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Los venezolanos buscamos funcionarios afamados

Parroquia S. Alberto Hurtado(1)

Por María Gabriela Cuevas

El padre Alfredo Infante y Marino Alvarado, defensores de derechos humanos, han sido demandados penalmente como supuestos difamadores, por haber exigido públicamente que se investigue a todos los funcionarios que pudieran tener responsabilidad en las ejecuciones presuntamente cometidas por funcionarios policiales, entre esos, los gobernadores de los estados por formar parte de las cadenas de mando.

El trabajo de la Fundación Centro Gumilla y de PROVEA, organizaciones responsables del informe Lupa por la Vida, es serio, responsable, respetado por la sociedad, nacional e internacionalmente. Lo que publican tiene suficiente base, coincide con las publicaciones de otros investigadores sobre el tema, recoge testimonios de familiares de víctimas y viene a llenar vacíos de información pública.

Los defensores de derechos humanos no son investigadores policiales; su derecho y deber es la documentación de los casos y la exigencia de que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes.

Cualquiera se pregunta: ¿Cómo se sienten en este momento los familiares de jóvenes asesinados, presuntamente ejecutados por funcionarios policiales, quienes vieron una luz en el trabajo publicado por Lupa por la Vida, que documentó su caso y con ello dio pie a la esperanza de llegar a obtener verdad y justicia?

¿Qué piensan esos familiares, al ver que la máxima autoridad ejecutiva de un estado, en lugar de cumplir con su obligación de solicitar que se inicie una investigación fiscal, para determinar legalmente la verdad de lo ocurrido a sus hijos y exigir responsabilidad a los autores de los delitos de homicidio, prefiere emprender una acusación privada contra los defensores para defender su fama?

¿La manera en que un funcionario público tiene y mantiene buena fama, acaso no depende estrechamente de que cumpla con las obligaciones de su cargo? ¿La buena fama de un Gobernador no depende de que ponga orden en la policía del estado al que sirve?

Las respuestas a estas preguntas dependen de la perspectiva con la que se aborden, la cual varía dependiendo de si se valora el Estado de derecho (y por tanto el principio de la legalidad, la revisión judicial de los actos del Poder Público y los derechos humanos) o si se le considera meras trabas formales al ejercicio del poder arbitrario.

Conforme a las normas jurídicas, las autoridades públicas tienen la obligación de respetar los derechos humanos (abstenerse de violarlos), pero también tienen la obligación de garantizarlos, lo que implica adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las violaciones. También implica que, en los casos en que las violaciones se presentan, la autoridad pública tiene la obligación de investigar, identificar a los responsables y sancionarlos, así como de resarcir y reparar a las víctimas.

La mayoría de la población venezolana exige vivir en el marco de un Estado de derecho en el que las actuaciones de los funcionarios tengan apego a las leyes y respeten los derechos humanos de toda persona y que, en caso contrario, sean juzgadas. La mayoría de la población venezolana apuesta a fortalecer la lucha de los defensores de derechos humanos, aunque ello implique enfrentar a diario el abuso.

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