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Aunque esta semana el Presidente Juan Manuel Santos volvió a decir que Colombia está dispuesto a apoyar y a solidarizarse con los migrantes venezolanos, en las ciudades, que es donde se están viviendo los efectos de la llegada masiva del vecino país, la realidad contrasta con ese discurso.
Mientras que en las fronteras la nueva población flotante se empezó a convertir en un problema de salud pública, en ciudades céntricas y más pequeñas está iniciando la llegada de extranjeros que demandan alimentos, alojamiento, salud y educación.
Todo sin que exista plata para atenderlos y cuando las cifras de migración están disparadas.
La evolución
Desde mediados de 2015 cuando empezó a acentuarse la crisis en Venezuela, la migración hacia Colombia ha pasado por varias etapas y cada una ha sido más crítica que la anterior.
En líneas generales y luego de que poco más de 2 mil colombianos fueran deportados por el gobierno de Nicolás Maduro en agosto de ese año, la llegada de colombianos, colombo-venezolanos y venezolanos ha ido en aumento.
Si bien al inicio fueron los naturales de este país o los ciudadanos con doble nacionalidad los que más se contabilizaron, desde mediados del año pasado hacia acá se disparó la llegada de venezolanos sin ningún tipo de arraigo con Colombia.
Las cifras son alarmantes
Según datos de Migración Colombia, mientras que a julio el estimado era de 350 mil venezolanos de los cuales 140 mil eran ilegales, a diciembre la cifra creció a 552 mil, de los cuales 374 mil son ilegales. De esos, se estima que al menos 225 mil entraron por trochas (pasos irregulares) al país.
Es decir, además de que el número de venezolanos en Colombia creció en 57 por ciento en solo cinco meses, el de ciudadanos ilegales lo hizo en un 167 por ciento, mientras que el de legales decreció en 11,5 por ciento.
El que se puedan tener esos estimativos es muestra de que los esfuerzos que se han hecho para caracterizar y contabilizar la migración han sido exitosos.
Por ejemplo, hay identificadas tres formas de migrantes: los que entran solo para comprar víveres y se devuelven (se calcula que son alrededor de 37 mil diarios); los que entran con sus papeles en regla y los irregulares. También se sabe qué entran a hacer los que están registrados, cuáles son sus lugares de origen, o si tienen familiares en Colombia.
Sin embargo, más allá de eso, en la práctica el Gobierno no ha establecido una ruta completa para definir qué hacer con los migrantes, cómo atenderlos y cómo financiar el gasto que representa darles salud y educación, en un país donde per sé hay problemas para atender a su propia población vulnerable.
Un problema de salud pública
Aunque desde que inició la crisis fronteriza en Norte de Santander encendieron las alarmas por la potencial llegada masiva de venezolanos a su territorio, a hoy ni en ese departamento, ni en La Guajira, ni en Arauca, principales pasos entre los dos países, hay claridad sobre qué van a hacer para contener los efectos de la migración.
En los tres departamentos, e incluso en Santander, ya la crisis se empezó a desbordar y las autoridades locales señalaron que el problema pasó a ser un tema de salud pública.
Norte es la principal puerta de entrada de la migración venezolana. Se calcula que a través de los tres pasos internaciones (Villa del Rosario, Puerto Santander y el puente San Francisco de Paula) entran el 98 por ciento de los ciudadanos de ese país, y por eso es el que más ha sentido los efectos de ese fenómeno.
Según cifras de la Cancillería reseñadas por La Opinión, el principal diario de Norte de Santander, el 60 por ciento de los venezolanos que entran a ese departamento lo hacen para continuar a otras ciudades, y el 40 por ciento restante se queda en Cúcuta.
En esa ciudad ya hay varios sitios que se han convertido en improvisados refugios de venezolanos.
Uno es el parque Sevilla, ahora conocido como ‘Hotel Caracas’. Solo en él se calcula que están viviendo en la calle al menos 500 personas, y que cada día llegan más debido a que muchos de los que cruzan no tienen dinero para pagar una noche de hotel.
En inmediaciones de Migración, de los puentes fronterizos, de los edificios públicos, están agolpadas las maletas de las familias, incluidos niños, que no tienen ni baño, ni con qué resguardarse cuando llueve.
“Esto es un drama humano, y lo peor es que aquí no hemos pasado del diagnóstico. Llevamos dos años y medio en medio de una crisis migratoria que viene creciendo y todavía no sabemos cómo la vamos a atender”, le dijo a La Silla un alto funcionario de la Gobernación de Norte de Santander, departamento que es la principal puerta de entrada de la migración venezolana. “Esto es un problema de salud pública. Aquí lo que hay es una crisis humanitaria”.
Y además de la crisis humanitaria, se está cocinando una bomba social.
Solo en las dos últimas semanas, desde el Concejo de Cúcuta, en la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, y en la Cámara de Comercio han pedido acciones porque la mano de obra venezolana ha desplazado a la colombiana.
