El 29 de octubre del 2008 se cumplen 20 años del asesinato de 14 pescadores en el Caño Las Coloradas del Estado Apure, un hecho que fue presentado al pueblo venezolano como el saldo de un operativo de inteligencia contra fuerzas irregulares. El equipo de gobierno de la época, encabezado por el Presidente Jaime Lusinchi y los ministros Italo del Valle Alliegro (Defensa) Simón Alberto Consalvi (Interior) y Carlos Croes (Jefe de la Oficina Central de Información), se encargó de organizar una intensa campaña publicitaria para presentar a las víctimas como “guerrilleros colombianos”. La verdad de la denominada Masacre de El Amparo fue conocida por el relato de los dos sobrevivientes: José Augusto Arias y Wollmer Gregorio Pinilla, quienes junto al pueblo de El Amparo, congregaciones religiosas de base, políticos de diferentes tendencias y organizaciones de derechos humanos comenzaron a recorrer un largo trecho en búsqueda de la justicia, un camino que está lejos de haberse finalizado tras dos décadas de los sucesos.
Masacre de El Amparo:20 años de impunidad. from Rodolfo A. Rico on Vimeo.
El caso tuvo que ser presentado en el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, ante la actuación irregular de los tribunales venezolanos en la jurisdicción militar, quienes actuaron para producir impunidad. En enero del año 1995, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dicta la primera sentencia en su historia contra Venezuela, reiterada en una segunda sentencia, en la que se obligaba a Venezuela a la indemnización de los familiares de las víctimas, así como a investigar y sancionar a los responsables. La decisión fue acatada parcialmente con el pago de indemnizaciones en 1997 y un remanente en diciembre del 2005. Sin embargo, el castigo a los autores materiales e intelectuales, a pesar del paso de diferentes gobiernos, no se ha realizado.
A diferencia de otros casos de violaciones a los derechos humanos, en la Masacre de El Amparo sus autores materiales están plenamente identificados. Durante el proceso realizado en la justicia militar se determinó que la operación fue realizada por el Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP), por los siguientes funcionarios: Capitán de Corbeta, Alí Coromoto González; Maestro Técnico de Primera (Ej), Ernesto Morales Gómez; Sargento Técnico de Primera (Ej), Omar Antonio Pérez Hudson; Sargento Mayor de Segunda (Ej), Salvador Ortiz Hernández; Comisario Jefe (DISIP), Andrés Alberto Román Romero; Comisario (DISIP), Maximiliano José Monsalve Planchart; Inspector Jefe (DISIP), Celso José Rincón Fuentes; Inspector Jefe (DISIP), Carlos Alberto Durán Tolosa; Inspector (DISIP), José Ramón Zerpa Poveda; Inspector (DISIP), Luis Alberto Villamizar; Sub Inspector (DISIP), Franklin Gómez Rodríguez; Sub Inspector (DISIP), Omar Gregorio Márquez; Detective (DISIP), Tony Richard Urbina Sojo; Sumariador Jefe III (PTJ) [Policía Técnica Judicial], Gerardo Rugeles Molina; Inspector Jefe (PTJ), Edgar Arturo Mendoza Guanaguey; Sub Comisario (PTJ), Florentino Javier López; Sub Inspector (PTJ), Alfredo José Montero; Agente Principal (PTJ), Daniel Virgilio Gómez; Funcionario Policial (PTJ), Rafael Rodríguez Salazar; y Huber Bayona Ríos (ciudadano colombiano, que prestaba servicios de inteligencia al CEJAP).
No importa el tiempo transcurrido: los delitos graves contra los derechos humanos no prescriben. El Estado venezolano tiene, por obligación constitucional y mandato de la CIDH, la responsabilidad de adelantar las investigaciones, determinar responsabilidades e imponer las sanciones respectivas. Por esta razón, durante el pasado mes de agosto del 2008 los dos sobrevivientes de la masacre, asistidos por Provea y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, se dirigieron a la Fiscalía General de la República para solicitar formalmente la reapertura del caso en los tribunales ordinarios y actúen con la misma voluntad política que se ha procedido en un crimen similar, la Masacre de Yumare.
Hoy, cuando se cumplen 20 años de una de las más conocidas violaciones del derecho a la vida en el país, el castigo a los culpables sigue siendo una obligación y una deuda de los poderes pùblicos. Un humilde pueblo de pescadores en la frontera venezolana, aún espera a que se honre la promesa del gobierno de hacer justicia.
