Minerva Vitti*
Por estos días es difícil no mencionar que el año 2016 cerró con 210 mil casos de malaria. O que en Amazonas ya van dos muertes en lo que va de año. Sin duda, los últimos meses de 2016 y el comienzo de 2017 reportan un incremento de la malaria en el estado Amazonas. A finales de noviembre e inicios de diciembre estuve ahí y son recurrentes fallas en el suministro de medicamentos, el precario control del vector que transmite el parásito que produce la malaria, los problemas que supone abastecer una de las regiones de más difícil acceso y la minería ilegal; que ha sido denunciada en numerosas oportunidades, pero que permanece y se incrementa en varias zonas del estado Amazonas.
El resultado de esta actividad ilegal, además de la malaria, ha sido una evidente destrucción ambiental en zonas como el Parque Nacional Yapacana, y los ríos Orinoco, Atabapo, Guainía, Sipapo – Guayapo, Alto Cuao, Ocamo, Manapiare – Ventuari, Parucito – Majagua, Parú, Asita, Siapa; la contaminación de las aguas por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general.
Las estadísticas de la Dirección de Salud Ambiental de Puerto Ayacucho, indican que en 2016 se contabilizaron 29.100 casos en el estado Amazonas, 20 por ciento más que en 2015. Los coletazos de esta epidemia, que abarca cuatro municipios del estado Amazonas (Atures, Manapiare, Autana y Atabapo), se esparcen hasta Amanaven y Puerto Inírida, dos poblados colombianos. Los enfermos, que en su mayoría trabajan en las minas ilegales de oro de Venezuela, llegan desde esos lugares en busca de tratamiento.
Urgen acciones que puedan romper algunas de las partes de este ciclo de infección para detener la malaria.
*Jefe de redacción de la revista SIC del Centro Gumilla. Miembro de Causa Amerindia Kiwxi.