Los controles a las empresas no son suficientes, y los dueños están contratando a indocumentados porque cobran más barato y hacen lo mismo; los cucuteños que vivían del comercio informal ahora tienen tanta competencia en la calle que venden muy poco; y en general, la llegada de venezolanos, quienes venden ropa o productos que en su país son más baratos, tiene en jaque a los empresarios locales.
El Hospital Erasmo Meoz, el principal de la red pública en Norte de Santander, ya ha facturado $10 mil millones en solo atención de urgencias a los extranjeros, y todavía no es claro cuándo el Ministerio de Salud va a girar esa plata para evitar que la crisis de ese centro se siga ahondando.
Precisamente, esta semana el alcalde de Cúcuta, César Rojas, convocó a una reunión a la que asistió desde la Defensoría del Pueblo, la Cancillería y Migración, hasta el delegado de la presidencia Juan Carlos Restrepo; sin embargo, al final, el mensaje fue que les dieran 15 días más para decidir cómo atender a los migrantes.
En La Guajira, la situación es similar. En Riohacha y Maicao hay muchos venezolanos durmiendo en parques, sin baños y sin cómo suplir sus necesidades más básicas. Toda la red hospitalaria entre 2016 y 2017 ha facturado poco más de $6.900 millones en salud a venezolanos.
Además, los indígenas están retornando. De acuerdo a lo que nos contó el antropólogo wayuu y exgobernador de la Guajira, Weilder Guerra, hay muchos wayuu que han vuelto a Colombia porque la mayor parte de cementerios y sitios ancestrales quedan acá.
En Arauca los migrantes están acampando en la ribera del río Arauca, que es el que abastece de agua a la capital, porque no tienen otro lugar hacia dónde dirigirse.
Además, debido a que en algunos casos hay venezolanos que están viéndose involucrados en robos, prostitución, o han sido vistos consumiendo drogas, se están convirtiendo en objetivo militar del ELN. También, según le dijo a La Silla una alta fuente del Ejército, el ELN ha comenzado a reclutar venezolanos como combatientes en sus filas.
La Silla supo que la Defensoría del Pueblo está enviando alertas tempranas sobre el riesgo que corren los venezolanos.
“La violación de derechos fundamentales es flagrante. No se entiende cómo ha podido pasar todo esto y aún no sabemos qué hacer”, aseguró una fuente de la Defensoría de Arauca que pidió la reserva de su nombre por no estar autorizado para darle declaraciones a la prensa.
“Esto que está sucediendo en las zonas de fronteras no es un secreto para Bogotá, pero no han hecho nada y nosotros estamos afrontando la crisis solos”, dijo a La Silla Jaime Marthey, presidente del Concejo de Cúcuta.
En el centro, la crisis empieza a asomarse
Cerca del 60 por ciento de los migrantes salen de las zonas de frontera y pasan a otras ciudades del país, en algunos casos para quedarse y en otros solo de paso para cruzar a Ecuador, Chile o Perú, donde las economías son más poderosas.
Intentamos conocer el reporte discriminado por regiones de habitantes venezolanos, pero en Migración aseguraron que esas cifras no estaban consolidadas aún.
Sin embargo, sí nos reportaron que solo en 2017 se atendieron 24 mil urgencias de venezolanos en todo el país, 20 mil más que en 2016. Las regiones donde más se presentaron casos fue en la Andina, Caribe, La Guajira, y el Oriente. Solo el año pasado, se vincularon 4.537 niños venezolanos al sistema educativo.
Más allá de las fronteras, Bogotá es el mayor punto de recepción de migrantes. Según las cifras oficiales, es allí donde residen 27 mil de los 68 mil venezolanos que pidieron el Permiso Especial de Permanencia para trabajar por dos años en Colombia. Además, es donde se calcula que llegan buena parte de los que cruzan irregularmente para establecerse.
No todos han llegado con las mismas dificultades económicas.
Los que tienen mayores recursos se han concentrado en el barrio Cedritos, al norte de Bogotá, al que ya se le conoce como “Cedrizuela”. Sin embargo, en sectores pobres de Suba, al noroccidente, y en localidades del sur como Bosa y Ciudad Bolívar (donde ya hay un sector conocido como “Ciudad Chávez”) también se han establecido grupos grandes de venezolanos. Incluso en Ciudad Verde, en Soacha, un municipio que históricamente ha recibido población desplazada por el conflicto.
Antioquia es el segundo departamento que más recibe venezolanos formalizados. Según Migración Colombia, 9.582 venezolanos, el 14 por ciento de los beneficiarios de los permisos de permanencia están en ese departamento.
Sin embargo, hay otro tanto que no está contabilizado y que está llegando a Medellín y a los municipios del área metropolitana. La Subsecretaria de Derechos Humanos de Medellín le contó a La Silla que están empezando a formarse asentamientos o colonias de migrantes en los barrios Robledo Aures, Belén, Altavista, Manrique y Llanaditas, en el Noroeste y Nororiente de la ciudad.
“Porque Bogotá, Medellín y Cali ya están saturadas”, según le dijo a La Silla Paisa Fernando Fontal, el director del programa Atención al Migrante y Retornado de la Alcaldía de la capital risaraldense, han comenzado a llegar también al Eje Cafetero, sobre todo a Pereira.
