Javier Contreras
El tiempo sigue pasando independientemente de la intransigencia del gobierno, de los aciertos y desaciertos de la dirigencia política opositora, de las reacciones y pronunciamientos de la comunidad internacional, y de la incertidumbre de la ciudadanía que se debate entre la exaltación, el temor y la esperanza.
Ya se ha dicho muchas veces que atravesamos una crisis inédita y dolorosa, en la que la pretensión de aferrarse al poder, por el poder mismo, ha sido un elemento catalizador, incluso dinamizante de las distintas etapas de profundización de conflictividad que hemos presenciado y padecido. Con la permanencia en el poder como único fin, Nicolás Maduro y su habitual círculo propusieron, han adelantando, y nada indica lo contrario, están decididos a implementar una asamblea nacional constituyente a partir del 30 de julio.
Como es lógico, la sociedad organizada, acompañada por la MUD, ha manifestado su inconformidad con esta medida arbitraria del Presidente, medida que a todas luces se ha convertido en el gran escollo para cualquier ejercicio de negociación y diálogo nacional, aspiración a la que muchos renuncian, pero terminará imponiéndose si es que, realmente, estamos comprometidos con la transformación del modelo democrático.
Pormenorizar las consecuencias de la instalación de una asamblea constituyente no es la finalidad de este artículo; primero porque se haría muy largo, segundo, porque basta con ver la represión, la impunidad, el descalabro del sistema productivo, la persecución a la disidencia y el colapso económico para saber lo que se hará “norma” a partir de los primeros días de agosto. Lo que sí pretende este artículo es llamar la atención sobre un aspecto puntual: de no detenerse la imposición de la constituyente, ¿qué podemos hacer?
Planteo esta pregunta por considerarla pertinente y, por pertinente que es, no resulta prudente intentar evadirla con frases al estilo de “no pienso en eso, la constituyente no va porque no va”, o “si la constituyente va, se acaba el país”. La primera afirmación es irreflexiva y menosprecia la arbitrariedad y el abuso de poder del que hace gala el gobierno, sistemáticamente. La segunda sentencia es insostenible porque Venezuela no deja de existir el 31 de julio. Vale la pena, entonces, pensar seriamente la estrategia política de los sectores democráticos en un escenario en el que, seguramente, las condiciones serán más adversas y peligrosas de lo que son ahora.
El 30 de julio es un momento bisagra, un antes y un después; pero no puede ser visto como un punto final, un momento último. Comprar esa idea es una vía rápida a la frustración colectiva, vehículo ideal para la peligrosa resignación o la exacerbada violencia, manifestaciones extremas de la desazón y el dolor que se palpa en el país y se agravará con la constituyente.
Saber acompañar y dejarse acompañar en lo que viene será clave para la reconfiguración de acciones, métodos y propósitos. Desmarcarse de la violencia irracional y acuerparnos inteligentemente en torno a la idea de recobrar la legalidad que hoy ha secuestrado el gobierno, es un reto que entraña gran complejidad.
El juego es más largo de lo que algunos quieren creer. Hay que hacer el mayor esfuerzo para no ceder a la presión de quienes en el fragor de la emotividad no pueden ver más allá del aquí y el ahora, y por eso exigen salidas, cambios o soluciones ya y a la fuerza. Como sociedad hemos ganado mucho, también lo ha hecho la dirigencia de la MUD cuando ha pensado y actuado políticamente.
Se entiende el nerviosismo de estas horas, lo comparte la mayoría de los venezolanos, pero debemos tener noción de largo aliento; no como cierto estoicismo criollo, sino como la convicción de que realmente es posible superar la desgracia que hoy vivimos si somos fieles a los mecanismos cívicos, pacíficos y democráticos con los que decimos estar comprometidos.
Recordemos que en la política nunca está dicha la última palabra, razón por la que el “ahora o nunca” no es tan cierto como parece.
(aunque parece no haber tenido eco en algunos sectores)
