Alfredo Infante sj
¿Estamos realmente en un proceso cívico militar o militar-cívico? En principio hay que aclarar que ninguno de los dos modelos es el más apropiado para garantizar un estado de Derechos y para cultivar la cultura democrática. Sin embargo, lo que habría que preguntar es ¿Dónde están los énfasis hoy en Venezuela? ¿Hacia dónde vamos?
¿Existe una alianza cívico militar?
Afirmar que en Venezuela hay dictadura militar sería rayar en lo panfletario y caer en una inconsistencia desde el punto de vista del análisis político. Ahora bien, aunque quien escribe, no está de acuerdo con el modelo cívico-militar, sí conviene alertar que en nuestro país no estamos ante una alianza cívico-militar, como se nos ha querido vender por la vía de la propaganda, este sería, si se quiere, el mal menor. Lo que ocurre realmente es que nos vamos deslizando hacia un modelo militar-cívico, que implica un progresivo control del componente militar sobre la convivencia ciudadana, donde lo cívico queda supeditado a la lógica militar.
Una alianza, y aquí hago uso del imaginario religioso, es en sentido estricto una relación simétrica entre pares que consienten libremente y hacen sinergia en un proyecto común. Difícilmente entre un actor armado y uno no armado puede existir tal simetría. Además, la institución militar por ser un cuerpo, estructurado jerárquicamente y bajo el principio de la obediencia asimétrica, pese a la diversidad interna que pueda existir soterradamente en la misma, se presenta como un sujeto compacto y homogéneo; mientras que lo cívico es de suyo, por su esencia, diversa, flexible, horizontal, participativa, y su unidad sólo puede ser mediada por la palabra y la racionalidad democrática. En una alianza cívico-militar es muy difícil que el factor civil no quede reducido.
Estamos en un escenario Militar-cívico.
Los indicadores dan cuenta de que en la práctica lo que se va instaurando en nuestro país es un régimen militar-cívico, donde la presencia de militares y exmilitares es cada vez más acentuada en cargos públicos y en instituciones que tradicionalmente han sido de vocación civil, como por ejemplo, el cuerpo diplomático. También, es cada vez más recurrente dar respuestas militares a problemas de carácter estructural y de competencia civil.
El Foro por la Vida, coalición de Organizaciones de Derechos humanos, nos pone en alerta ante esta dinámica, y señala cómo ésta tendencia se ha ido expresando en algunas leyes, que en su conjunto, van definiendo un régimen militar-cívico, donde lo cívico es adjetivo, no sustantivo, y se pretende con las mismas vincular orgánicamente la vida civil a la lógica militar. Todo esto implica adoctrinamiento, posicionar un lenguaje, unos modos verticales de actuación y de resolución de conflictos y diferencias, un modo de entender e impartir la justicia, la lógica del enemigo no del adversario, y, por supuesto, unas claras consecuencias en la distribución del presupuesto nacional, donde el gasto militar y de seguridad se coloca por encima, por ejemplo, del presupuesto de salud. Les invito, de la mano del Foro por La Vida, a ver estos indicadores:
<<Ley de registro y alistamiento
En la Gaceta Oficial Nº 40.440 del 25 de junio de 2014 se publicó la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación. Esta ley implica que todas las personas, y empresas pública deben inscribirse en obligatoriamente en el Registro para la Defensa Integral. Además obligan a los órganos y entes, públicos o privados a solicitar la constancia de inscripción en este registro antes de cualquier contratación.
Este registro es inconstitucional, pues ignora lo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en su artículo 134, que establece la posibilidad de prestar un servicio de naturaleza civil para la defensa, preservación y desarrollo del país. Al respecto la Organización de Naciones Unidas ha establecido que un servicio alternativo al servicio militar debe ser de carácter civil, fuera de la esfera militar y no bajo órdenes de las Fuerzas Armadas.
Brigadas: fuerzas de choque
En segundo lugar expresamos nuestra preocupación por la reciente creación de las brigadas denominadas “Fuerzas de Choque”, que según declaraciones del Vicepresidente de la Comisión de Defensa del Parlamento, Néstor León Heredia (PSUV), tendrá como objetivo “combatir planes de desestabilización que perturben el país” y se integrará a otras instancias de gobierno en materia de seguridad ciudadana y control de orden público como el Plan Patria Segura. La “Fuerza Choque” se suma a las recién creadas Brigadas Especiales contra los Grupos Generadores de Violencia (BEGV), los Cuerpos de Combatientes y las Milicias Obreras, Campesinas y Estudiantiles.
Al otorgar funciones de seguridad interna tanto a las Fuerzas Armadas como a los grupos militarizados se desacata el artículo 332 de la CRBV que expresa que los órganos de seguridad ciudadana son de carácter civil y se generan condiciones para potenciales violaciones a los DDHH.
Juicios militares a civiles
Queremos rechazar, asimismo, el uso de instalaciones y tribunales militares para privar de libertad y enjuiciar a civiles detenidos en el contexto de manifestaciones, ignorando el artículo 261 de la Carta Magna, que establece que la competencia de los tribunales militares se limita a delitos de naturaleza militar. Este mecanismo se utiliza no solamente para quienes han participado en manifestaciones: advertimos que existe una línea jurisprudencial en la sala penal del TSJ de enjuiciar a civiles en los tribunales militares por diversos delitos.
Gasto militar
La situación de crisis económica y falta de divisas para facilitar el ingreso de productos esenciales, como las medicinas y los alimentos, debe motivar a que el Estado venezolano revise el dinero destinado al funcionamiento de las Fuerzas Armadas y la compra de armas. Según la Ley de Presupuesto 2014 el Ministerio del Poder Popular para la Defensa fue la quinta institución que más recibió dinero, muy por encima de otras que vigilan la garantía de los derechos sociales como salud, alimentación, vivienda y cultura.
Por otra parte según datos del Instituto de Investigaciones por la Paz de Estocolmo (SIPRI por sus cifras en inglés), Venezuela es el segundo país de la región que más ha gastado en armamento en los últimos años.
Por último deploramos que el presidente de la República y voceros del alto gobierno mantienen un lenguaje de confrontación basado en metáforas y alusiones provenientes del mundo militar. La construcción de canales para el diálogo democrático, el consenso y el entendimiento pasa por el respeto de todos los actores y sectores de la sociedad.
Por ello, el establecimiento de un registro militar debe ser exclusivamente para las personas que opten por prestar el servicio militar y no para la totalidad de las personas naturales o jurídicas del país. Esta decisión, de carácter inconstitucional, tergiversa el derecho a la objeción de conciencia y la prestación de un servicio alternativo. Además, las penas por su incumplimiento niegan los derechos a la educación, trabajo y libre tránsito>>