Allí se creó la Asociación de Migrantes y Retornados Colombo Venezolanos, Amcove, que tiene como fin reunir a los migrantes y retornados, proponer proyectos de empresa para ellos y hacer vacas para apoyar económicamente a los recién llegados que necesitan recursos.
Germán Bermúdez, el representante legal de la Asociación, le dijo a La Silla que calcula que en Risaralda hay alrededor de 10 mil venezolanos y retornados. En los municipios a los que están llegando es porque hay oportunidades de empleo. A Pácora se han ido, por ejemplo, porque hay una bonanza de aguacate Haas y hay demanda de mano de obra.
El resto de venezolanos están esparcidos por todo el país viviendo en condiciones difíciles.
La Silla encontró venezolanos durmiendo a la intemperie en parques de Barranquilla y de Bucaramanga (donde además una colonia de la etnia venezolana Yukpa apareció desde hace algunas semanas); en la terminal de Soledad, en el Atlántico, fueron desalojados 300 venezolanos (de los cuales 70 eran menores de edad) que vivían en un parqueadero durante la primera semana del año. En Cali, donde según María José Pizanni, integrante de un colectivo de venezolanos en Cali, hay unos 8 mil venezolanos, se les ve vendiendo los devaluados bolívares (el cambio es de 4 centavos) como recuerdos tanto en el transporte público como en eventos. Un billete lo venden a mil pesos. También hay reportes de jóvenes que estarían integrando estructuras criminales,
Hasta el sur del país también han llegado venezolanos probando suerte.
En Putumayo su llegada comenzó a sentirse sobre todo a mediados del año pasado y se ha venido intensificando.
La mayoría viajan hasta allí con la idea de llegar a Ecuador y conseguir un trabajo que pague en dólares. Aunque es más rápido llegando directamente a Pasto y de ahí a Ipiales, un venezolano que nos pidió no citarlo nos contaba que en la carretera Cali-Pasto son más los controles de Policía y que por eso muchos terminan llegando a Putumayo, por la carretera a Mocoa, porque tiene menos retenes.
En Santiago, un municipio que queda a dos horas de Ipiales, en Nariño, el alcalde Franklin Benavides le contaba a La Silla que venezolanos es lo que hay en su pueblo. De los diez mil habitantes de Santiago, él calcula que 800, casi el diez por ciento de la población, son venezolanos que han llegado entre junio del año pasado hasta hoy.
La razón es curiosa. “En los setentas y ochentas miles de santiagueños se fueron para Venezuela escapando del conflicto armado con las Farc y lo que vemos ahora es cientos de sus familiares regresando”, dijo el alcalde Franklin Benavides a La Silla Sur. “Desde entonces a uno le toca ver escenas muy tristes todos los días. El miedo a que los deporten hace que no vayan a las reuniones que citamos para darles atención”.
En otros departamentos del sur también pasa lo mismo. En Caquetá y Huila desde octubre han llegado personas de ese país porque en ciudades como Florencia es más fácil vivir, de hecho, hay casos de venezolanos que han llegado a vivir a Morelia y Doncello (Caquetá).
En todas las regiones las autoridades le dijeron a La Silla que prácticamente están atados de manos porque no hay recursos para ayudarlos y desde Bogotá no han enviado una directriz específica para atenderlos y evitar que el problema se crezca como en las zonas de frontera.
El fantasma
Lo que más preocupa a las alcaldías y gobernaciones es que éste sigue siendo el inicio de lo que se prevé será una crisis humanitaria mucho peor.
Dos funcionarios que estuvieron en la reunión que esta semana sostuvieron delegados de Presidencia en Cúcuta, le dijeron a La Silla que según la información que tenía la Cancillería, todo está dado para que llegada de venezolanos continúe en aumento.
La incertidumbre sobre las decisiones de Maduro ha demostrado que en cualquier momento el ritmo de los migrantes puede crecer aceleradamente y terminar de desbordar la capacidad de ciudades fronterizas, así como agudizarla en ciudades intermedias.
Por ejemplo, cuando mediados de diciembre Maduro anunció que tenía una “sorpresita” para Colombia, el flujo migratorio se multiplicó por 3 (paso de 30 mil a 90 mil).
Eso sin contar, la xenofobia que se está gestando en ciudades donde la mano de obra venezolana está desplazando a la colombiana, o donde población vulnerable siente que los extranjeros les están quitando subsidios.
Las asociaciones venezolanas están pidiendo que por lo menos construyan albergues de paso y se les ayude con transporte a quienes quieren salir del país.
Según los últimos anuncios de la Cancillería, le van a pedir a la ONU que los asesore en la llegada de migrantes. Mientras concretan el plan de acción para un fenómeno que ya lleva varios años y lo ejecutan, la crisis, principalmente en las fronteras, seguirá empeorando.
Fuente:
http://lasillavacia.com/la-migracion-venezolana-ya-es-una-crisis-humanitaria-64180