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Era lo que faltaba. Kalashnikov Concern, fabricante del fusil AK-47, perteneciente al 51 % al conglomerado estatal ruso Rostec, anunció que en 2017 saldrá al mercado de “juguetes” con un rifle de aire comprimido con apariencia, peso, materiales y ergonomía completamente idénticos a los de sus armas de uso militar.
“Queremos adentrarnos en la industria del juego con un equipo fiable y de alta calidad, como ha sido tradicionalmente el fusil de asalto Kalashnikov”, dijo la directora externa de Comunicaciones, Sofia Ivanova, al explicar una intensa actividad de contactos de la compañía con las principales firmas de juegos online.
La sorprendente noticia se conoce poco después de otra menos sorprendente que explica por qué la fabricación de fusiles Kalashnikov y municiones en Venezuela debía haberse iniciado a finales de 2015, según planificación del viceprimer ministro ruso Dmitry Rogozin, pero ahora está programada para 2019.
La inflación y la corrupción, no forzosamente por ese orden, han carcomido el contrato suscrito al efecto por el entonces jefe de gobierno venezolano, teniente coronel Hugo Rafael Chávez Frías, y la corporación estatal rusa para la venta de armas Rosoboronoexport; a su vez, esta misma debería ocuparse de la construcción civil en terrenos de C.A. Venezolana de Industrias Militares (CAVIM), en Maracay.
Ahora, Rusian Legal Information Agency (RAPSI) da cuenta de una condena judicial de 7 años contra Sergey Popelnyukhov, un ex senador cuya compañía, Stroyinvestengineering Su-848, fue contratada para la construcción de las instalaciones en Venezuela. La Procuradoría General de Rusia acusó a Popelnyukhov de haberse apropiado de 1,14 millardos de rublos (US$ 17,1 millones) de dinero que le fue suministrado a cuenta de Rosoboronoexport por Venezuela que debió haberse empleado en la construcción.
Las demoras en la ejecución del plan llamaron la atención del Federal Security Service (FSB) de Rusia (sucesora de la KGB soviética) y el caso entró en corte en Julio de 2015. Popelnyukhov alegó en su defensa que no pudo ejecutar las obras debido a la situación de precios inflacionarios en Venezuela.
