físicas contra las comunidades, con énfasis en la violencia contra las mujeres, lo cual ha llegado a la muerte de varios de estos pobladores originarios.
Dichas organizaciones indígenas han denunciado la sobre-explotación laboral de los aborígenes, quienes terminan realizando trabajos forzados para los mineros a cambio de una prenda de ropa, comida, algo de oro, mujeres, entre otros. Han denunciado también la violación de las hijas de las comunidades, agresiones y conflictos permanentes de los mineros hacia los indígenas. Esta situación ha mermado la capacidad de movilización de las comunidades por lo que La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha expresado su preocupación ante estos acontecimientos. Así lo documenta Environmental Justice Atlas.
Por otro lado, la Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru explicó en el informe para el Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas (ONU) del año 2016, disponible en su sitio web, que “no cuentan con garantías específicas de protección y atención transversalizadas por la variable étnica, a pesar de la existencia de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, considerada un logro del movimiento feminista aunado a la voluntad política gubernamental, no obstante dicha Ley clasifica a las indígenas como un grupo especialmente vulnerable en su Art. 4, pero entre las circunstancias agravantes (Art. 65) no incluye la procedencia étnica, ni las acciones sexistas motivadas por la discriminación étnica y racial”.
Las ONG indígenas amazónicas, agrupadas bajo la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) han denunciado desde el año 2012 a través de los medios de comunicación la presencia de actores armados no estatales que se auto-identifican como integrantes de las guerrillas de Colombia. La primera denuncia con cobertura mediática fue la relacionada con la presunta masacre de la comunidad de Irotatheri, acaecida en el territorio yanomami, publicado el 29 de Agosto de 2012 en la página web de Aporrea. Luego fue desestimada por el gobierno venezolano, en reportaje de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) el 10 de Septiembre de 2012, en dicho escrito se señala que: Fueron encontrados viviendas con más de seis meses de construcción, vastos cultivos de plátano, sembradíos de yuca, caminos trazados hacía el río y la amabilidad pintada en el rostro de 19 mujeres y 23 hombres, quienes tranquilos respondían: “Estamos finos. Todos estamos comiendo bien, nadie pasó por acá, no pasó nada. Nadie molesta a nadie aquí.”, sin embargo y en contraste con este escrito, La COIAM, junto a ORPIA y todas sus organizaciones afiliadas, elaboraron múltiples comunicados desde el año 2012 y consumaron varias reuniones de alto nivel, del año 2013 al 2015, para denunciar y contribuir junto con el gobierno nacional a erradicar el problema. Trayendo como resultado que, salvo algunas acciones puntuales contra la minería ilegal, la mayoría no perduraron en el tiempo.
Desde las organizaciones de mujeres indígenas amazónicas se ha denunciado la manera cómo afecta a las mujeres, niñas y adolescentes. A propósito de la Segunda Asamblea de Mujeres Indígenas de Autana, disponible para lectura en el blog de la ONG Wanaaleru, pudieron identificar que la presencia de actores armados no estatales en los territorios indígenas ha incidido en el aumento de la vulnerabilidad de las indígenas antes situaciones de violencia física, sexual y psicológica. “Estos grupos armados, auto-identificados como integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), generan malestar entre las mujeres por ser una presencia que no consulta su tránsito por los territorios indígenas y penetra en las comunidades para tratar de realizar pactos y alianzas con las autoridades tradicionales”.
Diversos medios internacionales publican sus perspectivas en relación a la minería ilegal en Venezuela y todos llegan a la misma conclusión: Esta actividad genera problemas sociales y medioambientales, lo que empeora la situación en el sur del país. Así lo señala reportaje de José Gayarre para Deutsche Welle “Venezuela: Minería ilegal bajo el control del sindicato”.
Igualmente, varios audiovisuales que han puesto en riesgo la vida de periodistas que dan el todo por informar. Uno de ellos, La mafia del oro en el estado Bolívar, del programa “Clandestino” para Discovery Latinoamérica, conducido por David Beriain, donde queda en evidencia la pugna entre bandas, sindicatos, mineros, entre otros actores involucrados.
Por otro lado, al sur del estado Bolívar, según argumentos de una testigo, la cual no desea ser identificada, quien trabajó por un tiempo en zona minera de esa región, manifestó que se escuchan casos de prostitución forzada bajo distintos tipos de coacciones psicológicas o abuso de poder de ciertos grupos armados que obligan a algunas mujeres a cometer actos de naturaleza sexual, del mismo modo la esclavitud sexual con fines de explotación mediante privación ilegítima de su libertad. “De eso no se habla mucho pero sí está pasando, hay mujeres que llegan a las minas a cocinar para quienes trabajan allá, pero también se les llama cocineras a las mujeres que se prostituyen. Por ahí traen engañada a más de una que por desesperación, buscan una entrada de dinero, llegan creyendo que van a cocinar y terminan en la prostitución, hasta le pagan con oro a algunas. Estas son otras mafias” indica la declarante.
Increíblemente, algunas de las mujeres que viven en zonas mineras alegan que aquello es un paraíso, que se vive tranquilamente y mejor que en otros lugares, a la mayoría de ellas, les pagan sus servicios con gramas de oro, cada grama equivale 64,79891 miligramos o como dicen en su ámbito laboral: 1 grama es igual a10 puntos de oro. Es muy ilustrativo mencionar que, a la fecha de hoy, julio de 2018, cada grama vale unos 95.000.000 BsF. por transferencia bancaria, en efectivo tiene un costo de 30.000.000 BsF. aproximadamente, estos precios son de áreas cercanas a las minas, mientras que en Ciudad Guayana es más costosa.
Fuente: https://comunikame.blogspot.com/2018/07/mineria-ilegal-cultura-de-la-violencia.html
